Soy madre de dos alumnas de un colegio público de esta ciudad. Una cursa 5º año del secundario mientras la más chica lo hace en 6º de primaria. Ambas se encontraban en el sector de alumnos que a nivel nacional el 18 y 19 de octubre iban a ser evaluados en el "Operativo Aprender 2016". Siento que han sido vulnerados los derechos de mis hijas como de todos los niños y adolescentes abarcados. La información que se nos había dado a los padres era que iba a ser anónima, creo que es mentira ya que tenían numeradas las hojas, lo que hace que sean totalmente individualizados. Entre el cuestionario se encontraban preguntas tales como "si tenían ascendencia de pueblos originarios", "si cobran en sus hogares algún plan social", "si tenían Internet o tablets", "los estudios alcanzados por sus padres", "si estaba embarazada", ¡Son menores de edad!. El nuevo Código Civil y Comercial argentino que entró en vigencia el 1/8/2015 tiene como pilar fundamental el interés superior del niño y del adolescente. No dejemos que el gobierno vulnere sus derechos.