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Domingo 02 de Marzo de 2014

Un doble estándar protege los abusos del chavismo

Un doble estándar vigente en America latina desde hace décadas es aplicado para juzgar de manera muy diferente a gobiernos y movimientos sociopolíticos según sea su color ideológico.

Un doble estándar vigente en America latina desde hace décadas es aplicado para juzgar de manera muy diferente a gobiernos y movimientos sociopolíticos según sea su color ideológico. Ahora su práctica se ha vuelto escandalosa ante la ola de manifestaciones y la represión —en buena medida ilegal y paramilitar— practicada por el gobierno venezolano. Un gobierno que celebra como fecha patria un intento de golpe militar (el del 4 de febrero de 1992, impuesto como fecha nacional por su autor, el coronel Hugo Chávez) denuncia ahora "golpismo fascista" ante cada manifestación estudiantil, declaración o acción de la oposición o de los gobiernos de la región que no le dan su respaldo incondicional.

Si un país le concede su "respaldo total", como ha hecho reiteradamente Argentina, es bienvenido; si critica la represión, es "injerencista", golpista, etc. O sea: una opinión extranjera sobre la situación interna venezolana es aplaudida y otra es condenada. Las dos "se meten" con el conflicto que vive el país, pero solo las críticas son descalificadas furiosamente como "injerencia en asuntos internos". Las viejas dictaduras militares de los años 70 usaban esta misma terminología de la "injerencia externa" y tenían la misma visión paranoica del mundo. La doctrina de la "no injerencia" es considerada obsoleta por el derecho internacional: un gobierno que comete atropellos contra sus ciudadanos debe ser denunciado por los gobiernos democráticos y organismos internacionales, como es obvio. Solamente dictaduras explícitas se amparan aún hoy en esa vieja doctrina. China, por ejemplo. Y en Venezuela no hay una democracia regular, pese a que algunos (pocos) gobiernos como el argentino se empeñen en ver en Caracas una democracia ejemplar y cristalina. Lejos de eso, en Venezuela se observan, entre otras aberraciones: paramilitares y parapoliciales en acción cotidiana e impune; intervención indebida de los militares en tareas judiciales; ocupación militar de ciudades "rebeldes"; constitución de tribunales en cuarteles para sustanciar procesos penales bajo cargos de una ley "antiterrorista" aplicada a actividades de protesta o denuncia, como el caso del opositor Leopoldo López, pero también de cientos de manifestantes, y con imposición de prisión hasta el inicio del juicio; omnipotencia de los servicios de inteligencia civiles y militares, que allanan con violencia sedes de partidos políticos; suspensión de los medios de transporte y del abastecimiento de combustible a zonas "dominadas por los fascistas", o sea, por los opositores; leyes que violan los pactos internacionales de protección de DDHH firmados por Venezuela, como señaló la Relatoría de la CIDH para libertad de expresión (fue esa normativa represiva y antidemocrática la que usó el gobierno para sacar de la grilla de cables al único canal que informaba de lo que ocurría en las calles, el NT24, y luego echar al equipo de la CNN).

La lista de violaciones de derechos y libertades básicas y universales es interminable, pero un caso sirve especialmente para demostrar la excepcionalidad autoritaria de la Venezuela chavista. ¿En qué país democrático se ocupa con el ejército una ciudad, se instala allí un "teatro de operaciones de guerra", se la sobrevuela con aviones militares y se bloquea Internet, como se ha hecho en San Cristóbal, cuna de la rebelión venezolana? Como aquella celebración de un intento de golpe de Estado como fecha patria, el chavismo y los sectores y gobiernos que lo apoyan abusan del doble estándar, sabedores de su vigencia impune.

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