Policiales
Jueves 16 de Junio de 2016

Solicitan al Estado que proteja a un joven acosado por la policía provincial

La Nación y la provincia deberán velar por la vida de Brian F., cuya historia fue denunciada por el Ministerio Público de la Defensa.

Para frenar el hostigamiento policial que vive un adolescente de 16 años en barrio San Francisquito (donde sufrió ataques a tiros, allanamientos, detenciones y amenazas) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le solicitó al Estado argentino que garantice su protección y coordine con su familia las medidas para preservar su vida. El organismo internacional respondió así a una medida cautelar presentada por la Defensa Pública provincial ante la reiteración de agresiones, sin imputados, y tras el rechazo de un hábeas corpus que intentaba resguardar al muchacho.

"La Cidh conoce que este tipo de prácticas ocurren en Santa Fe, hemos acompañado mucha prueba. Y además le pidió al Estado que avance en la investigación porque sancionar a los culpables es una forma de terminar con las represalias", planteó el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien dio a conocer la respuesta del organismo.

Baleado y allanado. En la resolución 34/2016 la Cidh se pronunció ante el asunto "F. y familia respecto de Argentina". F. es el apellido de Brian, que vive con su madre y su hermana en Alsina al 1300. El 22 de agosto de 2015, cuando aún tenía 15 años, iba en moto con un amigo cuando un ex policía del barrio les gritó que "si seguían haciendo ruido con el caño de escape los iba a matar". Al pasar una vez más frente a la casa el efectivo les disparó desde el techo y un balazo alcanzó a Brian.

La moto cayó al suelo y el conductor se fue corriendo. Brian quedó tirado en el piso boca arriba. Según el informe que presentó Ganón ante la Cidh, entonces el policía se acercó y le disparó otras tres veces, de frente. Los vecinos dijeron que si no hubiera sido por ellos el efectivo habría seguido disparando. El adolescente fue internado en coma en el Heca, sufrió dos operaciones y quedó con problemas respiratorios y motrices.

Tras el incidente, personal de la comisaría 18ª "montó la escena de un falso robo a un cuñado" del ex policía. Al recuperarse Brian denunció al agente, que fue citado a declarar "como testigo" en una causa que investiga la fiscal Marisol Fabbro. En represalia, el 23 de diciembre policías de la comisaría 18ª entraron a la casa de Brian de manera violenta, la allanaron, detuvieron al joven "por robar una cartera" y apresaron a su madre por amenazas.

Ambos fueron liberados cuando la Defensa Pública presentó un hábeas corpus para pedir su resguardo. El recurso fue rechazado por el juez Hernán Postma pero el camarista Daniel Acosta revocó esa decisión y el caso se tratará en una nueva audiencia el martes próximo.

Ataque y torturas. El 15 de enero ocurrió otro atentado contra Brian. Al parecer no detuvo su moto ante un pedido policial y lo atacaron con balas de goma. Luego dispararon con plomo a su casa, lo que obligó a su familia a tirarse al piso. Al salir fue golpeado, detenido y llevado a la 18ª, donde "lo amenazaron diciéndole que si no retiraba la denuncia de agosto iba a terminar muerto". Eso lo investiga la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci.

El último episodio fue el 28 de abril. Brian caminaba con un amigo cuando policías comenzaron a seguirlos. Por las secuelas de la balacera no pudo correr y lo llevaron a la 18ª donde fue "torturado y golpeado para que se hiciese cargo de hechos que no cometió, colgado con los brazos arriba y amarrado por los pies durante dos horas".

Los efectivos le preguntaban si era Brian Maciel, un joven de 18 años que al día siguiente fue asesinado por otro policía cuando iba en bicicleta por Garay y San Nicolás. Tras la golpiza, Brian F. terminó en el Irar, "aislado y sin comida hasta el día siguiente" en que una jueza de Menores le otorgó la libertad. El mismo policía que lo había golpeado en la 18ª quedó a cargo de controlar la permanencia de F. en su casa.

Antes de pronunciarse, la Cidh pidió informes al Estado argentino, que no aportó datos. Para la Comisión esto "hace imposible conocer acerca de las medidas implementadas y la posición del Estado sobre los hechos". El organismo consideró que en el caso se cumplen todos los requisitos para otorgar una medida cautelar: existe una situación grave como los "continuos hechos de violencia y hostigamiento" referidos, reviste carácter urgente y se constata el riesgo de un daño irreparable.

Por eso solicitó que el Estado "adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de F. y sus familiares", que coordine con ellos las medidas a adoptar, que informe lo actuado en un plazo de 15 días y que avance en la investigación de los hechos. En ese marco, Ganón señaló que aún no obtuvo respuesta del Ministerio de Justicia nacional pero se iniciaron acciones con el Ministerio de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos del Senado provincial y la Dirección de Niñez que seguía el caso.

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