La ciudad
Lunes 03 de Octubre de 2016

Una causa extensa que ahora se quedó sin juez

La causa por el desalojo de barrio Cullen se tramita en el Juzgado de Circuito de la 5ª Nominación que, hasta fin de agosto, estaba a cargo de Stella Maris Bertune. Pero la magistrada se presentó al concurso para cubrir un cargo en el Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo, por lo cual su cargo en los tribunales locales lleva un mes vacante y, según explicaron fuentes judiciales, aún no se designó a otro funcionario al frente de la causa.

La causa por el desalojo de barrio Cullen se tramita en el Juzgado de Circuito de la 5ª Nominación que, hasta fin de agosto, estaba a cargo de Stella Maris Bertune. Pero la magistrada se presentó al concurso para cubrir un cargo en el Juzgado Civil y Comercial de San Lorenzo, por lo cual su cargo en los tribunales locales lleva un mes vacante y, según explicaron fuentes judiciales, aún no se designó a otro funcionario al frente de la causa.

Los vecinos de Empalme temen que el cambio obligue a "empezar todo de nuevo". Según recuerdan, presentar la propuesta para comprar los terrenos mediante un fideicomiso obligó a meses de reuniones con funcionarios de la provincia y el municipio y los representantes legales de la empresa propietaria de los terrenos. Además de varias asambleas, censos, recolección de firmas.

Y recuerdan que la última de las audiencias se realizó en la escuela del barrio, antes de las vacaciones de invierno.

En esa oportunidad se autorizaron los trabajos de mejoramiento del barrio, técnicamente "obras de emergencia", que ya empezó a concretar la Municipalidad.

Según recuerdan, "fue la primera vez que un juez vino al barrio y que los vecinos, que no sabemos mucho de escribir, pudimos pedir lo que queremos hace mucho, que es sencillamente vivir dignamente".

La causa judicial se inició en 1989 con una demanda de la Compañía de Tierras Santafesinas, reclamando la devolución o el pago mediante expropiación de 12 hectáreas ubicadas sobre el límite norte de Empalme Graneros.

En el medio hubo una orden de desalojo que casi llega a concretarse y los vecinos resistieron cortando la avenida de Circunvalación.

En 2009, el entonces intendente Miguel Lifschitz gestionó la declaración de "interés público" del terreno. Y, al año siguiente, el Concejo Municipal al declaró las tierras sujetas a expropiación, pero la iniciativa nunca llegó a la Legislatura que debe autorizar el proceso.

En 2010, las familias hicieron un primer ofrecimiento para pagar por sus viviendas en función de sus ingresos, pero la propuesta no prosperó.

En noviembre pasado, la jueza Bertune volvió a poner fecha para el desalojo, pero en paralelo movilizó una serie de reuniones entre propietarios, vecinos y funcionarios de la provincia y el municipio. De allí surgió la propuesta de formar un fideicomiso con el aval del Banco Municipal y empezó una nueva discusión por el valor de los terrenos.

A un nuevo juez se le asignará ahora continuar el trámite y encontrar una solución a un largo conflicto.

Comentarios