A un año del crimen estatal contra la vida de Carlos Fuentealba es preciso reflexionar sobre sus causas, sus implicancias y los desafíos que impone este hecho sobre la conciencia colectiva. Este hecho permitió replantear algunas cuestiones vinculadas con el tratamiento del conflicto social; a las prioridades y urgencias de la política educativa y, finalmente, al reconocimiento de aspectos poco difundidos de Fuentealba.
Una primera nota debe ser para el responsable político principal de este homicidio, el entonces gobernador Sobisch que ordenó la represión de la legítima protesta docente en defensa del salario.
La retórica de la inseguridad —que se expresa en la práctica del garrote— representa una larga tradición argentina que pretende resolver la conflictividad social a través del uso bruto de la fuerza. La dictadura —que no inauguró el método pero lo exacerbó a niveles inéditos— continúa a través del ejercicio de estas políticas represivas. Nuestra aspiración de justicia reclama que el lugar que ocupe Sobisch sea el de los tribunales en lugar de aquellos patéticos afiches electorales donde nos ofrecía más bala y más mercado. El repudio generalizado a esta metodología parece haberle puesto un límite social y político innegable.
Una segunda cuestión —aquella por la que luchaba Fuentealba cuando fue asesinado— remite a las asignaturas pendientes de una política (esta sí de carácter nacional) vinculada con la impostergable distribución progresiva del ingreso. Las elegantes manifestaciones de la Sociedad Rural y la conspicua membresía de los estratos medios altos y altos de la población dan cuenta de lo dificultoso de avanzar en mayores niveles de justicia social. El privilegio nunca se rinde sin dar batalla.
Recordamos aquí que la brecha distributiva tiene como indicador fundamental el poder adquisitivo del salario y en este punto los trabajadores de la educación reclaman con todo derecho la recomposición de sus alicaídos haberes. A pesar de la retórica oficial sobre la relevancia de la educación, la distribución de cargas entre provincias y Nación es injusta y desigual: mientras las primeras destinan entre el 25% y el 37% de sus presupuestos respectivos al rubro educación; la Nación obló en 2007 el equivalente al 7,2% del total. Es decir: de cada cien pesos que se destinan a los niveles educativos obligatorios, 89 son aportados por las provincias y apenas 11 por la Nación. La desresponsabilización del Estado nacional no es justificada hoy por una retórica mercantilista pero los hechos hablan más fuerte que mil palabras.
Elecciones vitales
Una tercera cuestión remite no sólo a las circunstancias de la muerte sino a las elecciones vitales que nos lega el propio Carlos Fuentealba. No sólo destacó en su compromiso con la lucha sindical; fue también un maestro en el sentido más profundo del término. Libró, sí, la lucha en la calle, participó de la organización sindical pero hay un aspecto de su práctica que resulta relevante explicitar: su compromiso pedagógico. El testimonio de estudiantes y compañeros de trabajo nos hablan de un trabajador de la educación que sostenía una pedagogía liberadora. Estimulaba la formación de sujetos con autonomía de pensamiento. Y si toda práctica educativa es siempre política, atravesada de valores, él siempre apostó por la formación de hombres y mujeres libres, atentos a su dignidad y a la defensa de los derechos de ciudadanía.
Fuentealba, a partir de su ejemplo, vive en las prácticas transformadoras de tantos docentes que sostienen con su compromiso diario la posibilidad de otra escuela y de otro mundo de igualdad, democracia y emancipación.
(*) Investigador de la UBA y coordinador del área Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Por Matías Petisce
