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Sábado 09 de Octubre de 2010

Suma críticas el plan que quiere que los pobres se eduquen en cuarteles

Con media sanción del Senado, se discute por estos días en el Congreso de la Nación el proyecto de ley impulsado por el vicepresidente y opositor Julio Cobos de crear un servicio cívico voluntario para los adolescentes y jóvenes "en riesgo social". La iniciativa, que apunta a "educar" a estos chicos en unidades militares, llamativamente no pasó por la Comisión de Educación del Senado...

Con media sanción del Senado, se discute por estos días en el Congreso de la Nación el proyecto de ley impulsado por el vicepresidente y opositor Julio Cobos de crear un servicio cívico voluntario para los adolescentes y jóvenes “en riesgo social”. La iniciativa, que apunta a “educar” a estos chicos en unidades militares, llamativamente no pasó por la Comisión de Educación del Senado, al tiempo que cosechó un amplio rechazo de pedagogos y de los gremios docentes. El ministro Alberto Sileoni juzgó al plan como “disparatado”, y dijo que “se necesitan más aulas, no más cuarteles para los jóvenes que están fuera de la escuela”.

Los chicos que no estudian ni trabajan: ¿Están en peligro o son peligrosos? Esta última mirada parece ser la más acorde a la respuesta que encontraron los senadores del radicalismo y el peronismo federal, que por 33 votos a 31 aprobaron la idea del cobismo de enviar a varones y mujeres de entre 14 y 24 años a completar su escolaridad y aprender un oficio “en instalaciones de las Fuerzas Armadas que se encuentren disponibles y resulten apropiadas para tal fin”.

Esta medida fue aplicada por Cobos entre 2005 y 2007 durante su gobernación en Mendoza, aunque según datos de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncu) de los casi 1.300 que se anotaron, egresaron poco más de la mitad.

Según se destaca en el polémico texto legal, la idea es “otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo”. El diputado cobista bonaerense Rubén Lanceta abundó recientemente que se trata de un programa destinado a aquellos que estén “en riesgo socioeconómico y moral”. Para ellos, el Estado dispondría de una propuesta de formación donde aprenderían “normas de conductas y de comportamiento social”, una instrucción “desde lo pedagógico hasta la formación en artes y oficios”.

De carácter voluntario y de un año como mínimo de duración, los jóvenes que participen recibirían además un beneficio económico mensual equivalente a 3 asignaciones familiares (660 pesos). En cuanto al contenido de los cursos, serían elaborados por el Ministerio de Educación nacional, y el dictado a cargo de personal de las fuerzas armadas y docentes designados por las provincias.

Abstención socialista

Su tratamiento en el Senado refleja en gran medida el perfil del proyecto, ya que para llegar al recinto pasó antes sólo por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico. No es menor el dato que pese al pedido expreso de varios senadores, la propuesta no haya ingresado también a la comisión de Educación, presidida hoy por el santafesino Rubén Giustiniani, quién de hecho a la hora de votar decidió no ocupar su banca, pese a estar en el Congreso cuando se le dio media sanción.

“Subyace en todo el proyecto una estigmatización, no sólo en la definición de los jóvenes pobres, sino respecto a la línea de formación en oficios. ¿Qué pasa con la formación en arte, en técnicas específicas o en filosofía? ¿O los pobres solamente deben aprender oficios?”, señaló la senadora del Frente Para la Victoria (FPV), Blanca Osuna.

Vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara alta, la legisladora entrerriana manifestó su abierto rechazo a la propuesta de Cobos, cuyo dictamen unificó iniciativas de los senadores radicales Ernesto Sanz y Laura Montero, y del peronista federal Adolfo Rodríguez Saá. Para Osuna “lo que se busca no es incluir a jóvenes al sistema educativo sino crear un circuito separado”.

“Esto implica un grave retroceso en materia de políticas sociales y educativas, y condiciona el acceso de los jóvenes a lo que les corresponde por derecho, establecido por la ley 26.206”, destacó Osuna en referencia a la vigente ley de educación nacional, que hace obligatoria la enseñanza hasta el secundario.

Disparatado

Por otro lado, sin medias tintas, la ministra de Defensa Nilda Garré consideró al proyecto “un disparate”, entre otras cosas, porque el texto legal no especifica a qué se refiere con jóvenes “en riesgo”.

Los gremios docentes también marcaron su negativa. El secretario gremial de Sadop Rosario, Martín Lucero, opinó que “el progresismo pasa porque los chicos tengan oportunidades reales de insertarse en la sociedad a través del sistema educativo formal”. “Todo lo demás —continúa Lucero— son paliativos que contrabandean una ideología retrógrada que estigmatiza a los chicos”.

A su vez la Ctera repudió la propuesta por considerarla  “profundamente discriminatoria”. En un comunicado advirtió que “el lugar natural para la construcción de la ciudadanía y la inclusión social para los jóvenes es la educación, y no el ejército”.

 

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