Policiales
Viernes 21 de Octubre de 2016

Uno de los escribanos imputados por la megaestafa fue procesado en otra causa

Eduardo Martín Torres está acusado, en el viejo sistema penal, de defraudar al fisco provincial con el pago de una tasa retributiva.

Eduardo Martín Torres, uno de los tres escribanos acusados en la megacausa por fraude con propiedades malhabidas y cuyo rol, según la Fiscalía de Delitos Económicos, era brindarle apariencia legal a las estafas, fue procesado por la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas por defraudación en perjuicio de la administración pública y falsificación de documento de uso público en una causa del viejo sistema penal.

El expediente en el que está involucrado el escribano Torres se tramitó en el juzgado de Instrucción Nº9 y se inició el 12 de marzo de 2013 a raíz de una denuncia presentada por la Administración Provincial de Impuestos (API) a partir de una deuda que Torres tenía con el organismo recaudador. En su descargo, el profesional sostuvo que había hecho el pago, pero para acreditarlo exhibió un ticket falso, según quedó acreditado en la reconstrucción judicial.

Inspección. Según la denuncia que hizo la representante de la API, Marcela Dufour, en la fecha mencionada el organismo de control de impuestos realizó una inspección en la escribanía de Torres para intimarlo por el pago de la Tasa Retributiva de Servicios correspondiente a la escritura de una hipoteca realizada ante el escribano Carlos Vignoli. También le requirieron que exhibiera el comprobante de pago y entonces el notario presentó, según la resolución judicial, un ticket del Banco de Santa Fe por 31.710,12 pesos. Sin embargo las pericias determinaron poco después que ese ticket había sido confeccionado por el escribano y no emitido por la entidad crediticia. Es decir que presentó un documento falso.

Fue por eso que la Subdirección de Finanzas de la API requirió a la entidad financiera que informara acerca de la veracidad del comprobante y desde el Banco de Santa Fe se señaló que el mismo no había sido emitido por ninguna de las terminales instaladas en las cajas de la entidad y que los números no coincidían con los de control y transacción que usaba el banco. Entonces, las autoridades de la API denunciaron penalmente a Torres por defraudación.

En el contexto de la investigación judicial, una perita contadora oficial verificó que no constaba el pago de la Tasa Retributiva de Servicios perteneciente a la escritura Nº9.999 del 31 de agosto de 2007.

En el juzgado de Instrucción que intervino, Torres negó haber confeccionado el ticket y al declarar alegó que el número 9.999 era un código que usaba la API para pagar sellados de escrituras que se hacen fuera de la provincia, pero deben inscribirse dentro del territorio santafesino. "No conozco cuál es la sucursal 101 del Nuevo Banco de Santa Fe porque los sellados los pago en la sucursal del Colegio de Escribanos, en la sucursal del Registro de la Propiedad o en la sucursal de la API", explicó el profesional.

El notario declaró que "iba al banco (Santa Fe) a realizar los pagos, pero no podía saber si el ticket que le entregaban era verdadero o falso". También dijo que, al no recordar cuál era la escritura, podría haber ocurrido que haya liquidado el impuesto y lo haya mandado a pagar por el escribano de la provincia donde se hizo la misma ya que el escribano Vignoli reside en Capital Federal".

Pero la jueza AlejandraRodenas realizó otra lectura del expediente. En los argumentos de la resolución judicial, la magistrada sostuvo que Torres "es el probable autor del fraude a la administración pública al pretender esquivar el pago de la obligación tributaria y de la falsificación de documentos públicos a raíz de que el sellado bancario adulterado fue presentado pretendiendo usarlo como comprobante ante la autoridad estatal y después de una intimación del organismo".

Detenido. El escribano Torres es uno de los nueve detenidos en la megacausa que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos por, al menos seis casos de fraudes cometidos con la apropiación de inmuebles y su reinserción en el mercado. Por su rol en la organización, uno de los más importantes, la jueza Mónica Lamperti le dictó prisión preventiva por 60 días, es decir hasta el 12 de diciembre próximo.

Según la acusación fiscal, Torres desempeñaba el rol de facilitador inicial de las maniobras de estafa falseando ideológicamente documentos públicos y dándole visos de legalidad insertando la documentación apócrifa en los carriles institucionales. De acuerdo a la imputación, este escribano es quien creaba poderes de compraventa de apariencia legal pero desapoderando a propietarios de bienes que se enteraban fortuitamente de las maniobras o que ya habían fallecido. Lo hizo en seis oportunidades y siempre el apoderado para vender el inmueble que era objeto de la maniobra fue Juan Roberto Aymo, que vendía esas propiedades a los mismos compradores.

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