Mauricio Macri
Martes 14 de Febrero de 2017

Un fiscal presentó una denuncia penal por tráfico de influencias

Lo hizo el funcionario a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a raíz del acuerdo del gobierno con el Grupo Macri.

El fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, presentó ayer una denuncia penal "por posible tráfico de influencias" a raíz del acuerdo entre el gobierno y la empresa Correo Argentino SA, que pertenecía a la familia Macri.

"Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron", señaló el fiscal.

El funcionario explicó que ahora "correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal". Rodríguez se refirió así al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, quien pidió rechazar el acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa por considerarlo "abusivo".

"Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda", subrayó.

Según Boquin, el ofrecimiento realizado debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

El acuerdo entre el gobierno y Correo Argentino volvió a despertar ayer rechazo en la oposición, al punto que la diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) presentó un amparo ante la Justicia para frenar la transacción, mientras que su par del Frente Renovador Alejandro Grandinetti afirmó que su bloque "está trabajando en la presentación de un pedido de informes para exigirle al Ejecutivo que se detallen todos los pormenores del arreglo".

Donda pidió que la Justicia le ordene al Ministerio de Comunicaciones, que encabeza Oscar Aguad, "la suspensión de las actuaciones" relacionadas al convenio. En su presentación, reclamó que se frene el acuerdo "hasta tanto se expidan" la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción (OA) al respecto.

A su turno el rosarino Grandinetti afirmó que pedido de informes que está preparando su bloque "persigue el objetivo de forzar al gobierno a que explicite todos los motivos y elementos que se tuvieron en cuenta para avalar el acuerdo".

Grandinetti explicó que el Ejecutivo "deberá detallar si hubo dictámenes de otros organismos del Estado que avalaban la necesidad de aceptar esa propuesta", porque consideró que "una decisión de ese tipo no puede recaer sobre una sola persona".

El diputado por Santa Fe respaldó el trabajo de la Justicia pero consideró que "ante un escándalo público de tal magnitud el Congreso nacional tiene la obligación de actuar inmediatamente en defensa de los derechos de todos los argentinos".

También el diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) le pidió "explicaciones" al gobierno sobre el convenio e insistió en reclamarle a su partido que solicite ante Cambiemos "ser tenido en cuenta" antes de la toma de decisiones.


Transparencia

El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, consideró "absolutamente transparente" el acuerdo con el Correo, y agregó: "Si existe alguna irregularidad la Justicia no lo convalidará". "Si me preguntás si nos equivocamos en algo, probablemente tendríamos que haber tomado más recaudos. Acá hay que discernir lo técnico de lo político", resaltó.

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