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Lunes 24 de Diciembre de 2012

Un caldo de cultivo para la violencia

Casi todo el arco político y hasta la Iglesia aseguran que la seguidilla de saqueos a almacenes y supermercados que ocurrieron en distintas ciudades del país fue pura criminalidad y que detrás de los mismos hubo “instigadores”, “agitadores”, “una mano negra”.

Casi todo el arco político y hasta la Iglesia aseguran que la seguidilla de saqueos a almacenes y supermercados que ocurrieron en distintas ciudades del país fue pura criminalidad y que detrás de los mismos hubo “instigadores”, “agitadores”, “una mano negra”. Mientras el kirchnerismo a nivel nacional responsabilizó al ahora opositor Hugo Moyano, en Rosario socialistas y justicialistas coincidieron en que estos sucesos violentos estuvieron organizados, y algunos incluso señalaron que fueron fogoneados por bandas delictivas ligadas al narcotráfico.

El gobernador Antonio Bonfatti aseveró que “a algunos instigadores ya los tenemos individualizados” y dijo que “había autos y motos marcando dónde tenían que ir a robar, y están filmadas las patentes y las personas”. Con estos datos, la Justicia provincial debe ponerse a la altura de las circunstancias e investigar y condenar con severidad a los responsables, no sólo por el daño provocado a los pequeños comerciantes que sufrieron los robos, sino también por toda la sociedad que se sumergió en una pesadilla de angustia y miedo que parecía ser un déjà vu. Así y todo, no sería conveniente realizar análisis lineales o simplistas. La realidad es muy compleja, y  creer que estamos frente a un mero problema delictivo sería padecer de ceguera política.

Lo sucedido la semana pasada también es un problema social, aunque la situación del país está muy lejos de ser la del estallido de 2001. No obstante, la marginación, la desigualdad económica (más que la pobreza), los miles de jóvenes excluidos que no trabajan ni estudian son un caldo de cultivo para la proliferación de la violencia, que se expresa de múltiples maneras, también a través de una subcultura delictiva. Por ello estos ataques no se dieron en cualquier lugar de Rosario, sino en barrios pobres donde hay terreno fértil para que grupos de personas puedan ser inducidas por instigadores a protagonizar saqueos y actos vandálicos.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, y a la vez debe seguir trabajando para dar soluciones a los problemas sociales. Y esto se hace con más gestión, más inclusión y más políticas públicas dirigidas hacia los sectores vulnerables.

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