La ciudad
Jueves 01 de Diciembre de 2016

Una iniciativa dentro de un paquete de medidas

La emergencia en seguridad en Rosario se declaró la noche del 1º de septiembre en el Concejo Municipal. En aquella ocasión se acordó que su extensión era de 6 meses. La normativa habilitó a la Intendencia a reasignar partidas para acciones vinculadas a la seguridad ciudadana, y también a efectuar contrataciones directas para bienes y servicios relacionados a esta temática. Además, se permitió al Ejecutivo usar el material de las videocámaras para cobrar multas de dos faltas de tránsito graves: el cruce del semáforo en rojo y la circulación a contramano.

Ese paquete de medidas se inscribió dentro de un marco de necesidades sociales angustiantes relacionadas a los hechos de violencia. Y de alguna manera, fue una respuesta política palpable a las impactante marchas que miles de rosarinos realizaron por las calles de la ciudad reclamando seguridad y justicia.

Esa noche se sancionaron más de 30 proyectos. Se acordó reforzar las exigencias y controles a los rubros comerciales potencialmente conflictivos como armerías, locales de ventas de celulares, desarmaderos, talleres mecánicos y espacios vinculados a los espectáculos públicos nocturnos.

También se dio luz verde al uso de las videocámaras para el cobro de multas de tránsito. Pero sólo para dos faltas graves: el cruce del semáforo en rojo y la circulación a contramano.

En ese sentido, para enfrentar las críticas de afán recaudatorio, el oficialismo aceptó que lo recaudado por estas contravenciones se destine a un fondo específico para políticas de seguridad.

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