Consensos que hablan de inclusión

La coordinadora de Educación Especial del Ministerio de Educación nacional, Ana Moyano, señaló a La Capital que cada provincia diseña los modos de enseñanza apropiados para asegurar la integración de los alumnos. La referencia la hizo al ser consultada si existía otra escuela secundaria a nivel nacional con las características de la santafesina.

“En el marco de la ley nacional de educación, las jurisdicciones de nuestro país son autónomas en la generación de dispositivos que mejoren la calidad educativa de los alumnos con discapacidad. Desde el Ministerio nacional se construyen consensos que respetan dichas decisiones en cuanto favorezcan a todo el sistema educativo”, precisó Moyano.

Además recordó que a partir de la nueva normativa aprobada en el 2006, se trabaja entre la Nación y las provincias sobre educación especial y el nivel secundario ahora obligatorio.

"Dentro del marco de la ley nacional de educación, se está trabajando en el área de educación especial y con el resto de los niveles y modalidades para brindar un servicio educativo integral a los adolescentes y jóvenes con discapacidad”.

Este trabajo, agregó, se da “en el marco de la inclusión educativa, aprovechando toda la oferta que brinda el sistema educativo, construyendo redes interinstitucionales junto a las escuelas media, técnicas, de formación profesional, de jóvenes y adultos y escuelas especiales”.

Y al momento de responder en qué ejes se busca hacer hincapié cuando se habla de integración de chicos y jóvenes, desde la nueva situación que implica la obligatoriedad del secundario aseguró que, “como en toda situación de enseñanza y de aprendizaje se hace hincapié en considerar al alumno como sujeto de derecho, promoviendo su autodeterminación y autonomía”.

Qué dice la ley. La educación especial es abordada en la nueva ley de educación nacional en su capítulo VIII. Allí se explica que se trata de “la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades”.

La normativa se rige por el derecho de inclusión educativa y asegura que “brinda atención en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común”. En ese sentido, se indica que tanto la cartera educativa nacional como las provinciales, garantizarán la integración de los alumnos con discapacidades “en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona”.

Para que esto se concrete, en el mismo apartado se señala que las jurisdicciones son las que establecerán “los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr su inclusión desde el nivel inicial”.