Asoem: La Justicia dictaminó la inocencia de Medina y Casale en la investigación por estafa

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) descartó la responsabilidad penal de Juan R. Medina y Pablo Casale en la investigación por el delito de estafa. Cabe mencionar que, la indagación penal había sido iniciada tras la denuncia de la FESTRAM en 2021.

Al analizar el caso, la fiscal Rosana Peresin determinó desestimar la denuncia y archivar la investigación ya que no se encontró ninguna prueba sólida que sostenga el supuesto delito por el que habían sido acusados el secretario General y secretario Adjunto de la ASOEM -Santa Fe-; aduciendo la acusación a un conflicto político-sindical.

Las diferencias entre ASOEM y FESTRAM se remontan a la negociación paritaria del año 2018. Al año siguiente, la entidad de segundo grado volvió a ignorar los reclamos del sindicato de base; ocasionando la pérdida de 30 días en la aplicación de la cláusula gatillo. En ese contexto, la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegadxs resolvieron no enviar $2.936.062,04 -correspondientes al período julio-octubre de 2019- como definición política que dejaba manifiesta la disconformidad con la gestión sindical desarrollada por FESTRAM: pérdida de la cláusula gatillo, acuerdos salariales a la baja y la utilización del poder de lxs trabajadorxs en la política partidaria; entre otros aspectos relevantes. Las disidencias en la estrategia de negociación continuaron en 2020 y motivaron la irrevocable renuncia de Juan R. Medina, Orlando Giménez, Pablo Casale y María Luisa Villanueva a sus cargos en la FESTRAM.

Desde entonces, la ASOEM fortaleció la Mesa Paritaria Local como emblema de la política sindical y espacio para exponer, debatir y acordar sobre los intereses tanto de lxs trabajadorxs municipales y comunales como de los Departamentos Ejecutivos de las cinco localidades que componen su jurisdicción.

Una vez conocida la Resolución del Ministerio Público de la Acusación, Juan R. Medina aseveró: “esto refrenda la idea del nuevo sindicalismo que venimos planteando, un sindicalismo del siglo XXI. Nosotros creemos que las instituciones son muy importantes para las sociedades, en tanto y en cuanto garanticen los intereses genuinos de sus representados y representadas. Si se distraen de ese objetivo, puede pasar lo que ocurrió: judicializar la política sindical”.

Y concluyó: “la política sindical se mejora, se consolida y se refrenda con la gente adentro, no afuera; y no a través de acciones que van en detrimento de los intereses de los representados, que intentan instalar mentiras sobre personas que representan a instituciones y que pretenden socavar la fortaleza de nuestra organización sindical”.