Ganancias
Domingo 19 de Junio de 2016

Un abogado porteño fue ligado a tres rosarinos condenados como narcos

Carlos Salvatore fue condenado por el caso "Carbón blanco". Ahora le imputan ser socio de un cantante y dos empresarios ya penados

Carlos Salvatore, el abogado que recibió la condena más alta que se haya dictado en la Argentina en una causa por narcotráfico, fue indagado en el juzgado federal de Campana como organizador de una banda que utilizaba pulpa de pera para ocultar y exportar droga. Salvatore, condenado a 21 años por el operativo "Carbón blanco", fue imputado ahora como organizador, coordinador y financista de una organización delictiva integrada por el cantante de tangos Carlos Alberto Mulé y los empresarios Ariel Gustavo Spadoni y Fabián Osvaldo Campagna, todos rosarinos. Según la acusación, la banda también estaba integrada por Gabriel Nieves Otero, un comisario bonaerense retirado que era guardaespaldas de Carlos Ruvolo, quien según ellos armó el negocio y murió en medio del proceso judicial.

El hallazgo. Diciembre de 2012 quedó marcado en la la Policía Judiciaria de Portugal como el mejor mes de su historia. Entonces los sabuesos lusitanos detectaron en el puerto de Lisboa un cargamento de 1.235 kilos de cocaína de máxima pureza escondido dentro de tambores que contenían pulpa de peras. El cargamento, valuado en 56,5 millones de euros, partió desde el puerto bonaerense de Zárate con destino a Lisboa. La pureza de la droga oscilaba entre el 73,6 y el 63,4 por ciento.

En febrero pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín condenó a Carlos Mulé a la pena de 9 años de prisión y a Hugo Gabriel Nieves Otero, Fabián Osvaldo Campagna y Ariel Gustavo Spadoni a 12 años de cárcel por ese envío. Una condena que fue apelada y aún no está firme.

Con el devenir de la pesquisa llevada adelante por la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, se estableció que Salvatore tuvo un rol protagónico en el financiamiento, la logística y la supervisión del embarque tanto en Argentina como en Europa.

El miércoles pasado, por orden del juez federal Adrián González Charvay, Salvatore fue trasladado a Campana desde la cárcel de Ezeiza para prestar declaración indagatoria en la causa "Peras blancas". Junto al juez estuvieron el fiscal federal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y sus colegas Fabián Matilla y Pedro Rebollo, de la Fiscalía federal de Campana. Salvatore declaró durante casi seis horas en las que negó los cargos. Sin emabrgo, el cruce de datos de cinco causas en las que está involucrado, hecho por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), permitió establecer algunos de los vínculos que mantenía el abogado condenado por narcotráfico.

Carbón Blanco. Por otra parte, en el marco de la causa "Carbón blanco", la jueza federal chaqueña Zunilda Niremperger dispuso la intervención judicial de un conjunto de empresas radicadas en Mar del Plata utilizadas por Salvatore con el objetivo de darle licitud a las millonarias ganancias originadas en el tráfico de estupefacientes. La medida había sido requerida por el fiscal Carlos Sansserri y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según el sitio fiscales.gob.ar, la medida cautelar alcanzó a seis sociedades anónimas dedicadas al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, en una operatoria que incluía las ganancias obtenidas en el tráfico internacional de cocaína pero también el aporte de fondos lícitos por parte de terceros que desconocían el trasfondo de las maniobras. La organización criminal pretendía disfrutar de las ganancias ya lavadas, luego de que estos emprendimientos inmobiliarios concluyeran.

El objetivo de la intervención, que había sido solicitada por el fiscal federal de Roque Sáenz Peña Carlos Sansserri en conjunto con la Procelac, tiene como objetivo asegurar el valor de los bienes utilizados en el delito de lavado de activos, para posibilitar su decomiso al momento del dictado de la sentencia. Y evitar situaciones perjudiciales para los terceros que de buena fe invirtieron en estos emprendimientos. Para materializar la intervención, la resolución dispuso la designación de un contador público del Ministerio Público Fiscal con residencia en Mar del Plata y especializado en este tipo de tareas.

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