El juez federal Claudio Bonadio volvió a sobreseer a cuatro médicos de la Fundación de la Hemofilia en la causa que los investigaba por el contagio de miles de pacientes con esa patología con HIV y hepatitis C mediante transfusiones. Los afectados, según la querella, fueron unos 1200 por hepatitis C y unos 497 con HIV, más allá de que los cuatro médicos imputados reconocieron poco más de 200 casos. Los contagios ocurrieron entre 1979 y 1985, para el HIV, y entre 1979 y 1991, para la hepaticis C, según la agencia DYN. Hoy sólo tres de todos ellos sobreviven. Bonadio intervino en el expediente en 2005, y lo declaró prescripto en 2012. Ahora volvió a hacerlo, contrariando al parecer una orden de la Casación.
La Sala Primera de la Cámara Federal había ratificado en fallo dividido que se había extinguido la acción penal. Pero la Cámara Federal de Casación, a fines de 2015, reabrió la causa, en un voto de los conjueces Norberto Frontini y Roberto Boico, a quienes el nuevo fallo de Bonadio descalifica por sus condiciones de jueces no designados por el mecanismo constitucional. Bonadio insistió en que la acción penal se ha extinguido por prescripción debido al transcurso del tiempo.
En reacción al nuevo fallo, el abogado Gonzalo Giadone denunció penalmente a Bonadio por "prevaricato" (tomar decisiones contrarias a derecho), "desobediencia", por no acatar lo ordenado por el fallo de la Sala I de Casación Penal, que en 2015 había dicho que debía investigarse la causa y elevarla a juicio oral.
Pero Bonadio volvió a sobreseer, al considerar que pese al número de afectados, no se trata de un "delito continuado" ni de lesa humanidad, únicos aspectos que habilitarían la vigencia de la causa. La demanda se inició muchos años más tarde de los hechos, en 2005, cuando el Cuerpo Médico Forense informó que "se detectó el virus de la hepatitis C y no se detectó HIV", aunque este último dato "podría ser por el tiempo transcurrido y el modo de conservación de las muestras".
La contaminación se produjo desde 1979 a 1991. En ese largo lapso, los médicos Raúl Pérez Bianco y Miguel De Tezanos Pintos; y los directores de la Fundación de La Hemofilia, Eduardo Cordero Biedman y Eduardo Alfredo Díaz, habrían sabido, según la acusación que los preparados coagulantes sanguíneos a base de miles de donantes estaban contaminados con HIV y hepatitis. Según la acusacion, existía una advertencia de la Federación Mundial de la Hemofilia y de la Agencia Federal de Salud de los Estados Unidos para que no se utilizaran esos concentrados. Empero, el conocimiento del HIV-sida comienza recién en 1982, cuando se lo denomina AIDS, por sus siglas en inglés. De modo que hay una ventana de tres años en que, en lo que respecta al HIV, los médicos no podían tomar medida alguna. Los afectados, según la querella, fueron unos 1200 por hepatitis C y unos 497 infectados con HIV. Los acusados reconocen poco más de 200 casos. Los pacientes se infectaron del virus del VIH al ser transfundidos con sangre proveniente de frica y procesada en Francia. El concentrado era importado por la Argentina, que fue uno de los países más afectados por esta contaminación a gran escala, aunque se estima que en Estados Unidos y otras naciones europeas hay entre 6 y 10 mil pacientes en idéntica situación.
"Que lo aparten"
"Pido que el juez Bonadio sea apartado de la causa porque está violando garantías constitucionales de enfermos terminales y del derecho a la verdad, pese a que hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación de Justicia", declaró Giadone. "De la causa madre solamente quedan dos hemofílicos con HIV vivos, todos los demás fallecieron con el paso del tiempo esperando que el juez hiciera Justicia", agregó el letrado que representa a todos los afectados junto con Máxima Medina. A esos dos sobrevivientes se suma un tercero, que también reclama a la Justicia.