Iglesia
Sábado 22 de Octubre de 2016

Una jueza se excusó de resolver el desalojo de colonos en Bigand

El pedido es contra una familia que trabaja uno de los campos pertenecientes al fundador del pueblo. Una vieja contienda.

Un nuevo capítulo sumó la puja judicial en torno al pedido de desalojo contra una familia de colonos que desde hace años trabaja uno de los campos que pertenecieron al fundador de la localidad de Bigand. Es que, aunque se esperaba una sentencia sobre el tema en cuestión, la jueza de la causa se excusó de resolver, aunque la medida ya fue apelada por las partes en pugna y ahora la Cámara de Apelaciones de Distrito, con sede en Rosario, deberá definir si queda o no firme lo dispuesto.

De ser ratificada la postura adoptada por la magistrada a cargo del Juzgado de Circuito y Faltas de Distrito Nº 7 de Casilda, Laura Babaya, la definición quedará en manos de otro juzgado o de lo contario no quedará más opción que resolverse en el lugar de origen.

La jueza casildense fundamentó su decisión en razones técnicas a fin de no incurrir en una suerte de "prejuzgamiento" teniendo en cuenta el antecedente de que la Cámara de Apelaciones le revocó al verter opinión sobre la cuestión de fondo una resolución que dictó hace un tiempo, luego de que la familia demandada interpusiera una "excepción de previo y especial pronunciamiento".

En ese entonces la jueza consideró que el caso no encuadraba para hacer lugar a la suspensión del desalojo dentro de la invocada ley provincial Nº 13.334 sobre la posesión de tierras ocupadas por pequeños productores, lo que fue considerada una postura anticipada que derivó en la referida revocatoria.

"Esta magistrada ya ha expuesto argumentos de fondo que se vinculan estrictamente a la cuestión a resolver en la sentencia", resaltó Babaya en su actual resolución para argumentar, entre otras consideraciones, su decisión de excusarse y remitir las actuaciones al juzgado de Cañada de Gómez que es el que corresponde por ley y deberá resolver en caso de quedar firmo lo dispuesto.

FAA, contra el desalojo. La inminente resolución del caso movilizó, como dio cuenta La Capital, a Federación Agraria Argentina (FAA) en contra del desalojo que, al menos hasta ahora, no prosperó. La entidad gremial no sólo mostró su respaldo a la familia Marinucci a través de una fuerte campaña de difusión en las redes sociales, sino que hasta envió a la magistrada interviniente una nota suscripta por su presidente, Omar Príncipe, para manifestar su preocupación por el tema.

Si bien el desenlace de la historia aun continúa abierto, FAA rescató lo sucedido al calificarlo como "una instancia positiva", según se destaca en la publicación que volcó en su página de facebook para resaltar el resultado de su accionar. Y en ese marco destacó el reconocimiento de la familia, que consideró que "mucho tuvo que ver en la decisión de la magistrada el acompañamiento de la FAA, que permitió que el caso llegara a los medios de comunicación y la opinión pública".

Asimismo, sostuvo que "estos campos son nuestra vida, nuestra historia, nuestro arraigo". Y agregó que "acá nosotros vivimos, vemos cómo nuestro trabajo avanza o a veces también es llevado por un temporal o una mala cosecha. Acá pudimos formar nuestras familias, desarrollarnos como personas y lograr la dignidad del trabajo".

El pedido de desalojo fue impulsado por la fundación que administra las tierras que pertenecieron al fundador Bigand y cuya institución fue creada tras el legado que dejó al fallecer a su albacea testamentario su hija y última heredera, María Mercedes Octavia Bigand.

Su mandato fue que el organismo destinase el producido de las tierras a ayudar, fundamentalmente, a instituciones locales, especialmente la Iglesia, la escuela primaria, el Samco y el geriátrico, y otras obras de beneficencia sin afectar la situación de los colonos allí establecidos.

Sin embargo en el pueblo aseguran que la fundación volcó "muy pocos recursos" además de ser cuestionada por haber modificado las cláusulas de los contratos de aparecería que históricamente los colones renovaban cada diez años.

Por ello se realizaron movilizaciones populares que se tradujeron en buenos resultados aunque los plazos se acortaron. No obstante la mayoría de la veintena de colonos llegó a un acuerdo con la Fundación Honorio Bigand y evitó ser desalojado al renovar los contratos por cinco años.

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