Hemos aprendido en la escuela secundaria que el Estado es la organización jurídica de la Nación y el ciudadano común, a través de los impuestos que paga, contribuye al sostén económico de aquél. Sin embargo, poco es lo que se conoce del andamiaje político-administrativo del Estado. Funcionarios designados a través de mecanismos que dejan mucho que desear responden más a quienes propiciaron su nombramiento que a las reales necesidades de la sociedad. Comisarios, funcionarios judiciales, ignotos para la mayoría de los ciudadanos, cumplen sus funciones sin ninguna obligación de exponer o rendir cuenta de sus actos o gestiones ante la ciudadanía quien observa impávida sus actuaciones públicas careciendo de una herramienta legal para pedir su remoción en el cargo. Las audiencias públicas y todas las instancias que permitan el accionar cívico del control de los funcionarios deberían ser conocidas por los ciudadanos.

La designación de los fiscales que investigan los diversos delitos, de los comisarios de las distintas seccionales deberían que ser designados mediante la participación de los vecinos. De esta manera, para mantenerse en el cargo necesitarían acreditar idoneidad, transparencia y honestidad. El control ciudadano es primordial en todos los cargos públicos no electivos. Para los electivos contamos con el sistema electoral que, además de ser mejorado, cada dos o cuatro años nos permite elegir a los candidatos de los distintos partidos políticos.

Alejo Vercesi,
alvecesi@fibertel.com.ar