Opinión
Sábado 06 de Agosto de 2016

Sobre los tarifazos

¿Y el bien común? Es necesario que la Nación deje sin efecto los bárbaros incrementos del gas y la luz, y que respete el mandato constitucional de hacer audiencias ciudadanas para establecer el monto de los incrementos.

Zygmunt Bauman, en su larga bibliografía, nos demuestra cómo la lejanía entre la generación de un acto y las consecuencias del mismo producen ajenidad e insensibilidad en el autor de los mismos. El gran sociólogo nos da muchos ejemplos históricos en tal sentido.

Las lejanías producen deterioros de las empatías y por ende de la solidaridad. Los laboratorios sociológicos, económicos e ingenieriles de ensayo, prueba y error también. Son en la cercanía emotiva, intelectual y material las que generan comprensión, solidaridad y justicia social y ambiental.

La soberbia es ruptural con el bien común y la solidaridad. Es el mayor grado de lejanía con el semejante. Aunque se la disfrace de humildad.

El respeto con la otredad permite la conversación existencial. No decimos tolerancia, porque implica una superioridad del tolerante respecto al tolerado. El respeto, en cambio, se da en un plano de igualdad.

Los actos de gobiernos exorbitantes de la Nación, como el tarifazo del gas, primero de más del 1000 por ciento y luego del 400 por ciento sobre las facturas residenciales del mismo período del año pasado, nos señalan cuán alejadas están éstas autoridades de la cotidianidad de la ciudadanía.

Es un despropósito y una apología a la desmesura e insensibilidad, al no tener el Estado nacional en consideración que dichos montos no se pueden pagar por gran parte del pueblo, como tampoco tuvo en cuenta que el aumento promedio de sueldos en paritarias fue de un escaso 30 por ciento, con una inflación del primer semestre del 29 por cieento. Se calcula que en el mismo período se incrementó en 1,5 millón los nuevos pobres y que la pobreza misma llega a más del 32 por ciento.

Si a esto le sumamos los 200 mil nuevos desocupados, las preguntas que surgen son las siguientes: ¿hacia dónde vamos? ¿Después, qué va a sucedernos? Estas cuestiones desnudan todo el proceso, y las respuestas, por el actual camino económico, son muy negativas.

Los tiempos entre 1990 a 2001 dejaron huellas profundas de dolor. Los que en ésa época junto a la Asamblea por los Derechos Sociales, entre otras tantas entidades y actores, resistimos y luchamos contra las privatizaciones, tarifazos y perversiones desreguladas, sabemos de analogías. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que lograr que nunca más se repitan.

La democracia no es una empresa económica. Requiere de mucha conversación, que es más que el diálogo y su hipocresía. Exige el oído del poder para los planteos del pueblo y respeto por los derechos sociales y humanos.

No responder el gobierno nacional al derecho a ser oído por el ciudadano, es ir para atrás. Muy para atrás. El salto a la modernidad democrática fue y será, entre otros elementos, el derecho a ser oído por el poder. En la monarquía absoluta el rey sólo se oía a si mismo. La democracia puso fin a dicho soliloquio. Escuchar es escuchar al otro.

La Carta Magna con la reforma de 1994 estableció el derecho ciudadano a ser oído por el Estado. Así, la ley nacional del servicio público del gas y de la electricidad establecieron explícitamente las audiencias públicas. Hubo muchos antecedentes a favor de las mismas. Entre ellos, podemos ver cuando la Asamblea por los Derechos Sociales en el año 2014 interpuso un reclamo ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por incrementos de la tarifa de gas sin audiencia previa. El dictamen de dicho organismo nos dio la razón.

En tiempos de altas tecnologías, identificar medios de publicidad, propaganda y difusión con comunicación con y entre la ciudadanía, es un error. No hubo comunicación alguna entre el Estado nacional con la sociedad respecto al aumento del gas.

Es necesario para el bien común que se deje sin efecto este bárbaro incremento, se convoque a las constitucionales audiencias públicas y se mantengan los subsidios, de suyo, con las correcciones, transparencias y mejorías que se deban realizar. Para ello, qué mejor que las audiencias ciudadanas. No hay incremento sin el derecho de ser oído.

Realidad aumentada. ¿Sirve seguir sosteniendo un aula tradicional frente a los nuevos intereses de los alumnos?

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