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Avanza la investigación sobre un escandaloso convenio en Arteaga

El caso, además de ventilarse en los Tribunales, generó un pedido de Senadores para que la provincia también indague.

Domingo 15 de Octubre de 2017

La Justicia Federal avanza en una investigación para determinar si hubo responsabilidades penales en un convenio con ribetes escandalosos suscripto hace un tiempo entre el Samco de Arteaga y el Pami y que ya quedó sin efecto al haber puesto en riesgo la atención sanitaria de miles de afiliados.

Lo acordado implicaba para el efector público local brindar a más de 2 mil jubilados del pueblo y la vecina localidad de San José de la Esquina la cobertura prestacional que antes recibían de un sanatorio casildense al que la obra social de los jubilados y pensionados nacionales no le habría renovado el contrato para abaratar costos. Sin embargo, luego debió dar marcha atrás al comprobarse que el establecimiento sanitario arteaguense no contaba con equipamiento ni otros recursos necesarios para determinadas prácticas, por lo que derivaba pacientes a otros centros médicos de la región sin reparar en consecuencias.

La apresurada y errónea decisión que luego el Pami rectificó al restituirle a Sanatorio Primordial de Casilda la cápita de afiliados que le había dado de baja después de años, al ser transferida, aparentemente por razones de costo, al Samco de Arteaga, dejó al descubierto irregularidades que ponen bajo sospecha el accionar de funcionarios públicos involucrados en el tema.

Al menos a ello apunta la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello a instancias de una denuncia impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien intervino de oficio al tomar conocimiento de la situación por versiones periodísticas.

Las actuaciones orientadas a esclarecer lo sucedido bajo la presunta figura delictual de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya derivó, entre otros medidas, en el allanamiento del Samco de Arteaga, donde se habría secuestrado documentación de interés para la causa, aunque no trascendieron mayores detalles.

Fuerte repercusión política

El caso no tardó en generar fuerte repercusión política en el ámbito provincial, al punto que el Senado pidió al Ejecutivo santafesino "la urgente investigación" del cuestionado acuerdo, así como evaluar si corresponde la intervención del Samco de Arteaga y la remoción de sus autoridades.

Los legisladores fundamentaron su requerimiento al sostener, entre otros conceptos, que "de comprobarse el delito investigado no sólo se ha dejado sin la cobertura necesaria a más de dos mil beneficiarios, sino que se sospecha que un jubilado recientemente fallecido estaría hoy con vida si hubiera recibido la atención médica necesaria". No obstante cabe señalar que fuentes consultadas por LaCapital indicaron respecto al referido deceso de un afiliado que no habría denuncia por parte de familiares.

Impacto local

A nivel local, el impacto político que causó el caso es mayor aún porque el director del Samco, Julián Scarinchi, forma parte del gobierno comunal que conduce Ariel Protti, un ex arquero de Rosario Central que ya siendo abogado desembarcó, con éxito, en la política, y tras ser reelecto en varias oportunidades, el próximo 22 de octubre irá por un nuevo mandato.

Aunque en el pueblo algunos especulan con que detrás del asunto hay cuestiones políticas para restarle chances electorales al actual mandatario local, lo cierto es que el hecho investigado surgió a causa de un convenio por prestaciones médicas que el centro de salud público de Arteaga "no estaba en condiciones de brindar e igual firmó". Ese es el achaque que retumba en el marco de la investigación judicial que intenta dilucidar si detrás del dudoso acto hubo delito.

Sin capacidad

"¿Cómo se explica que desde Buenos Aires se haya contratado a un efector que no tenía capacidad para atender la demanda de los afiliados y por qué el Samco de Arteaga asumió un compromiso a sabiendas de que no podía dar respuesta?", se preguntó la diputada nacional Alicia Ciciliani, quien fue pionera en denunciar públicamente lo acontecido y ya declaró como testigo en la causa.

La legisladora, además de brindar en su testimonio información sobre el hecho que motivó la investigación, aportó su conocimiento en torno a otras situaciones también reprochables hacia el accionar del Pami en distintas regiones del sur santafesino y el Gran Rosario.

En ese sentido, apuntó fundamentalmente contra la situación que aún padecen los 9 mil afiliados del Pami en Firmat y su zona de influencia desde que el 1º de junio la obra social terminó su relación contractual con un sanatorio de esa ciudad que no aceptó las nuevas condiciones y dejó de prestar servicio.

Tal como dio cuenta LaCapital en reiteradas oportunidades, ello generó un conflicto aún irresuelto que obligó a la provincia a reforzar la atención, fundamentalmente en materia de especialidades médicas en el Hospital de Firmat para hacer frente a las necesidades de los abuelos que, de todas maneras, siguen esperanzados en que Sanatorio Firmat, que ya cerró las negociaciones con el Pami, vuelva al sistema.

"Es increíble que teniendo un sanatorio de primer nivel en nuestra ciudad tengamos que ser trasladados para internación a nosocomios de Venado Tuerto a causa de acciones irresponsables cometidas por el Pami", coincidieron en señalar afiliados consultados por este diario.

Convenio anulado

Ciciliani destacó la importancia que significaron las denuncias públicas de lo sucedido en Arteaga y la posterior intervención de la Justicia Federal al sostener que "gracias a esa movida el Pami anuló el convenio con el Samco y la cápita volvió al Sanatario Primoridal de Casilda. Esto es aleccionador ya que a partir de ahora los Samco se van a tener que cuidar de firmar cualquier cosa al sentirse controlados por el Estado", dijo la diputada, quien admitió su satisfacción de "haber cumplido con la obligación moral como legisladora de denunciar esta situación irregular, independientemente de lo que determine la Justicia en relación a si existió o no delito".

Finalmente, consideró que "el Pami no puede hacer lo que hizo en distintos lugares donde dio de baja a prestadores sin tener un plan B para garantizar cobertura a los jubilados".


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