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Domingo 26 de Octubre de 2014

Un diploma, la albúmina y Campagnoli

Días de tensión. El gobierno parece encerrarse cada día más en sus propias recetas, sin capacidad de observar lo que sucede alrededor. La defensa del “modelo” transita muchas veces por caminos que la asemejan a la terquedad política. De inseguridad no se habla.

“La albúmina humana, el fiscal José María Campagnoli y un diploma universitario resultan la muestra del clima de rara tensión en lo económico y político por el que estamos pasando en estos días”. El que habla es un diputado nacional del oficialismo de nuestra zona que apura su café para explicar la extraña metáfora que comparte en un bar acompañado de otros dirigentes santafesinos y este cronista.

El jefe de terapia intensiva del grupo médico más importante de la región es el que autoriza personalmente la aplicación de los pocos frascos de albúmina que hay debido al cepo férreo que pesa en las importaciones de ese insumo médico por la crisis de la balanza que drena divisas al exterior y no encuentra compensación con las exportaciones. Este lunes, la cámara que comercializa estas sustancias intentará que Augusto Costa, el sucesor de Guillermo Moreno, entienda la imperiosa necesidad de conseguir el producto. No será fácil. El jefe de este funcionario, Axel Kicillof, lo ha instruido para que apriete más el torniquete que autoriza a cuentagotas las importaciones. “Pero en este caso se trata de la salud”, refiere el mismo diputado que se le planteó el secretario de Estado. “De lo que se trata es de impedir que nos volteen el modelo”, le habrían respondido desde la oficina de Costa.

El caso luce como toda una imagen metafórica pero de tintes negros. La albúmina es una proteína esencial de la sangre humana que permite la distribución normal de los líquidos en las cavidades vasculares y extravasculares. Las decisiones del equipo económico del gobierno nacional intentan paliar la ausencia de “proteínas nobles” para mantener el consumo, el nivel de actividad y sólo recurre a la desmesurada emisión monetaria y a creer que Precios Cuidados le ha ganado la batalla al crecimiento de precios. Se niega la inflación y la recesión con medidas que lucen como desesperados parches. El problema es que la corriente interna de protestas y descontentos no es controlada por las arterias sociales.

El Poder Ejecutivo nacional ordenó endurecer el discurso y cerrar todo espacio que permita descreer de un “modelo” exitoso. Tan es así que hasta el siempre mesurado Florencio Randazzo calificó de autor de una “hdp” (sic) a quien asegure que a la doctora Kirchner no le preocupa la inseguridad. Si uno se toma de los repetidos discursos públicos de la presidenta, está claro que ni le preocupa ni lo atiende. En su segundo mandato usó la palabra inseguridad en sólo dos oportunidades. Y siempre como patrimonio del infierno ajeno. De otro modo, no hubiera cargado con toda la responsabilidad del índice delictual al Poder Judicial (que claro que tiene que ver en el tema), acusándolo de dejar salir fácilmente a los infractores a la ley penal y tardar mucho para una sentencia. Se le escapa a la mandataria un pequeño detalle: los jueces actúan con el delito ya perpetrado. La prevención es propia de los Poderes Ejecutivos y provinciales. Santa Fe es un claro ejemplo del fracaso estrepitoso de la política de seguridad en las gestiones socialistas. Pero también lo es en materia de delitos reservados a la jurisdicción nacional como narcotráfico, secuestros y contrabandos.

El fiscal Campagnoli le torció el brazo a su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó. El hombre del Ministerio Público había osado investigar si Lázaro Báez lavaba dinero del Estado con la complicidad e impunidad del gobierno, mucho más interesado en farandulizar el tema con personajes como Elaskar y Fariña. La procuradora no ahorró rencor personal y utilizó todo el poder que el Estado le confió para promover un jury de enjuiciamiento exprés (4 días para abrirlo) en el que hasta creyó que era oportuno pedir que se le quitara el sueldo durante el proceso, contraviniendo cualquier presunción de inocencia. Raro modo de representar el “progresismo” penal.

Alguna vez se sabrá el bochorno por el que pasó una de las integrantes de ese tribunal cuando quiso explicarles a los cercanos a la procuradora que no había sustento legal para seguir adelante. Las amenazas que recibió la obligaron a renunciar. Y esa dimisión permitió aletargar los plazos y llegar hasta esta semana en la que se archivará la acusación por meras razones formales. Antes que soportar una derrota, una contradicción a sus deseos, se prefirió mandar al cajón de las prescripciones por el paso del tiempo todo el tema. ¿Justicia legítima?

Por fin, en el Coloquio de Idea de Mar del Plata se contrapusieron los dichos duros de los empresarios que reclaman cambios (algunos, es cierto, hasta hace poco aplaudían de pie con obediencia obsecuente los discursos de la Casa Rosada) con el silencio del oficialismo y los faltazos de los que quieren ser gobierno. En general, la oposición parece más interesada en las formas que en el fondo. En las fotos que en los hechos. En lo superficial que en lo sustancial. Y eso califica en las encuestas de estos días que muestra que el indeciso lo es porque no encuentra a nadie capaz de encarnar los cambios que se precisan.

Fue una anécdota de ese encuentro pero merece un comentario. El siempre moderado constitucionalista Daniel Sabsay le dijo traidor al canciller Timerman que cerró un acuerdo con Irán, encubridora nacional a la procuradora Gils Carbó y dudó del título de abogada de la presidenta Kirchner. Sobre esto último, aún cuando pueda reclamársele a este viejo defensor de la Constitución por las formas poco educadas, es preciso decir que, en una república, todo funcionario público está obligado a probar cuestiones que pueden ser de su esfera privada desde el momento en que voluntariamente asume el deseo de ejercer el poder en nombre de todos. Hasta en temas de salud. Este mito de que Cristina no terminó su carrera debió haber sido zanjado hace mucho con un simple comunicado de la multitudinaria oficina de prensa del Poder Ejecutivo exhibiendo el diploma, su fecha de inscripción y su matrícula profesional. ¿Por qué no se hizo nunca? Porque quien hoy detenta ese poder cree que las urnas le dan derecho a contar lo que desea y que la ley no le es igual como para el resto de los mortales.

Raro momento que se atraviesa por estos días en donde un elemento de la salud puede ser considerado atentatorio de un “modelo político”, el derecho a una sentencia de inocencia se esconde en la prescripción y un mero dato de la biografía de un servidor público puede ser retaceado bajo el pretexto de que se trata de una intención destituyente.

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