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Domingo 26 de Octubre de 2014

Un golpe de timón que habrá de verse cómo resulta

El ex subjefe de la Gendarmería Gerardo Chaumont asumió hace una semana y aseguró que militarizará la policía de la provincia.

En los discursos para introducir a Gerardo Chaumont como nuevo secretario de Seguridad de la provincia el gobierno puso acento en dos aspectos: evitar que la designación se tomara como una claudicación y postularla como la continuidad de un programa. Tanto afán de énfasis no pareció subrayar una fortaleza. Por algo se hacen los cambios. La administración reconoce, puertas adentro, que el campo en el que intervendrá el funcionario nombrado es la mayor fuente de preocupación de la gestión. Un dominio al que más allá de los esfuerzos desplegados, que conviven con designaciones erráticas y ensayos frustrados, el Frente Progresista no le ha encontrado la vuelta en algo más de siete años de mandato. En especial en lo relativo a la operatividad, la visibilidad y la disciplina de la policía, que serán el campo específico del secretario entrante.

   La semana pasada este diario publicó que se constataba la presencia en las calles de la ciudad de 33 móviles policiales por turno. Al cumplirse el segundo mes del arribo de las fuerzas federales a Rosario, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, con los escasos pelos en la lengua que lo hacen caer en habituales exabruptos, le dijo al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, en una reunión privada: “Si ustedes ponen patrulleros en la calle decime de qué color son porque recorro la ciudad y no veo ninguno”.

   Es apenas un detalle porque está admitido que el patrullaje no es el principal recurso para resolver problemas de seguridad, aunque sí produce una sensación de protección en la población no irrelevante que incide sobre un estado de ánimo colectivo. El detalle desnuda una dificultad dinámica que es la incapacidad de ganar obediencia de parte de una institución también deficitaria. Las órdenes a la policía caen en saco roto. La semana que pasó el Ministerio de Seguridad descubrió que no había 300 policías afectados a la alcaidía de Jefatura sino menos de 100. La policía es un espacio de poder tentacular que se sustrae del manejo ministerial. No hay pauta de mando que valga.

   Sin ser el único aspecto en una política de seguridad, la policía es un actor central e indispensable. Hace unas semanas terminó un curso de Estado Mayor que organizó José Spadaro, comandante de Gendarmería Nacional que se desempeña hace tres meses en la órbita del Ministerio de Gobierno. Fueron tres semanas intensivas, de 9 a 18, con intervalo para almorzar, con unos 50 mandos medios y superiores de las fuerzas de seguridad provincial. Chaumont estuvo allí convocado como expositor por Spadaro, quien fue su jefe y quien lo recomendó.

   El encuentro fue para estos funcionarios entrantes un inicial laboratorio de diagnóstico. Frente a ellos estaban los hombres considerados de mayor fundamento profesional en la policía. Como en una partida de truco, en escenarios así se atisban los gestos del otro y nadie muestra todas sus cartas, pero en tres semanas de contacto diario varias cosas se tornan medibles: qué conocimiento tienen los oficiales jefes, cuáles son los líderes naturales, cómo reaccionan.

   La cita fue indicador de un estado de estrago en una institución marcada por carencias estructurales: falta de disciplina, falta de mando, falta de doctrina. Y en la aproximación se advirtió el tamaño del reto. De estos hombres que son encargados retirados de fuerzas de seguridad con especialización vienen a ofrecer algo que ha sido un talón de Aquiles: cómo planificar, cómo calcular recursos, cómo producir y obtener información criminal de utilidad, cómo gestar autoridad. Un golpe de timón que habrá de verse cómo resulta.

   Un aspecto central de Chaumont será ser el aporte operativo a la formulación de un sistema de Inteligencia en la provincia. Las referencia a actividades de Inteligencia suelen producir aprensión: en Argentina se asocian a una lamentable tradición más ligada a la persecución por motivos ideológicos y a la trama de operaciones extorsivas que a la generación de métodos para lo que la Inteligencia es: producción de información más análisis en relación al estado del crimen. Los prejuicios con esto serpentean en todos los niveles. Hace tres años el especialista en sistemas penales Alberto Binder preguntó a los encargados ministeriales quién se encargaría del área de Inteligencia Estratégica. Como se hizo un silencio, Binder amplió: “Piensen en eso porque si no la Inteligencia se la van a hacer las organizaciones criminales”.

   A Chaumont le fue encargado reformular esquemas policiales en profunda crisis en Chad, Sierra Leona y Haití. En este último país conoció a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, con quien tiene óptima relación, al igual que con Berni. La designación de Chaumont encuentra convalidación en Buenos Aires, lo que atento a la ciclotimia que ha marcado la relación provincia-Nación en esta temática, no es una cuestión menor.

   La llegada de Spadaro y Chaumont a un año del final del mandato de Antonio Bonfatti es revelador de un persistente problema político. Aunque no sirva de consuelo tampoco es una rareza local. Venga de donde venga, no hay una sola experiencia de gestión de mediano plazo en seguridad pública en Argentina que en base al éxito se haya erigido como modelo a imitar. Para el criminólogo Marcelo Saín, Santa Fe se encuentra hoy ante una frontera conocida. “El problema de los sectores progresistas es que no tienen cuadros de gestión, no tienen conocimiento de la institución policial, no tienen información y no tienen un plan operativo. No lo digo con desprecio por la gente del socialismo santafesino. Es también el problema de Cristina Kirchner de quien somos aliados”, dice Saín, que es diputado bonaerense del Espacio Nuevo Encuentro.

   “En general, cuando se pudren todas las variantes, los sectores progresistas terminan llamando a la policía. Esto es también el esquema Berni que se basa en la Gendarmería, que se apoya en la DEA norteamericana. Creo que en definitiva los socialistas aunque lo hayan intentado de buena fe no han logrado un conocimiento de la institución policial. No se asocian con la policía en el sentido de apoderarse de su caja pero tampoco quiebran su lógica de financiarse por izquierda, ni le sacan el manejo del dinero, ni logran equipos con mando, ni la fuerzan a obrar con información propia”, dice Saín.

   En una provincia que tiene en lo que va del año tasas récord de homicidios en sus dos principales ciudades, con problemas urbanos de comercio de narcóticos generador de una intervención nacional y con delitos exasperados en el ámbito domiciliario, la elaboración de sistemas de información y su pertinente procesamiento es una urgencia crítica. Lo mismo el control de una policía desplegada en el territorio con lazos estrechos con la criminalidad e indócil con sus niveles jerárquicos. El problema no son policías que piden pizza, sino una estructura arraigada que garantizó con impudicia durante años la actividad territorial regular de búnkers y de funcionarios superiores conectados con bandas delictivas. En un marco donde, como en todas las ciudades argentinas, los ilícitos urbanos crecieron.

   Chaumont viene a pugnar contra un proceso histórico de deterioro en la policía santafesina: el que la sumergió en una cultura de brazos caídos y de hacer la vista gorda en base a la falta de ejemplo en la jerarquía, a sostenidos negocios criminales, a una ausencia de incentivo que vuelve casi imposible despertar vocaciones policiales en Rosario y a un déficit profesional para enfrentar los problemas de una sociedad gestora de una violencia más desplegada y más compleja. Quedando un año de gestión no se verán resultados; pero a lo sumo, si la fortuna lo acompaña, podrá esbozar un camino que estará por verse.

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