Opinión
Lunes 05 de Septiembre de 2016

Urge detener la hemorragia

Cuando la clase media se enoja. Las recientes y masivas protestas que se han registrado tanto a nivel nacional como local para expresar necesidades insatisfechas dan una profunda señal de alerta a quienes tienen la dura tarea de gobernar.

Quizás los años de kirchnerismo hayan servido para que la clase política aprenda que desconocer o negar los dictados de una realidad que desde el escritorio del despacho puede verse diferente a cómo la ven, sienten y sufren los ciudadanos de a pie, y sobre todo aquellos que transitan por calles de tierra, suele tener un alto costo político, social y económico.

Aunque la lección no aparece aprendida entre quienes pretenden descalificar la Marcha Federal sindicándola como una mera manifestación de partidarios en favor de la ex presidenta. Que sin dudas los hay y no en escaso número. Y porque es de manual que quienes han perdido el poder se declaren disconformes con cuanto consideran que no está bien en la administración que sucedió a la de su preferencia. Eso es estar en la oposición. Y eso, además, para que a nadie se le olvide, es la democracia.

Durante aquellas charlas distendidas de las tardecitas de 1994 (cuando terminaban las extenuantes jornadas de la Convención Constituyente) en el bar del hotel Castelar de la ciudad de Santa Fe, que atesoro en mí memoria, pregunté una vez al expresidente Raúl Alfonsín cómo definía a la democracia. Me dijo que le llevaría la vida ponerse de acuerdo consigo mismo en encontrar una definición ya fuere académica o pragmática para dar un aserto al respecto.

"Sin embargo, se compadeció, hay un indicio que casi nunca me ha fallado. No importa si el gobierno es o se dice de izquierda, de derecha, de centro, o lo que fuere, si su primera reacción cuando la clase media sale a la calle es la descalificación sumada a la negación desoyendo la protesta, entonces no estamos frente a un gobierno verdaderamente democrático". No olvido esas palabras ni ese momento.

El padre de la democracia argentina no aludió entonces a la motivaciones —que suelen ser múltiples y hasta contradictorias y más lo son cuanto más numerosa es la movilización— sino a la actitud del gobernante. Va de suyo que el mero hecho de salir a la calle a gritar una consigna o marchar en silencio no otorga razón ninguna ni legitima per sé causa individual o social.

Un gobierno de gerenciamiento puede que no esté acostumbrado a que le hagan oposición, oposicionismo, trabas y boicots. Pero eso es la política desde mucho antes de que Aristóteles la definiera; Platón la hubiera racionalizado; Maquiavelo, sistematizado, y Weber, modernizado.

No son las razones subalternas las que hacen salir a la calle a la clase media. Solo el dislate en que el presidente Nicolás Maduro ha convertido a la revolución bolivariana puede desconocer que alguna razón legítima puede mover a los venezolanos a salir a las calles en una "dimensión oceánica", tal como calificara el analista argentino Claudio Fantini, para quien el mandatario venezolano ha devenido en un "negador serial".

Desde que el presidente Juan Perón condicionó de modo definitivo al gremialismo argentino —hasta entonces en manos de anarquistas y socialistas— aplicándole su versión local de la Carta del Lavoro mussoliniana través del decreto Nº 23.852/45 conocido como Ley de Asociaciones Profesionales (por lo cual un gremio pasó a ser legal sólo si el gobierno lo reconocía como tal y los condujo a ser la tercera pata del Movimiento por él fundado más tarde llamado "columna vertebral" también por él), los dirigentes sindicales en su inmensa mayoría son peronistas.

El gobierno del presidente Mauricio Macri incurriría en un error fatal si por tal razón no atendiera los mensajes que la Marcha Federal llevó —más allá de las motivaciones opositoras— hasta la puerta la de Casa Rosada.

Haber dicho antes que la clase media se hace sentir cuando sale a la calles no es hacer periodismo elitista. Es asumir que, vapuleada y todo, el ancho de banda en la medición social que tiene la clase media en la Argentina la hace todavía principal protagonista de las grandes decisiones masivas. A las clases populares, ya sea movidas por los condicionamientos de sus necesidades imperiosas o la tentación de las imaginativas ofertas de los cada vez más profesionalizados sistemas clientelares, puede resultar más fácil movilizarlas. Al menos en la teoría. Las nuevas tecnologías están incidiendo en esos aborregamientos de conductas sin que hasta ahora se hayan realizado estudios profundos.

La clase media decide resultados en la Argentina. Que no haya reelección para Cristina Kirchner o que gane Macri. Y su voto suele estar condicionado a su humor coyuntural.

Que el gobernador Miguel Lifschitz, y sus principales funcionarios, se hayan dado cuenta de inmediato que —les gustara o no, los hubiere desacomodado y los hiciera sentir que estaban errando al tarro o no— lo único que no podían hacer era desconocer que había un malhumor social que nada de lo hecho en los ocho meses anteriores había alcanzado a mitigar, fue un acierto.

"Tenemos que replantear todo", dijo el ministro Pablo Farías, un tapado que a la hora de apagar incendios no lo está haciendo tan mal, al parecer.

Bien. Replantearán todo. ¿Eso qué significa?

Máxime porque como es sabido no se descarta que haya otra "Rosario, sangra" que, probablemente, sea más grande aún. Sólo, si se quiere, por la inercia del éxito de la primera. Y porque ya tiene fecha, al igual que (lo que fuera advertido desde esta columna) la primera "Santa Fe, sangra": el jueves próximo. Dentro de tres días.

En Santa Fe, por mera proporcionalidad, la marcha no tendrá la contundencia cuantitativa de la de Rosario pero a diferencia tiene a aquella de antecedente y oficia de consecuencia como se ha encargado de subrayarlo la agencia oficial de noticias Télam, al difundir que "el próximo jueves familiares de víctimas de hechos violentos realizarán una manifestación para pedir seguridad por las calles de la ciudad de Santa Fe, protesta que comenzará en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales santafesinos".

Lo insólito del cable oficial de la agencia que maneja el gobierno nacional es que hace decir a uno de los organizadores, que perdió su padre en un cruento asalto: "Nos preocupa que recién después de la marcha de Rosario se comenzaron a tomar acciones. Hubo repercusión a nivel político y se empezaron a mover. Nos están mostrando que no hay una política definida ni clara; no aciertan con las medidas que se puedan llegar a tomar".

Pero hay un párrafo aún más inquietante que trae el cable de Télam. "La gente ya está cansada, quiere manifestarse, especialmente después de la noticia de la reunión que mantuvo el gobernador Miguel Lifschitz con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich", reproduce en boca de, Andrés Testi, cuyo padre fue asesinado a balazos hace dos años en un asalto que aún permanece impune.

Es la clase media la que lee los diarios, escucha las radios y se interesa por la actualidad política en las redes sociales. La que se dio cuenta de que Lifschitz lo único que consiguió de Bullrich fue un acuerdo para que ninguna de las partes hablara con la prensa.

"El acuerdo condicionado" del que hablara la diputada, Alicia Ciciliani, quien participó del encuentro y al que fuera de Pullaro —que no podría haber faltado— sólo asistieron socialistas, ¿refiere a que el gobierno nacional pidió que se le pague la presencia de gendarmes y un nivel de incidencia de la fuerza que importaba subordinarle la policía provincial? Con Gendarmería respondiendo al gobierno nacional y decidiendo per se las medidas de seguridad, ¿no se parecía eso mucho a una intervención en seguridad pero también política de la provincia?

¿Es por eso que Lifschitz a las pocas horas arengó de inusual modo a la fuerza policial ("les hablo como gobernador pero también como un integrante más de la fuerza, me pongo en su lugar, entiendo sus demandas y su indignación cuando reciben críticas infundadas") y les prometió "no resignar el lugar que le corresponde"?

Sigamos con los interrogantes. Nadie en el gobierno de Lifschitz, ni él mismo, dejan de reconocer que la policía es parte del problema ya sea por sus complicidades con el delito común, la trata o el narcotráfico. Por eso fue a pedir fuerzas nacionales a Buenos Aires, por eso los rosarinos salieron a la calle y se aprestan a hacerlo de nuevo este jueves junto con los santafesinos y por eso, ese mismo día, el gobernador cambió por segunda vez desde que asumió al jefe de policía de la provincia.

Los franceses aconsejaron en los gobiernos peronistas algo muy parecido a lo que hicieran los judíos a los socialistas que gobernaron antes de Lifschitz. Una fuerza armada debe tener horizontalidad de obediencia pero no de mando.

Pese a las versiones, Lifschitz ha decidido mantener a su ministro del área pero se ha puesto él mismo al frente del armado de la política seguridad y sus primeras acciones —esas que la clase media interpretó, y bien, que decidió tomar tras la marcha de Rosario— parecen dar razón a los consejos de los especialistas internacionales. Creará finalmente la policía judicial que no dependerá del jefe de policía provincial, están creando más fiscalías para que investiguen y buscarán que las penas sean (máxime luego del fracaso del sospechosísimo juicio abreviado a la banda de Los Monos) lo más efectivas que se pueda, entre otras decisiones anunciadas en las últimas horas.

Todo indica que los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, irían entre mañana y pasado a Diputados a explicarlas y llevarían consigo un paquete de leyes bajo el brazo para que sea aprobado en trámite sumario.

Hay que cruzar los dedos para que acierten y logren detener la hemorragia.

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