Cartas de lectores
Jueves 01 de Diciembre de 2016

Sobre la ley de alquileres

La media sanción en el Senado de la nueva ley de Alquileres es un paso más que importante para empezar a poner un freno a los abusos de las inmobiliarias y proteger los derechos de los inquilinos. La extensión mínima a tres años de los contratos con fines de vivienda; las actualizaciones anuales a través de un índice que promedie costo de vida y salario, sólo permitida en los casos en que la inflación oficial estimada supere el 10 por ciento, y no según los antojos del mercado como hasta ahora; el pago de los impuestos que gravan la propiedad y las expensas extraordinarias a cargo de los propietarios; que el depósito de garantía no supere un mes de alquiler y sea devuelto obligatoriamente cuando se entregan las llaves al término del contrato, con un monto equivalente al último mes abonado; y que la rescisión del contrato por parte del inquilino pueda realizarse en cualquier momento y no a partir de los seis meses como en la actualidad; son cambios que abren la oportunidad de avanzar hacia un marco de alquiler más equilibrado y justo. Este 1º de diciembre se cumple un año desde que lanzamos la campaña "La Vivienda es un Derecho, no un negocio", con el ingreso de los proyectos de ordenanza al Concejo Municipal para crear la Defensoría Pública del Inquilino, una Tasa al Inmueble Ocioso y un Registro de Bienes Inmuebles. El camino que elegimos al poner este debate en la calle, de cara a todos los vecinos de la ciudad, nos marca que la participación, el compromiso colectivo y la organización, son los medios para visibilizar esta realidad, desnaturalizar las prácticas abusivas de las inmobiliarias e instalar en la agenda pública el derecho a la vivienda. Tenemos ahora el desafío de avanzar hacia un nuevo paradigma que sitúe al inquilino como un sujeto de derecho y al alquiler como un servicio público de primera necesidad, que no puede quedar librado al mercado y tiene que dejar de ser pensado como un mero contrato entre privados. Esperamos que este paso permita que se trate el proyecto que propone crear la Defensoría Pública del Inquilino en el marco del Estado local, como una herramienta concreta y necesaria para controlar a las inmobiliarias y empoderar a los inquilinos. La ciudad debe ser de todos, y no del mercado inmobiliario. Hacia allá vamos.

Sebastián Artola

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