Opinión
Lunes 17 de Octubre de 2016

Un problema ajeno

Momentos difíciles. El gobernador Miguel Lifschitz ha aprendido a utilizar una fórmula nueva para refutar acusaciones políticas: "Son de la gestión anterior". El panorama económico de la provincia tampoco resulta de gran ayuda.

"Son de la gestión anterior", esta corta frase que seguramente el gobernador Miguel Lifschitz se preparó para pronunciar más adelante y no tan temprano, le sirvió en esta coyuntura para desentenderse del escándalo político en que derivó lo que para su gestión podría haber sido un poroto a favor cuando la partida está más llena de dudas que otras cosas y las señas de los jugadores resultan cada vez más difíciles de interpretar.

No es fácil explicar que tres ex ministros socialistas de primera línea sean los abogados defensores de supuestos lavadores de activos de origen non sancto. Y que entre ellos figuren los autores del nuevo sistema penal provincial y cuya influencia en la materia se dice decisiva, lo que acá, de ser cierto ello, oficiaría de agravante y que actualmente integrarían el gabinete en las sombras que tiene el ex gobernador Antonio Bonfatti (es decir, serían los que cuentan las costillas a la gestión de Lifschitz y su opinión es la última que escucha en cada especialidad el presidente de la Cámara de Diputados después de leer cada dictamen de comisión).

En rigor, desde cierto punto es muy fácil explicarlo. En las leyes argentinas nadie es culpable hasta que una sentencia firme haya demostrado lo contrario al cabo de un proceso ajustado a derecho. Esto es, habiéndose respetado las garantías de los sospechosos. Entre las que figura tener la mejor defensa a la que pueda acceder según su saber y entender. Por este lado, nada que objetar a los ex ministros Hector Superti, Juan Lewis y Daniel Cuenca. Son abogados y la principal función de los abogados es defender acusados.

Faltaría, quizás, que los argentinos convirtiésemos el principio jurídico de que la presunción de inocencia se mantiene intacta hasta tanto se sustancie un proceso judicial y termine con ella, en una pauta cultural. En un contraprejuicio al que existe actualmente. Eso, en la época de la inmediatez mediática, es una tarea ciclópea. Hoy se es culpable —en cualquier caso— antes de ser declarado inocente. Juzgar en los medios y no en los estrados judiciales, nos hace una sociedad mediocre y nos abarata nuestra institucionalidad a un punto que el mundo no nos entiende.

Digo en cualquier caso porque esto vale para los delincuentes que la jerga de la calle llama "comunes" para distinguirlos de aquellos que serían, supongo, "sofisticados". La ordinariez de aquellos suele, además, estar dada por tres irritantes (esto es irónico) cualidades: suelen ser obvios en su poco inteligente accionar; están cuantitativamente masificados por ser muchos y en general de poca monta y, finalmente, carecen de estilo, recursos, relaciones y hasta, en algunos casos, de apellidos de buen sonar.

Pero volviendo al planteo inicial, si algo le faltaba a Lifschitz era que la veintena de allanamientos en Rosario —que terminó de confirmar que el mundano Puerto Norte podría estar cimentado sobre fondos no bien habidos (tal como se decía ya desde que el municipio abriera calles allí y llevara servicios) con la que el ministro Maximiliano Pullaro pensaba quizás sacarse la más valiosa de todas sus selfies— terminara convertida en una vulgar interna del partido del gobierno.

¡No gana para dolores de cabeza el gobernador!

Quizás por eso rompió de una todos los manuales de práctica política y dijo lo único que a un gobernante del mismo partido de la gestión inmediatamente anterior le está vedado hacer: culpar a la herencia recibida. Esto es, echar culpas a quienes estuvieron antes.

Es verdad, que Lifschitz no lo dijo por lo que hicieron Superti, Lewis y Cura como ministros de las gestiones que antecedieron a la suya pero no lo es menos que lo dijo porque fueron ministros y en condición de tal hoy son asesores en Diputados, no porque son meros abogados de la matrícula de la segunda circunscripción juridicial. Rápido de reflejos, el diputado Rubén Galassi hizo propalar que echó de su asesoría al ex ministro, Juan Lewis. Exactamente por la misma razón.

Esta nota, como ya habrá advertido el lector, busca no incursionar en la cuestión judicial. Por dos razones. Carezco de datos suficientes y, encima, estamos frente a un proceso que recién parece estar en ciernes y, dicen los más avezados, podría, para colmo, dispararse en una confrontación jurisdiccional entre las Justicias provincial y federal. Tampoco sé los tipos de delitos (no hablo de los que dicen los diarios sino de los que figurarán en los expedientes sobre cuya base se imputaría a cada sospechado).

Así como cada vez falta menos para que el socialista Rubén Giustiniani comience su armado electoral para enfrentar a Bonfatti en las legislativas nacionales del año que viene (esto sí es de manual: el hombre no tiene otra salida si quiere seguir respirando en la política al cabo de su actual mandato de legislador provincial), lo que algunos creyeron ver en su conferencia en Buenos Aires demostrando que Cristina Fernández de Kirchner no hizo más que mentirle a la sociedad con el convenio YPF-Chevron.

Es paradójico que mientras la ex presidenta cada vez que puede fustigar al presidente Mauricio Macri por sus cuentas offshore (lo que sigue siendo indefendible e intolerable y porque para para empezar permanece sin haber sido suficientemente aclarado por Macri) lo hace con ganas, la decisión del actual gobierno central de preservarla de ir a parar con sus huesos a la cárcel por lo menos ahora —hay que ver si para ello se torna necesario que cambie el año que viene que es electoral— fue decepcionante para el efecto masivo de una prueba tan contundente como que el contrato secreto entre YPF-Chevron no fue entre esas empresas sino entre dos subsidiarias de éstas que existen para la hora de asumir responsabilidades sólo en los papeles de paraísos fiscales.

Una offshore puede ser nada más que un sello, siempre hecho, claro, para evadir responsabilidades impositivas y penales. O sea, puede que ni quisiera existan más allá del contrato. ¡Y a una offshore la ex presidenta Kirchner le entregó la explotación de la segunda reserva de gas natural no convencional y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo por 35 años! No entiendo cómo se arriesga a criticar a Macri. Y no, como dije más arriba, porque el actual mandatario no sea del todo cuestionable en este punto, sino por ella después de lo que reveló Giustiniani debería guardar un mínimo de decoro si no tiene vergüenza. Aún queda saber si lo suyo no fue delito o traición a la patria.

Pero otro hubiera sido el golpe de efecto del socialista si no mediara la decisión de Macri de preservar a la ex mandataria de las rejas y entonces su campaña electoral para 2017. Si es cierto ello, como dicen, habría empezado en esa conferencia de prensa con el pie derecho porque no tuvo la atención mediática nacional masiva que habría tenido en otro contexto.

Tampoco le está yendo bien con los medios nacionales a quien sería su principal competidor: Antonio Bonfatti. Jorge Lanata no lo dejó bien parado hace algunos domingos en su informe sobre el delito y la droga en Rosario. Ni siquiera con el segundo informe al domingo siguiente destinado repartir culpas con la Justicia federal. Encima, ahora sus ministros se convierten en los defensores de supuestos lavadores de activos adquiridos con dinero mal habido.

Bonfatti, con sus más de 700 mil votos bajo el brazo obtenidos por él solito en los últimos comicios provinciales, es la promesa de redención de un socialismo que está boqueando como pez fuera del agua en el gobierno de su principal bastión: Rosario, la segunda ciudad de la República Argentina que supieron convertir en la "Barcelona argentina", pese a que antes debió soportar el estigma de ser aquella en la que los pobres asaban gatos para comer (hoy los socialistas más pesimistas dicen que no será fácil conservar allí el poder) hasta que los kirchneristas le hicieron el que tal vez sea el mayor daño al Partido Socialista en sus 120 años de historia cuando un diputado del riñón gubernamental en una sesión oficial en la Cámara de Diputados del Congreso nacional lo calificó de "narcosocialista". "El socialismo tiene 120 años de uñas cortas y manos limpias" se defendió el ex gobernador a su regreso de Gran Bretaña, a donde fuera invitado por el Partido Laborista.

Con todo esto tiene que lidiar Lifschitz. Encima con que la Nación le autorizó emitir bonos en el mercado financiero internacional por sólo 250 millones de dólares. El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, debe haberse ilusionado a fin del año pasado pensando que tendría 500 millones más de coparticipación nacional por mes dado que la Justicia ordenó que se dejara de detraer indebidamente el 15 por ciento de coparticipación y reconoció una deuda a la provincia que podría rondar, con intereses, los 40 mil millones. De eso, poco se ha visto y ahora Prat Gay les quiere compensar con las obras que le hace a su socio preferido, José Corral, a Mónica Fein o a los intendentes y presidentes comunales del PJ y otros partidos.

Los 1.000 millones de dólares para tomar deuda en bonos que el ministro de Economía pensó tener en el primer semestre para regar de obra pública la provincia fue reducido a 500 por los bonfattistas y los senadores del PJ, y ahora el gobierno macrista sólo le autoriza 250 recién para el año que viene. Qué, como siempre subrayamos, será electoral, es decir, del todo atípico y puede pasar de todo; hasta lo más inesperado, e incluso la posibilidad de que no pase nada forma parte de esa condición de poco usual que será el año que, también, sellará la suerte inmediata de la relación de los socialistas con su electorado y marcará el devenir futuro del Frente Progresista como opción de gobierno provincial.

Por ahora, la crisis del momento sirvió a un Lifschitz que ha comprendido que no puede sino ir paso a paso, día a día, afirmar: "Que son de la gestión anterior". Eso y decir él es, o pretende ser, diferente es lo mismo, aunque tenga su costo.

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