Granadero Baigorria. — "Este acuerdo condiciona gravemente las finanzas de lo que resta de mi mandato", indicó en declaraciones a LaCapital el intendente baigorriense Alejandro Ariel Ramos, al cuestionar un convenio de pago "heredado" de la gestión de su antecesor, el también justicialista Daniel Lioy, con la firma inmobiliaria Vanzini.

La actual administración municipal, que ya efectuó otras dos denuncias penales contra el ex intendente Lioy, se opone judicialmente a un dictamen por el que el municipio baigorriense debe pagar a la firma inmobiliaria una suma de 600 mil pesos —y que aumenta hasta cerca del millón de pesos si se suman costas y otros conceptos—, por considerarse damnificada por un cambio de uso del suelo de un predio integrado por galpones ubicados detrás de la actual empresa Agrinar.

El intendente Ramos no se quedó en cuestionar la debilidad del argumento del cambio de uso de suelo como motivo para iniciar una demanda por daños y perjuicios al municipio. Ramos fue más allá y destacó la sospechosa celeridad con la que se firmó el convenio, muy poco tiempo antes de que culminara el mandato de Lioy.

"El convenio de pago se hizo el 8 de noviembre y se homologó por decreto y nunca se notifico al Concejo, no fue imputado a ninguna partida presupuestaria y tampoco cuenta con el patrocinio ni dictamen de ningún abogado y encima se compensa una deuda que la inmobiliaria tenía con el municipio cuando nosotros no podemos hacer compensaciones con otros actores", indicó Ramos, quien consideró además que "esto es un planteo absurdo y está viciado de errores. Vanzini hasta el día de hoy debe al municipio".

El titular del Ejecutivo de Baigorria señaló que el municipio está fuertemente endeudado por la gestión anterior y destacó la fuerte presencia que la empresa Vanzini tuvo en la localidad por los loteos que organiza. Lo que queremos es dejar en claro que esta deuda en particular no tiene ningún fundamento lógico ni se condice con la realidad".

Decreto revocado.La asunción de Ramos fue, a todas luces, complicada. "Apenas asumí, revoqué el decreto de homologación del acuerdo. De todo esto nos enteramos poco antes por algunos empleados de planta que se negaron a firmar. Otra cosa que debimos hacer fue revisar todos los últimos decretos de la gestión anterior, todo en un marco complejo porque entramos al municipio con mucha deuda, con un paro también por deudas a los trabajadores. Apenas asumimos hicimos una auditoría privada. Las otras dos denuncias penales que tenemos contra el intendente anterior son por sobresueldos y aumentos retroactivos, y la otra por una presunta falsificación de instrumentos".

Ramos consideró que "lo que nosotros necesitamos es que la Justicia le dé a esto la trascendencia que realmente tiene y que se sepa que acá se está comprometiendo el futuro financiero de un municipio chico".