Primero fueron presidentes, después legisladores, ahora jueces: el Poder Judicial peruano enfrenta un escándalo por comprometedores audios de venta de sentencias y tráfico de influencias que provocó ayer las renuncias de los presidentes de la Corte Suprema y del consejo encargado de designar a los jueces. "Dada la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial, presento mi renuncia irrevocable al cargo", dice en su carta de dimisión la máxima autoridad judicial del Perú, Duberlí Rodríguez, la víctima de mayor rango de este escándalo desatado hace 11 días. También renunció el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, quien asumió el cargo hace apenas tres días, tras la dimisión de su antecesor. "Nos corresponde por dignidad dar un paso al costado", dijo Velásquez, quien es el sexto renunciado del CNM. El séptimo restante renunciaría en las próximas horas.
El presidente Martín Vizcarra, dijo en un acto público que Perú tiene "instituciones que no merecen la confianza de la población" y que el mayor daño fue la indiferencia para combatir la corrupción. El escándalo también golpeó a su gobierno y hace una semana causó la renuncia de su ministro de Justicia, Salvador Heresi, implicado en una conversación con un cuestionado juez supremo en la que coordinaban una reunión para analizar una modificación de una ley contra el crimen organizado. En respuesta, Vizcarra designó a una comisión de siete juristas, encabezada por el ex canciller Allan Wagner, que preparará una propuesta de reforma judicial que el mandatario espera anunciar al país el día de la Independencia, el 28 de julio.
El escándalo desató protestas en varias ciudades del país y a través de las redes sociales se anunciaron otras marchas en un país furioso contra sus jueces y donde 80 por ciento desaprueba el sistema judicial, según encuestas.
El escándalo empezó hace casi dos semanas cuando el portal de investigación IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama difundieron audios que mostraban una compleja y extensa red integrada por magistrados, empresarios, electores, autoridades educativas y legisladores traficando favores, en algunos casos incluso a cambio de dinero. En un país donde cientos de niñas son violadas, el audio que causó más indignación fue el que reproduce una conversación entre el juez supremo César Hinostroza con una persona no identificada sobre un juicio por la violación de una menor. Hinostroza dice: "11 añitos, está desflorada... voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?". Hinostroza, quien ascendió a la Corte Suprema contra todo pronóstico, tiene en su historial al menos tres absoluciones para violadores de niñas, fue abogado de un narcotraficante, es uno de los jueces con mayor patrimonio y está acusado de plagiar su tesis y un libro que hizo pasar como de su autoría. En otro audio un empresario ligado al mayor partido opositor Fuerza Popular (FP), dirigido por Keiko Fujimori, le dice a Hinostroza que "la señora K" de la "fuerza número uno" quiere reunirse con él. Una parlamentaria de Fuerza Popular identificó a "la señora K" como Keiko Fujimori, pero añadió que la cita no se produjo. Hinostroza debía resolver en las próximas semanas si continuaba o no una investigación fiscal por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y su esposo. Los audios también muestran cómo los poderosos electores de autoridades y magistrados colocaban mediante intercambio de favores a jueces o fiscales en zonas claves del país y para eso no dudaban en sacar del camino a postulantes mejor preparados. En algunos casos incluso añadían en sus entrevistas a jueces preguntas sobre cómo preparar platos de comida.
"Diez verdecitos"
La pesquisa empezó en 2017 con escuchas telefónicas a narcos en el Callao, el mayor puerto de Perú desde donde sale la cocaína al mundo. Perú es el segundo productor mundial de cocaína. Para sorpresa de la fiscal del caso las interceptaciones ascendieron hasta los círculos del poder. Gracias a un juez que autorizó las escuchas, la pesquisa pudo seguir hasta que fue descubierta y paralizada hace pocos meses por las autoridades. Los audios difundidos hasta ahora no están ligados al narcotráfico pero sí a intercambios de favores o de dinero que expertos coinciden que en varios casos configurarían delitos de corrupción. El juez de la corte de apelaciones del Callao Walter Ríos está preso desde el domingo. Este magistrado, el único detenido hasta ahora por el escándalo, dice en un audio: "Estoy pensando en 10 verdecitos", aludiendo a un monto de miles de dólares a cambio de nombrar un fiscal. Paralelamente,legisladores exigen que sea acusado constitucionalmente el influyente parlamentario fujimorista Héctor Becerril, mencionado en un audio pidiendo favores políticos impropios. Es difícil que el pedido prospere porque su partido tiene mayoría en el Congreso.
La situación es un "deja vu" de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída del presidente Alberto Fujimori en 2000, la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski en marzo pasado y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del ex gobernante). Junto con Kenji Fujimori fueron suspendidos dos legisladores por tratar de comprar votos para impedir la destitución de Kuczynski. Además de Kuczynski, otros tres ex presidentes peruanos enfrentan investigaciones acusados de recibir aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). "Los audios son la evidencia, a la vista de todos, demostrando que en este país las cosas siguen muy mal hechas, con mucha corrupción que abarca todo el sistema político, todo el sistema institucional", dijo el analista Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.
Escándalo. La sede del consejo encargado de elegir a magistrados.
