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Sábado 02 de Abril de 2016

Una carrera que investiga e interviene para activar el derecho a la inclusión

En la formación se analizan las políticas públicas para poder   modificar situaciones sociales que afectan a parte de la comunidad.

“Unos 600 jóvenes cursan en Rosario la licenciatura de trabajo social. La carrera, de cinco años, culmina con la producción de una tesina, como un ejercicio de investigación y una primera finalización de la formación, además de ser una contribución a la investigación de temas o problemas sociales de gran complejidad o al análisis crítico de las prácticas profesionales frente a desafíos contemporáneos”, indica José María Alberdi, director de la escuela que funciona en la Facultad de Ciencia Política de la UNR.

“Valorizamos que la carrera pueda estar en esta facultad porque nuestro desarrollo se realiza en el ámbito de las políticas públicas, sociales y de la seguridad social. Permite aportes interdisciplinarios, con docentes de ciencia política, sociología y comunicación social”, agrega.

Sobre el alumnado, señala que “hay una gran población femenina —y feminista— con un plus de militancia, quienes ya participaban en grupos juveniles, barriales, parroquias, con compromiso social”.

“Modificar la sociedad”. En tanto, Silvina Fernández, del departamento de teorías de la carrera y jefa del servicio de trabajo social del Hospital Vilela, dice que “los alumnos vienen con mucho interés en modificar la sociedad”.

“Soy profesora en las materias Introducción a la práctica profesional 1 y en un taller de tercer año, sobre aprendizaje integrado y acompañamos al proceso de inserción de los estudiantes en los centros de práctica”, indica Fernández. “Una amplia lectura permite  comprender las problemáticas sociales, sus historias, el funcionamiento de la sociedad y por qué se producen estos problemas. Entonces se ven las posibilidades de modificar esas cuestiones complejos y que requieren varias miradas para abordarlos”.

“La escuela hace convenios con instituciones públicas y otras entidades, donde realizan la práctica, que van de 8 a 12 horas, desde tercero a quinto año. Mientras, en clase se abordan aspectos ligados a la institución donde se interviene, acompañado de un tutor”.

El plan de estudio es de 1986, modificado en 1997, “requiere cambiar algunos contenidos e incorporar materias como historia americana, sociología contemporánea, teoría de la política social, entre otras”.

“Las tesinas, en su mayoría apuntan a investigaciones y análisis crítico de políticas sociales, de salud, educación, discapacidad, la asistencia frente a situaciones de violencia familiar y de género, entre otras”, acota.

En tanto, Alberdi resalta que “es central contribuir a la formación de colegas en  la investigación de las políticas sociales, ya que el  colectivo requiere contribuciones para intervenir ante problemas sociales cada vez más críticos”.

“Desde la escuela, un espacio clásico de intervención está en las políticas de infancia, en los programas de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en los Centros de Convivencia Barrial y de acción familiar”, resalta.

Inserción crítica. También, sostiene que “los estudiantes tienen una inserción crítica, no es una tarea de laboratorio o supermercado de prestación de servicios impuestos a la población, de arriba para abajo, sin escuchar los intereses y necesidades de los diferentes segmentos sociales a los que se dirige, de hecho los estudiantes participan de la vida cotidiana de las instituciones no en el sentido de constituirse en mano de obra barata, sino en reconocer la «deuda» de extensión universitaria que le cabe a la universidad pública y al aporte de las instituciones a la formación profesional ”, explica el docente.

Por otra parte, advierte que “la ley de protección integral busca terminar con la reclusión clásica en institutos y hogares. Pero el debate está en cuál nueva institucionalidad hay cuando hacen crisis las protecciones cercanas familiares y comunitarias y se necesitan alternativas de cuidado y acompañamiento que generen condiciones dignas de asistencia”.

“No queremos seguir precarizando y administrando la urgencia, es fundamental el papel de la universidad pública en el estudio y proposición de propuestas alternativas, acortando las distancias con quienes trabajan y que día a día se hacen cargo a veces en las peores condiciones de estos problemas” .
   
Oficio jerarquizado. “Nuestro oficio logra una jerarquización y reconocimiento social como profesión ligada a las políticas públicas y políticas sociales, eso se observa en el pasaje a planta profesional de los colegas en la salud pública provincial y en la sanción de la ley federal de trabajo social (2014)”, afirma el director de la carrera.

También cita como un importante avance “las reformas legislativas progresistas en la ampliación de derechos, la intervención en los debates de políticas públicas y sociales y la intervención activa frente a cuestiones sociales cada vez más complejas.

Salida laboral. Sandra Ripoll, del departamento de práctica, remarca: “Tenemos estudiantes que no terminan su formación porque se insertan en el campo laboral, si bien generalmente en forma precarizada, como en pasantías, programas sociales y acompañamientos, entre otros”. Además, explica que “al llegar el momento de la tesina algunos regresan a sus pueblos y suelen ser contratados allí, y posponen la producción del proyecto y la graduación”.

Alberdi también señala que “alrededor del 85 por ciento de los colega trabajan, no todos con buenas condiciones salariales y el merecido reconocimiento profesional”. Pero, también rescata la solidaridad y el accionar realizado desde el Colegio Profesional del área, el sindicato de trabajadores del Estado (ATE) y de los profesionales de la sanidad (Siprus), para lograr  mejorar esas condiciones laborales”.

“Mi trabajo son tus derechos”

Para Silvina Fernández, del servicio de trabajo social del Hospital Vilela: “La formación tiene una orientación ética, ligada a habilitar procesos que posibiliten hacer efectivos derechos de personas que padecen dificultades y son titulares de sus derechos, pero que no los pueden ejercer”.

Agrega que “estudiantes y colegas actúan con movimientos de defensa de colectivos que sufren la falta de políticas sociales: la niñez, desocupados, jubilados, pueblos originarios, o por cuestiones de género, discapacidad”.

En ese marco, Alberdi resalta: “Se trata de trasladar las prácticas respetuosas de los derechos humanos al ámbito de las políticas sociales”. Y admite que “esa tarea es sumamente “trágica” porque a veces estos servicios se prestan en condiciones de precariedad e inclusive bajo formas de discriminación y violencia institucional hacia los usuarios, o porque para estas comunidades no llegan derechos humanos básicos: vivienda, agua potable, saneamiento básico, cloacas y transporte público, entre otros”.

También señala que “el gran integrador es el trabajo, pero si es flexibilizado, no genera protección social. Para quienes vivieron en su infancia la desocupación en los 90, la alternativa del narcotráfico aparece como una forma de incluirse en un grupo y participar del consumo, pero con una vida corta en redes del narcotráfico”.

Subraya que “se debe valorizar a las entidades que buscan la inclusión a pesar de las pocas herramientas que poseen. Fortalecer las instituciones y organizaciones barriales es una mejor forma de pacificación que militarizar los barrios periféricos. Si la política social se va de los barrios, entran las políticas penales, que se refugian en criminalización. “Mi trabajo son tus derechos”, una consigna de la ATE, indica que sin Estado no hay derechos. Nos enfrentamos nuevamente a quienes quieren devolver el Estado a su función liberal, de Estado gendarme”.

Capacitación y acompañamiento

“En la formación del profesional se tiene en cuenta que deben enfrentarse a complejas realidades de grupos de riesgo. La escuela genera soportes psicosociales y apoyo a los estudiantes, ya que suelen vivir situaciones que pueden produce un desgaste emocional, afectan la subjetividad y llegan a provocar dilemas éticos y situaciones complejas”, indica Alberdi. “Es importante la capacitación, actualización y la supervisión de la actividad. Las cátedras de sociología y psicología social aportan a ese apoyo”.

Para Fernández, “hay situaciones que deben ser trabajadas para preservar una cierta distancia y poder tener respuestas y un acompañamiento  que permitan lograr cambios”.

 

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