Miguel Lifschitz
Domingo 23 de Octubre de 2016

Una batalla con víctimas cada vez más pequeñas

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Laura Capilla, admitió esta semana que el Estado le está disputando familias enteras a las redes delictivas y puso de relieve que la prioridad es incluir, sacar del espiral de violencia a pibes que cada vez con menor edad empiezan a codearse con el delito.

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Laura Capilla, admitió esta semana que el Estado le está disputando familias enteras a las redes delictivas y puso de relieve que la prioridad es incluir, sacar del espiral de violencia a pibes que cada vez con menor edad empiezan a codearse con el delito.

La edición de hoy de La Capital da tan sólo dos indicadores, por cierto estremecedores, que evidencian esta realidad: en el cementerio La Piedad cada vez hay más tumbas de menores de 25 años, y en las esferas estatales se analiza bajar a 12 la edad de los beneficiarios de planes sociales que tienen por objetivo la inclusión.

El diagnóstico es brutal: en Rosario los chicos se están muriendo cuando tendrían que empezar a vivir. En las barriadas los pleitos se dirimen a los tiros. De los 155 homicidios que se contabilizaron en la ciudad en lo que va del año, el 75 por ciento tuvo su origen en problemas interpersonales. Víctima y victimario se conocían, vivían en un radio de no más de 15 cuadras de distancia. "Hay casos de pibes que han terminado con varios balazos porque se pelearon por una gorrita", señala un operador territorial con varios años caminando los barrios y palpando la realidad social.

Rediseño. Estos indicadores están obligando a rediseñar las políticas de seguridad y sociales. Hoy ambas se piensan en conjunto y es por eso que esta semana se formalizó la creación de un ámbito que congregará a la Justicia y los estados provincial y municipal. El objetivo es abordar allí integralmente la violencia territorial. Fiscales y operadores sociales trabajarán juntos problemáticas que hasta ahora se abordaban desde compartimientos estancos.

Los pibes que se codean con el delito a muy temprana edad tienen detrás de sí una historia, una familia, un paso o no por la escuela, por el dispensario. Es decir, hay datos que permiten encarar su realidad antes. Urge hacerlo antes de que terminen acribillados a balazos.

Esto es conocido por los funcionarios. De hecho este nuevo modo de trabajo requiere un cambio de paradigma que ya se implementó, por ejemplo, en el Heca. La semana pasada en esta columna se contaba que allí muchos jóvenes se van de alta cuando la realidad del barrio lo permite, y no cuando sanan sus heridas.

La idea es que ese modo de encarar la problemática de la violencia se traslade al resto de las áreas y a todos los barrios.

El trabajo conjunto de distintos estamentos del Estado ya tuvo su correlato en Santa Lucía, territorio signado por disputas de bandas delictivas que hoy luce otra impronta, con el 75 por ciento de los chicos de esa zona escolarizados y un 93 por ciento de asistencia a las aulas.

El otro extremo, la deserción escolar "a cuentagotas", esa que está indicando que en muchos barrios los chicos van esporádicamente a la escuela, enciende ahora nuevas alarmas. Nenes de 12 años que salen a buscar un sustento económico y lo obtienen de manos del narco, que lo utiliza como delivery o soldadito. Una realidad que lleva al municipio a admitir que se analiza la posibilidad de dejar este verano las escuelas abiertas para que los chicos estén allí y no en la calle.

Una batalla desigual en la que las víctimas son cada vez más pequeñas.

Zonas calientes. Esta semana el gobernador Miguel Lifschitz recorrió barrio Cametsa, Colombres al 2800. Una zona signada por la violencia cuyos vecinos habían estado unos días antes en el Concejo detallando cómo es vivir allí.

En la comisión de Seguridad que preside el justicialista Diego Giuliano dejaron en evidencia que en esa barriada las amenazas narco y tiroteos constantes se codean con escasos patrullajes y poca iluminación.

Entre los vecinos estaba Adriana Abaca, una mujer que en 2014 se atrevió a denunciar a los "transas" del barrio y desde entonces sufre amenazas, hostigamientos y hasta le incendiaron el patrullero que custodiaba la puerta de su casa.

Leyó bien. Incendiaron el patrullero y ella vive un calvario desde hace dos años. Todo un dato para repensar que estos cambios de paradigma y abordajes territoriales de la violencia son bienvenidos, pero que también exigen algo más de celeridad.

El hecho de que Lifschitz en persona haya estado esta semana caminando esas calles es al menos una señal. Resta esperar que no sea tan sólo para la foto.

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