El movimiento Bases Federadas repudió la exoneración de la científica Virginia Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y exigió su inmediata reincorporación.

“La ciencia pública no se disciplina, la investigación no se castiga. Desde Bases Federadas expresamos nuestro más enérgico repudio a la resolución 366 del Consejo Directivo del Inta, que dispuso la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio, y exigimos su inmediata revisión, la revocación de la medida y su reincorporación al organismo”, señaló la entidad que agrupa a dirigentes que provienen del complejo federado.

Señalaron como de “extrema gravedad” la decisión, que no solo afecta los derechos de una reconocida investigadora, sino que también compromete “el futuro de la investigación pública, la libertad académica y la capacidad del Estado” para producir conocimiento independiente sobre los problemas que atraviesan nuestra sociedad.

Mensaje intimidatorio

Virginia Aparicio desarrolló durante años investigaciones sobre la presencia y los efectos de los agroquímicos en el suelo, el agua, los alimentos y el organismo humano. Su trabajo abordó una cuestión central para el presente y el futuro de la producción agropecuaria argentina: cómo producir, con qué consecuencias ambientales y sanitarias, y qué responsabilidades tenemos frente a las generaciones futuras.

“No podemos aceptar que una sanción disciplinaria de semejante gravedad se convierta en un mensaje intimidatorio para quienes investigan temas sensibles o cuyos resultados incomodan a determinados intereses económicos”, señalaron desde Bases Federadas.

Recordaron que el Inta es una institución estratégica para el desarrollo nacional y que su misión “no puede reducirse a responder a las necesidades inmediatas de ciertas corporaciones económica, ni subordinarse a los intereses de quienes pretenden establecer qué debe investigarse y qué conocimientos pueden hacerse públicos”.

La verdadera defensa del Inta

“La producción agropecuaria y sociedad, necesita ciencia, investigación y debate”, destacaron. También subrayaron la necesidad de “conocer los efectos de las tecnologías que se utiliza, evaluar sus consecuencias y encontrar alternativas que permitan producir de manera sostenible”. Y enfatizaron: “Negar o desalentar ese debate no defiende al productor: lo priva de información indispensable para tomar mejores decisiones y construir un futuro productivo viable”.

Por el contrario, se mostraron convencidos de que “el verdadero respaldo a los productores agropecuarios consiste en defender un Inta fuerte, autónomo, plural y comprometido con el interés público, no en acompañar decisiones que debiliten su capacidad de investigar”.

Una vieja persecución

La resolución 366 del organismo formalizó la sanción disciplinaria más severa contemplada en el régimen de empleo público nacional. El caso pone punto final, al menos en el plano administrativo, a un proceso que comenzó a fines de 2023 con la apertura de un sumario sobre la ejecución del proyecto Sprint, una investigación financiada por la Unión Europea que generó fuerte repercusión por sus resultados sobre la exposición humana y ambiental a agroquímicos.

El caso adquirió notoriedad pública por el contenido de la investigación. Sprint fue una iniciativa internacional coordinada desde Europa para estudiar la presencia de residuos de plaguicidas en ambientes rurales, alimentos, animales y personas.

La investigación

En Argentina, el trabajo estuvo a cargo de un equipo radicado en Balcarce y contempló la toma de muestras biológicas y ambientales para evaluar distintos niveles de exposición a agroquímicos. Los resultados difundidos por los investigadores mostraron la presencia de diversas sustancias en muestras humanas y ambientales.

La difusión de esos hallazgos ya había generado tensiones entre la investigadora y las autoridades del organismo. En los últimos años, el Inta tomó distancia institucional de la investigación y de la presentación de algunos resultados, mientras que sectores científicos, ambientales y académicos denunciaron que existía una presión política y administrativa sobre el equipo de trabajo.

Durante el trámite del sumario, Aparicio cuestionó la validez del procedimiento y planteó objeciones vinculadas con su derecho de defensa. También denunció un trato que consideró discriminatorio y sostuvo que las decisiones adoptadas durante la ejecución de Sprint formaban parte de un proyecto internacional aprobado institucionalmente.