El juez en lo Correccional del Distrito Judicial Nº 6, Alberto Jesús Rizzardi, aseveró que las usurpaciones denunciadas en el último año en Cañada de Gómez "fueron cometidas por personas que manejan el mismo discurso y con idéntico marco ideológico", y añadió que de los nueve casos registrados, siete ya fueron solucionados desde el punto de vista judicial. "Actuamos de la manera más rápida posible porque es una acción que hay que desalentar", dijo el magistrado.
Las declaraciones de Rizzardi fueron pronunciadas en una reunión organizada por el Consejo de Seguridad Ciudadana, cuya temática trató planteos de vecinos respecto de los casos de usurpaciones que ocurren en la ciudad.
El juez dijo que si bien no se puede aseverar que los okupas formen parte de un mismo movimiento, dijo que los usurpadores hicieron mención con iguales conceptos a "supuestos derechos". Y dejó entrever además que esas personas "recibieron algún tipo de asesoramiento legal".
"Quedan dos casos por resolver: uno en calle Maipú que ha sido apelado por ellos en Cámara, y otro caso de un terreno en la zona norte que aún falta la actuación judicial. Los casos sociales fueron derivados a organismos del municipio y del gobierno de la provincia de Santa Fe", informó.
Cosas llamativas. El juez recordó que los primeros casos se registraron en mayo de 2012 cuando desde el municipio se denunció lo aparecido en este diario: la existencia de un grupo de mujeres que estaban generando un movimiento local que hacía inteligencia sobre propiedades desocupadas en el radio urbano.
Lo llamativo de los casos investigados por Rizzardi fue que se trataron de acciones llevadas a cabo por mujeres sin pareja y con hijos. Antes de ocuparlas sabían que los dueños habían fallecido y que "no se pagaban los impuestos". Y aportaron un dato que avala la tarea de averiguar antes de hacer: "En los dos casos no hubo denuncia policial por parte de los herederos", dijeron.
La reunión fue seguida de cerca por las autoridades municipales, en especial la intendenta Stella Clérici, autoridades de la Unidad Regional X, representantes de entidades intermedias, abogados interesados en la temática y vecinos que, meses atrás, denunciaron casos en la ciudad.
En efecto, la usurpación de varios terrenos privados al norte de Cañada de Gómez desnudó un serio problema social vinculado con la falta de viviendas. La irregular situación, fue denunciada por vecinos del lugar, quienes señalaron que "algunos los moradores son de poblaciones vecinas".
Los ocupantes (en total, serían 10 personas) habían montado casas precarias de chapas y maderas. Rizzardi les informó que los casos denunciados por los dueños de los terrenos ya habían sido desalojados el pasado viernes. "Para que sea delito debe haber denuncia de los propietarios", dijo el juez.
Pedido del 911. Por su parte, la intendenta Clérici solicitó a la provincia la implementación del sistema 911 que ya funciona en la ciudad de San Lorenzo, además de una mayor cantidad de móviles policiales y efectivos dedicados a la tarea de prevención.
En referencia a las usurpaciones de terrenos y viviendas, la mandataria se refirió a un decreto del año 2008 que manifiesta la posición del municipio y plantea la necesidad de denunciar cualquier tentativa de usurpación ante autoridades judiciales y policiales.
"Es una declaración de la ciudad que queremos construir, que tiene que ver con que las soluciones habitacionales no pasan por una irregular ocupación sino por un pedido que venimos haciendo por la llegada de planes de vivienda a Cañada. El municipio cedió terrenos para el plan Mi Lote y para la construcción de viviendas a docentes y a empleados públicos. Queremos seguir construyendo una ciudad donde se priorice el trabajo", concluyó.