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Domingo 30 de Diciembre de 2012

Un obstáculo menos para investigar

Salvo el de Claudio Leprati, cuyo autor material fue juzgado y condenado, los asesinatos cometidos durante los saqueos de 2001 en Rosario y su zona metropolitana quedaron sin resolver.

Salvo el de Claudio Leprati, cuyo autor material fue juzgado y condenado, los asesinatos cometidos durante los saqueos de 2001 en Rosario y su zona metropolitana quedaron sin resolver. Fueron seis crímenes que algún día prescribirán sin castigo. No hubo culpables políticos ni autores materiales identificados ni sancionados. Ya no los habrá: quedarán impunes para siempre. Pasaron once años y ahora, triste y dolorosamente, los poderes del Estado santafesino se encuentran frente al mismo desafío: identificar, encontrar, juzgar, probar y condenar a los responsables de otras cuatro muertes que, otra vez, ocurrieron durante un estado de conmoción causado por saqueos (sobre una de esas muertes se publica una versión distinta a la oficial en la página 6 de esta edición).

En este diario ya se analizaron repetidamente en estos diez días las notorias diferencias entre los saqueos de 2001 y los de este año. También se publicó con amplitud la interpretación y el análisis de las autoridades políticas, de los empresarios, de los actores sociales y de la gente común sobre esos matices. Si alguien insiste en comparar aquel contexto con el actual, o ignora la realidad o tiene algún interés avieso. Pero hay algo que no cambia, que es igual en 2001 que en 2012: los crímenes son crímenes y los autores deben ser perseguidos y sancionados de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Ese es ahora el deber del Estado y de sus agentes políticos, policiales y judiciales.

Los episodios de hace 10 días dejaron muchas víctimas, esencialmente los pequeños comerciantes que en un abrir y cerrar de ojos se quedaron sin nada, pero sobre todo esos arrebatos violentos y vandálicos cegaron la vida de cuatro personas. Existen responsables. Hay que encontrarlos. En 2001 existió carta blanca a la policía. Después el poder político hizo todo lo posible para que no se investigara y los jueces no tuvieron el coraje de hacerlo: sabían que llegarían muy alto. Esta vez no hubo venia política para matar y el gobierno parece decidido a impulsar las  investigaciones. Para la Justicia es un obstáculo menos.

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