La ciudad
Viernes 07 de Octubre de 2016

Una chatarrería viola las clausuras y tiene a maltraer a los vecinos

Una chatarrería ubicada en Campbell 950 bis continúa funcionando a pesar de haber sido clausurada por la Municipalidad y hasta denunciada penalmente por el Estado ante el Juzgado de Faltas de la 2º Nominación.

Una chatarrería ubicada en Campbell 950 bis continúa funcionando a pesar de haber sido clausurada por la Municipalidad y hasta denunciada penalmente por el Estado ante el Juzgado de Faltas de la 2º Nominación.

Al menos esa es la respuesta oficial que recibió la concejala Lorena Giménez (Partido Progreso Social), tras un pedido de inspección que había solicitado el actual diputado provincial, Héctor Cavallero, en 2013.

La chatarrería continúa funcionando sin la habilitación pertinente, sin poseer los libros de control que detallen la procedencia de los materiales que allí se comercian y sin cumplirse todo lo legalmente exigible desde el municipio para el rubro pertinente.

La respuesta respuesta del Ejecutivo detalla que en esa dirección "funciona un comercio con el rubro chatarrería, sin permiso de habilitación, bajo la responsabilidad de la Cooperativa de Trabajo El Progreso. Agrega que la misma "fue clausurada en fecha 31 de mayo de 2011, constatando posteriormente desarrollo de actividad comercial violando la clausura impuesta, motivo por el cual se radicó en dos oportunidades (años 2014 y 2016) la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado de Faltas de la 2º Nominación".

La chatarrería fue objeto de numerosos reclamos de los vecinos de la zona durante varios años quienes, en medio de las denuncias, tuvieron que tolerar no sólo la falta de información sobre la situación legal de la misma, sino que incrementara su extensión, invadiendo las veredas y el acceso a las casas vecinas e, incluso, obstruyendo las zanjas del drenaje pluvial, llegando a cortar la calle Campbell, en ocasiones, por largo tiempo.

Pese a las reiteradas acciones y pedidos de inspecciones de los ediles, de los numerosos reclamos de los vecinos que no fueron escuchados, de la clausura formalmente impuesta y de la carencia de las habilitaciones correspondientes, el establecimiento continúa funcionando y comercializando, no sólo a personas individuales, sino también a empresas dedicadas al reciclado de materiales habilitadas por la Municipalidad de Rosario, las cuales, al no estar habilitado este lugar, estarían incurriendo en una severa infracción. En tal sentido, Giménez consideró que "luego de tantos años en los que un establecimiento se encuentra violando la ley, se debe poner fin a esta situación que afecta el día a día de los habitantes de la zona. En medio de la grave realidad que sufre la ciudad en materia de inseguridad, no pueden existir locales que comercialicen mercadería sin poder demostrar fehacientemente el origen de las mismas. Es tarea de los organismos de control municipales y de la Justicia actuar con urgencia ante una situación que afecta la seguridad y convivencia de los ciudadanos", destacó.

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