Información Gral
Miércoles 02 de Noviembre de 2016

Un fallo condena al Estado nacional por no dar seguridad a una víctima de femicidio

El Estado y un policía federal deberán pagar un millón de pesos a las hijas de una mujer asesinada por su ex exposo, quien se suicidó.

La Justicia condenó al Estado nacional y a un policía a pagar un millón de pesos a las hijas de una mujer asesinada por su ex marido, quien se suicidó tras el femicidio, por irregularidades en la prestación de seguridad a la víctima mortal cuando concurrió al domicilio del hombre a retirar sus pertenencias.

El fallo fue firmado por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, Macarena Marra Giménez, quien condenó al Estado nacional y a un agente de la Policía Federal por cumplir de un modo irregular la prestación de seguridad personal.

El Estado nacional-Policía Federal Argentina y el oficial Juan Domingo Leiva deberán abonar, según el fallo, 510 mil pesos y 526 mil a cada una de las hijas de la víctima mortal por "daños y perjuicios".

La resolución, publicada ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ), fue firmada el 19 de octubre, cuando se realizó la última marcha #NiUnaMenos contra la violencia de género.

El fallo reportó que el 22 de febrero de 2010 Mirta Schossler, de 30 años, llegó junto a dos efectivos policiales y su hermana, con una orden judicial, a una vivienda ubicada en Arenales al 1500 de la ciudad de Buenos Aires, para retirar sus pertenencias, que había abandonado una semana antes.

El ex marido de la mujer, identificado como Daniel Aguirre, portero del edificio, tomó un cuchillo y se abalanzó sobre ella, ante lo cual uno de los policías se interpuso, pero fue acuchillado por el hombre, quien degolló a Schossler.

El otro policía presente realizó disparos intimidatorios para disuadir al hombre, quien se suicidó cortándose el cuello.

El reclamo judicial. La pareja se había casado en 1997 y tenía dos hijas, de siete y diez años, que acudieron a la Justicia a través de abogados que reclamaron un resarcimiento económico por dos millones de pesos.

Los demandados fueron el Estado nacional-Ministerio del Interior-Policía Federal Argentina, junto al comisario José Pedro Potocar y los oficiales Juan Domingo Leiva y Cristian Roberto Corvalán, de la Comisaría 17.

La jueza advirtió en el fallo que "se encuentra probado el descuido del agente policial en la custodia" de Schossler y dijo que fue "reconocido por el propio oficial Leiva, en la declaración testimonial trascripta ut supra en el momento en el que aquella estaba juntando sus pertenencias y las de sus hijas".

El fallo expresó que el policía "se encontraba labrando el acta «dándole la espalda a los presentes unos minutos» ?tal como aquel indicó-" y afirmó que el momento "resultó propicio para que" Aguirre "atacara a la mujer con un arma blanca, luego de lo cual aquella perdió su vida".

"El propio agente interviniente en la diligencia advirtió el cambio en el aspecto y rostro" del agresor, manifestó el fallo de la jueza, y dijo que "según sus propias afirmaciones, sin que tomara ninguna precaución al respecto, volcándose a labrar las constancias administrativas".

Asimismo, destacó que "respecto de la muerte de la señora, se ha acreditado la falta de servicio del obrar estatal".

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