Uno de los cuatro casildenses imputados con prisión domiciliaria por el misterioso caso de los mellizos desaparecidos, hijos de una mujer de Zavalla, fue beneficiado con salidas laborales para ejercer su profesión de médico. Junto a su esposa, su cuñada y concuñado, está sospechado por el delito de sustracción, ocultamiento y retención de menores, que prevé una pena de 5 a 15 años de cárcel. El profesional presta servicios en el Samco de Villa Mugueta y en la guardia del servicio de emergencias (Ecas) de Casilda, entre otras funciones.
La jueza penal Mariel Minetti tuvo ayer una audiencia a pedido del matrimonio que integran Mariana N. y el médico Luis J., para que se revoque el arresto domiciliario por "falta de elementos probatorios" del delito que se les imputa. En este marco, hizo lugar a las salidas laborales a favor del profesional "para no entorpecer sus actividades profesionales", señala la disposición. Y para garantizar su cumplimiento, ordenó controles "periódicos y sorpresivos" por parte de personal de la UR IV, pese a que las fiscales que llevan adelante la investigación, Marianella Luna y Lorena Aronne, requirieron la afectación de una custodia policial cada vez que el profesional salga a trabajar. "Además de lo indescriptible que significa estar pasando por esta situación sería aún más traumático tener que ir a trabajar y atender a los pacientes con control policial", consideró Minetti.
En la audiencia participaron como oyentes representantes de una organización vinculada a la recuperación de niños robados que coordina la hermana Martha Pelloni. Para hoy está prevista otra entrevista requerida por el otro matrimonio imputado, Andrea N. y Germán S. Si bien no trascendieron detalles, el motivo apuntaría también a pedir que el hombre pueda cumplir con sus obligaciones laborales en una empresa metalúrgica de Casilda.
Los abogados de Mariana N. y Luis J. fundamentaron su requerimiento de revocatoria de la prisión domiciliaria mediante la presentación de una serie de pruebas tendientes a acreditar que sus clientes no se encontraban en Casilda el 13 de julio, día en que habrían nacido los mellizos, según declaró su madre, Liliana Montenegro, quien apuntó a la pareja como partícipe del hecho investigado. Los defensores presentaron documentación que justificaría que del 11 al 16 de julio el matrimonio estuvo en la localidad entrerriana de Federación, a unos 500 kilómetros de Casilda.
Entre los elementos aportados se adjuntaron comprobantes de gastos de combustibles, compras y extracciones de dinero con tarjetas de crédito y débito; intercambios de mensajes de celular, recibo de hospedaje, un listado de profesionales que reemplazaron al médico en su trabajo los días que se ausentó y unos 20 testimonios.
Las fiscales cuestionaron las constancias ya que "estamos en la primera instancia de la investigación y preparación del juicio. Lo importante son los elementos objetivos al momento que se hizo la imputación", enfatizó Aronne, quien opinó que en la audiencia de ayer, la defensa del matrimonio se tendría que haber limitado a presentar argumentos vinculados a la peligrosidad procesal.
Germán Mahieu, uno de los defensores de la pareja, dijo que "mientras de este lado tenemos certezas, la presunta víctima se refugia en dichos contradictorios donde reina el desconcierto y la desazón".
Acusaciones cruzadas
En la denuncia radicada el 18 de julio pasado, la mamá de los mellizos asegura que la despojaron de sus hijos tras dar a luz en una clínica de Casilda, en un consultorio y ante los imputados y otro médico (aún no identificado). Declaró que después fue llevada a la guardia del hospital de Granadero Baigorria, donde la atendió una médica que luego le pidió un remís que la trasladó a su casa en Zavalla.
Un relato muy distinto es el que contó la imputada Andrea N. en la primera audiencia imputativa, en la que reconoció que había convenido la adopción de los mellizos con Montenegro, pero que ésta le comunicó que los bebés murieron y que incluso lo habría publicado en Facebook. Ello fue desmentido por la madre de las criaturas, quien asegura que conoció a la mujer y a su esposo mientras cursaba su quinto mes de embarazo, cuando la pareja se le presentó como integrante de Cáritas. Y niega que le hayan pedido y mucho menos ella ofrecido a sus hijos en adopción.