Las líneas de telefonía móvil y datos celulares operativas en el país, nuevas y antiguas, deberán ser registradas y validadas o en caso contrario serán dadas de baja, informó ayer el gobierno, al anunciar una medida tendiente a combatir el delito. En el país son robados más de 4 mil celulares por día.
La iniciativa persigue la doble finalidad de combatir el robo de teléfonos celulares y restringir la utilización de este tipo de dispositivos por parte de criminales para cometer ilícitos, por ejemplo secuestros, o como medio para comunicarse.
El Ente Nacional de Comunicación (Enacom) ordenará en los próximos días -mañana o bien el viernes- a las compañías telefónicas que se encarguen de nominar la totalidad de las líneas de telefonía y datos celulares que estén activas en el territorio nacional, con el fin de desalentar el robo de aparatos y también los crímenes asociados a esta práctica.
Los ministerios de Seguridad y Comunicaciones instruyeron al organismo para que en un plazo de 15 días emita una resolución tendiente a comenzar con esta tarea, que debería comenzar a implementarse en un lapso de 90 días para las líneas nuevas y de 18 meses para las decenas de millones antiguas, actualmente operativas en la Argentina.
Autoridades de la cartera que preside Patricia Bullrich estimaron que unos 40 millones de líneas de teléfonos móviles e incluso más estarían en condiciones de ser nominadas durante el proceso.
En la Argentina, según datos del Enacom, 175 dispositivos de telefonía celular son robados por hora, 4.195 por día, 146.215 por mes y 1.023.584 fueron sustraídos en lo que va del año: si bien las cifras muestran un retroceso interanual del orden del 20 por ciento con respecto a 2015, se trata de números que siguen siendo "enormes", admitió la propia Bullrich.
Justamente la ministra, acompañada por su colega de Comunicaciones, Oscar Aguad, anunció la iniciativa en una rueda de prensa en el Ministerio de Seguridad de la Nación e indicó que una vez que el Enacom emita su resolución a fines de esta semana, las empresas del sector, Movistar, Personal, Claro, Nextel y la recién llegada Virgin Mobile, deberán comenzar con el procedimiento para registrar las líneas operativas.
Todos los usuarios deberán cumplir con este trámite, que podrá realizarse en forma presencial (en las oficinas comerciales de cada compañía) o remota (vía web o por teléfono), si pretenden mantener sus líneas activas.
Será necesario registrarse con nombre, apellido y número de documento registrado, y además a los clientes las empresas le formularán una serie de preguntas de seguridad para terminar de validar su identidad, se informó a la prensa.
A partir de la resolución, todas las líneas y en cualquiera de las modalidades del servicio, prepago, postpago y mixto, tendrán que ser verificadas, ya que de lo contrario, serán dadas de baja y no podrán seguir siendo utilizadas.
Cuando la iniciativa entre en vigencia, "ante un suceso denunciado por robo o extravío, se podrá identificar no sólo la línea, sino también a su titular" y de igual modo "se podrá acceder al Imei (el número identificador) del último teléfono móvil utilizado por esa línea", se informó.
Estos datos resultarán "un gran avance para la investigación" del ilícito y para "prevenir el uso ilegal de los dispositivos para cometer otros delitos", indicaron Bullrich y Aguad durante la conferencia de prensa.
En este sentido, resaltaron que "es importante que los usuarios de telefonía móvil", además de registrar y verificar sus líneas, "hagan la denuncia inmediatamente después" de sufrido un robo, a fin de que las compañías puedan bloquear esos dispositivos.
"Los chips son los elementos más comunes en los delitos y a partir de los chips no se puede identificar a las personas", dijo Bullrich, que precisó que se prolongaron durante dos meses las gestiones para que las compañías del sector finalmente den su aprobación para llevar adelante la iniciativa.
"Con esta medida queremos evitar los "chips voladores", combatir a los bolseros de chips y las listas negras de teléfonos celulares. Queremos dificultar las posibilidades de robo de teléfonos celulares y también el uso de teléfonos celulares para el delito", resaltó la ministra.
Los funcionarios señalaron que desde hace dos meses venían conversando con los operadores de telefonía celular sobre este plan de "nominatividad", pero que al principio las empresas no querían identificar a sus usuarios, hasta que al final decidieron colaborar con su implementación.
De hecho, la ministra Bullrich contó dos casos de delitos graves en los cuales un operador celular se negó ante un juez a identificar al dueño de una línea celular, hasta que la funcionaria intimó a uno de sus directivos con denunciar a la compañía; mientras que en el otro caso, la empresa de telefonía móvil demoró ocho horas en informar quién era el dueño, porque no tenía personal de guardia para esa tarea, pese a que corría peligro la vida de un niño secuestrado.