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Domingo 23 de Noviembre de 2014

Violencia urbana: el horror para conseguir silencio

La ejecución de Norma Bustos hace cuatro días, una vecina de La Tablada que había denunciado a un grupo de traficantes, avisa una vez más sobre la apelación al terror de grupos delictivos como recurso de dominación. A la vez que expone el difícil y riesgoso lugar de las víctimas.

El llamado fue dos domingos atrás y mencionaba a un gaucho tirado en la vereda en una calle de Empalme Graneros, en mitad de la madrugada. El arribo del primer patrullero sirvió para constatar que no era una de las bromas pesadas al 911. Había un hombre vestido como un antiguo peón de campo en Garzón al 1300 bis, tumbado de espaldas, muerto de una puñalada en el abdomen. Cuando llegó, al fiscal de Homicidios le dijeron que la víctima se llamaba Ramón Ojeda, que vivía en esa misma cuadra y mencionaron a unos hombres que habían visto lo ocurrido y que también eran de ahí. El fiscal se encaminó a ellos para preguntar detalles. Estos lo atajaron sin rudeza diciendo que no había nada que decir.

   “No porque no hayamos visto —informó el que se animó a decir algo— sino porque nosotros vamos a seguir acá. Y si encierran al que fue, quedan sus familiares. ¿Usted piensa que no van a venir por nosotros?”

   Sobre el poder disciplinario del miedo, sobre su capacidad de disolución comunitaria, acaso no haya mejor ejemplo que las audiencias del juicio por el triple crimen de Villa Moreno.

Escuchar el martes pasado el testimonio de Juan Andrés Cano fue, en el deformado sentido en que puede decirse esto, percibir el choque corporal que la violencia produce con aquellos que no acatan sus designios. Qué cosa tan distinta a un expediente reposando en la estantería de un juzgado fue la vitalidad de este muchacho, con sus palabras, el peso de afrontar la vida allí. Contando cómo su padre había sido asesinado por Segio “Quemado” Rodríguez, a quien tenía sentado a seis metros. De cómo el “Quemado” había quedado impune porque, pese a haber “un colectivo de testigos”, nadie quiso hablar por los costos que implicaba hacerlo.

   Juan Andrés Cano tuvo una actitud heroica entonces y ahora. Su tremenda valentía consistía en hablar con ojos extraviados, la voz temblorosa y una sonrisa inmotivada, filtraciones corporales de un miedo ingobernable.

En esa desaforada audacia cívica, impulsada por el amor a su papá, se pronunció. Estaba solo cuando volvía de Tribunales y el “Quemado”, que vivía a dos cuadras de su casa, lo esperaba para decirle, según contó en esa audiencia, que si seguía “batiendo la cana” le tocaría el mismo destino que su padre.

Juan Andrés trabajaba en un comercio con la espalda contra la pared esperando todo el tiempo que su vecino irrumpiera a concretar su advertencia. Le quemaron su auto y su casa. El homicidio de su padre está impune.

   Dos días después de este testimonio, dos motociclistas llegaron hasta el quiosco que atendía una mujer de 53 años, Norma Bustos, y desde 50 centímetros la ejecutaron de tres balazos. Norma había llamado a este diario en septiembre de 2008 para decir cómo se vivía a merced de un grupo de traficantes sin freno en La Tablada: “Vengan al barrio, queremos contarles que sólo queremos vivir en paz, pero no podemos más. Tenemos miedo”. Norma le hizo frente a ese pánico para describir las dinámicas grupales que infundían unas personas muy bien identificadas por todos, dado que eran vecinos de siempre.

Cuatro años después a Lucas, hijo de esta mujer, lo mataron a balazos de ametralladora, a treinta metros de su casa. Ella apuntó como homicidas a Milton y José Damario. El primero está preso actualmente como el asesino presunto del “Pájaro” Cantero. También esta captado en escuchas telefónicas profusas como comercializador de drogas en una causa por extorsión ocurrida en la Jefatura de la Unidad Regional II.

   En el asesinato de Norma es contundente el demente mensaje de sus ejecutores reclamando docilidad al terror. ¿Qué medida más ejemplar que fusilar en su negocio a la persona que no sólo sabía lo que pasaba sino que, más decisivo, intentaba modificar algo revelándolo? Si hablar tiende a cambiar un estado de cosas, los que medran con el statu quo frente a la palabra tienen mucho que perder. Por eso nadie habló del gaucho asesinado en Empalme. Por eso nadie se animó a decir qué vinculaba al “Quemado” con el asesinato de Juan Domingo Cano.

Las emociones desempeñan un rol importante en la supervivencia de los individuos. Quien quiere vivir en ciertas condiciones hostiles sabe qué cosas no debe hacer. El miedo dibuja relaciones de poder. Esa cualidad del miedo como mecanismo de dominación suele verse en el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) donde llegan las víctimas. Allí estaba, por ejemplo, Norma Bustos, de manera permanente. Ella recibió asesoramiento tras el homicidio de su hijo y el contacto con ella era semanal. Pero nunca quiso irse de su barrio, medida que de todos modos no puede ser irrestricta. “Es imposible mudar de lugar a cada persona en riesgo, tanto como asignar custodia a todos”, dice con lógica irrefutable un empleado del CAJ. También es irracional poner en cabeza de los damnificados la suerte de una investigación penal lo que, sin embargo, es práctica habitual. Que sea el familiar del atacado el recurso decisivo del éxito de una pesquisa sitúa al dueño de esa voz en la cornisa del abismo.

   El Dispositivo de Intervención sobre Violencia Armada (Disva) de la Municipalidad de Rosario detectó que el 48,8 por ciento de las víctimas de homicidio durante 2013 en Rosario habían tenido un ingreso a efectores de salud por una herida previa. También, según fuentes municipales, que ofensores y víctimas conviven de modo abrumador en un espacio no mayor a diez cuadras. Son indicadores claros que prescriben una pauta de intervención pública que el municipio, muy preliminarmente, empieza a darse.

   Analizando los factores de la abrupta baja de la violencia en la ciudad de Nueva York a partir de 1980, el criminólogo Franklin Zimring concluyó que el declive tenía que ver con la aplicación de formidables recursos a la investigación de calidad por zonas urbanas y planificación posterior para no intervenir a ciegas sino sobre problemáticas y nombres definidos.

El delito y la violencia predominaban entre habitantes de zonas postergadas, con epidemia de adicciones a narcóticos y ausencia de oportunidades económicas. Pero allí, advirtieron los equipos de investigación, había factores humanos conocidos, gestores principales de una violencia circular, con agresores y víctimas vulnerables.

   Ni patrullajes generalizados ni despliegues abrumadores de uniformados: lo que hicieron fue identificar a los núcleos violentos y alternar mediaciones comunitarias con represión legítima sobre los grupos que usaban el miedo como táctica de predominio. Grupos conocidos, como conocía Norma Bustos a las redes de su barrio que la fusilaron hace cuatro días.

   A cinco cuadras de lo de Norma hace dos meses mataron a tiros a Francisco Grondona, un chico de 22 años, en Patricias Argentinas al 4000.

Como autor de ese crimen hay testigos que señalan a Franco G., un chico que ahora tiene 18 años. Este muchacho está declarado autor responsable del asesinato de Jonathan Ezequiel Retamozo, ocurrido el año pasado en pasaje Ibáñez al 400. Y también señalado como ejecutor del crimen de Iván Estrella ocurrido el 23 de diciembre del año pasado.

   Mientras el CAJ colocaba en situación de protección a los testigos que identificaban al autor de los crímenes previos, hay información oficial de que el homicida seguía matando. Por lo que las agencias del mismo Estado actúan de un modo desquiciado.

Al tiempo que se resguardaba a los testigos que señalaban a Franco G, por ejemplo alojándolos en hoteles, este chico producía repeticiones trágicas de conducta, que lo hacen estar señalado por tres asesinatos en 18 meses.

Estas reiteraciones frente a situaciones avisadas descalabran la relación de la comunidad con sus instituciones. A la vez que colman de desánimo a los que desde el mismo Estado o en organizaciones sociales trabajan con las víctimas.

   La trama que anuda violencia y droga se anida en grupos compactos y abigarrados que siempre se conectan en las investigaciones.

Por dar un ejemplo: investigando el crimen de Jonathan Retamozo se encontró en La Tablada la pistola ametralladora con la que mataron a los tres chicos de la Villa Moreno, a 30 cuadras de allí. Y que habría sido usada por el “Quemado” Rodríguez.

   La solución del misterio, le hace decir Borges a un personaje del cuento del rey Abenjacán, es siempre inferior al misterio. Pero en los barrios la premisa se invierte: el misterio en realidad se conoce, quedando como auténtico misterio las investigaciones deficientes o truncas que garantizaron nuevos crímenes. Por ejemplo la del asesinato de Juan Domingo Cano, donde la querella descubrió un pilón de elementos contra el “Quemado” Rodríguez, que no fueron explotados. Hasta que el “Quemado”, así todo lo indica, volvió a matar.

   Investigaciones consecuentes, diagnóstico y seguimiento, foco permanente en los nombres que llegan al sistema penal. Hasta ahora es más fácil decirlo que hacerlo.

“Los mejores resultados se producen en zonas donde trabajan organizaciones sociales y políticas. Ojalá se inundaran de militantes los barrios. Sin ellos no habría la garantía de procesos con perspectiva de resolución como los del triple crimen, o como el caso de Mercedes Delgado en barrio Ludueña, en base al empuje de su hijo Juan en compañía de entidades sociales”, señala una empleada del CAJ.
La organización grupal desaloja ese miedo que penetra a los individuos que se saben a solas con su fragilidad.

   Sólo las políticas públicas pueden, desmantelando las estructuras de dominación del miedo, arrancar a los vulnerables de su perpetuo eclipse. No obligar a ser solitarios héroes a personas como Juan Andrés Cano o Norma Bustos, a los que su forzado aislamiento puede quitarles todo lo que tienen, o costarles todo lo que son.

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