Alquileres abusivos
He leído el artículo de la página 8 de La Capital del día 12/07/08 donde Giros (Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente) expresa su queja por la suba de los alquileres de las viviendas.

Lunes 21 de Julio de 2008

He leído el artículo de la página 8 de La Capital del día 12/07/08 donde Giros (Grupo Independiente Rosarino Organizado Solidariamente) expresa su queja por la suba de los alquileres de las viviendas. Pero me llama la atención que en estos tiempos de inflación desbocada muestren esa preocupación particularizada sólo en los valores de los alquileres, sin incluir los demás ítems que intervienen en el costo de vida de toda la población, no sólo de los inquilinos. Sería razonable que el Estado nacional acceda a lo que solicitan respecto de un congelamiento de los importes de los alquileres para impedir estos aumentos, pero —para que la ley sea pareja para todos— el Estado provincial debería congelar el valor del impuesto inmobiliario (el gobernador ya avisó que deberá aumentar todos los tributos para poder incrementar los salarios de los docentes), el municipio debería congelar el costo del pasaje de colectivos y de la tasa general de inmuebles (aumentada desmesuradamente hace poco) y Aguas Santafesinas congelar el valor de su tarifa, todo esto por un plazo de 24 meses para viviendas y 36 meses para comercios. Por supuesto y continuando con la ley pareja, otra ley, o la misma, deberá obligar a los supermercadistas a congelar por uno de estos períodos (preferiblemente el mayor) los precios de todos sus productos, actitud que deberá abarcar también a las tiendas, zapaterías, farmacias y demás comercios. Sólo así tendremos inflación cero y lograremos proteger el bolsillo de todos los habitantes, cuyos verdugos no son sólo los dueños de los inmuebles. Será justicia. O no, porque de dictarse estas leyes se producirá una total retracción en la oferta que provocaría un aumento generalizado en todos los precios o sea un resultado inverso al buscado (cuántas veces lo hemos visto, no nos sirve). Conclusión: la función social la deben cumplir los Estados nacionales y provinciales, no los propietarios de inmuebles; si los ingresos de la gente no alcanzan para pagar los alquileres el Estado nacional debería darles un subsidio fácil de tramitar. Eso sí sería justicia.

Hugo V. Alcañiz,

LE 6.031.626