Opinión
Lunes 08 de Agosto de 2016

Sin religión oficial

La Constitución provincial. La reforma que el gobierno de Lifschitz buscará quiere separar la Iglesia del Estado. A nivel nacional la Carta Magna sólo "sostiene" el culto católico, apostólico y romano, pero en Santa Fe éste "es" religión oficial.

Los 19 folios que integran el laborioso trabajo firmado por el director provincial de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, denominado "Plan participativo y estratégico para la construcción de acuerdos en torno a la reforma constitucional en Santa Fe" y que en su carátula puede leerse: "Una Constitución para el Siglo XXI en Santa Fe; una Constitución de todos"; configuran la hoja de ruta de cómo transitar la escarpada cuesta, mes por mes, actividad por actividad, hasta desembocar en febrero 2017 con la presentación formal del proyecto de reforma más consensuado que se hubiere podido lograr desde 1962 -fecha de la actual- a esta parte.

No puede menos que coincidirse con un plan que declara tener "como punto de partida la concepción de la reforma constitucional como una política de Estado que debe legitimarse y desarrollarse en base al diálogo y los consensos alcanzados en un proceso de deliberación democrática, altamente participativo e inclusivo donde estén representados las distintas fuerzas políticas y las diversas voces e intereses de los múltiples actores instituciones y sectores sociales de la provincia". Una lindura por el lado que se lo mire, y no es irónica la observación.

No obstante el dossier que resumió la reunión de gabinete del 25 de julio último titulado "La reforma constitucional como política de Estado" puede leerse que "debe ser concebida" (…) "como un proyecto estratégico de un gobierno progresista que tiende a dar respuestas a los problemas y reclamos de la sociedad santafesina". ¿En qué quedamos, alcanzamos consensos primero o imponemos un proyecto estratégico del gobierno?

Más inquietante aún resulta que en esa misma reunión cuando se les pregunta a los ministros qué temas de sus áreas incorporarían a la reforma, se les sugiere a renglón seguido: "incorporar los avances y políticas públicas en marcha por el Frente Progresista Cívico y Social en estos años y las que planteamos como gobierno para el futuro y deban ser parte del texto constitucional y/o del debate público. Se trata de generar (generemos) una agenda política pública en torno y a raíz de la reforma". Nuevamente nos preguntamos en qué quedó la discusión abierta y consensuada.

El segundo punto del plan que Blando elevara al gobernador Miguel Lifschitz está dedicado a la "Estrategia política y comunicacional" y afirma que tiene que explicar y sintetizar "las ‘buenas razones' y fundamentos del por qué se propicia la reforma constitucional. También sería conveniente que todas las opciones de participación y programas se centralicen en una sola plataforma digital. Las razones por las cuales se promueve la reforma, debe incluir otro objetivo estratégico de la reforma la participación de los actores sociales en las distintas etapas del proceso constituyente. El objetivo consiste en que esa participación por un lado logre dotar de la mayor legitimidad social al proceso de reforma y por otro, y fundamental, que la ciudadanía se apropie del debate sobre la necesidad de la reforma, sea protagonista del cambio institucional y tome conciencia cívica sobre los beneficios concretos para su vida en una sociedad democrática. También deben tenerse presente y elaborarse respuestas sobre las probables objeciones a la propuesta de reforma constitucional, es decir, responder a por qué no la reforma (que hay temas más urgentes; que la gente no lo pide; que es una reforma para los políticos, etcétera)".

El punto VI del plan con un gráfico de círculos amarillos se explica "el contenido de la reforma. Materias o agenda de temas sujetos a reforma". En el círculo del centro se lee: La Constitución de todos y en los restantes que rodean a éste como si de pétalos se tratara están los temas que son 1) Democracia y participación, 2) Igualdad y diversidad, 3) Ciudades sustentables y seguras, 4) Acceso a una Justicia independiente, 5) Derecho a la salud y a la educación, 8) Medio ambiente sano, un derecho de todos, 7) Instituciones y transparencia.

Yendo ya a los aspectos más concretos para legislar sobre estos tópicos génericos -de los que daremos apenas algunos ejemplos por razones de espacio- se seguirá el orden y denominación establecido por la Constitución de 1962 vigente. Es decir: Principios, derechos, garantías y deberes. Se propone "estudiar la incorporación de una cláusula en defensa del orden democrático Constitucional y del Estado de derecho, concordante con lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución nacional" lo que sería un reconocimiento del pueblo de Santa Fe a la democracia. También se prevé "la incorporación de una cláusula general expresa de reconocimiento de los derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y de los que en lo sucesivo se incorporen". Que la educación sea considerada un derecho humano y se fije un porcentaje presupuestario que se destine a ella; consolidar la protección de la infancia y los organismos de control institucional, son aspectos auspiciosos del Plan, con los que difícilmente haya muchas disidencias.

No más religión oficial. A continuación surge el que quizás sea el avance más notorio (además de necesario) y, probablemente, uno de los más controversiales. La reforma que el gobierno de Lifschitz buscará quiere separar la Iglesia del Estado. Lo que muchos santafesinos no saben es que a diferencia de la Nación en la que Constitución (desde 1853) solo "sostiene" el culto católico, apostólico y romano; éste en la provincia de Santa Fe "es" religión oficial.

El artículo 3 de la Carta Magna provincia dice textualmente: "La religión de la provincia es la católica, apostólica y romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes". La contundente conjugación del verbo ser en tiempo presente tornándolo afirmativo: "es" en relación a la religión de la provincia es lo que la hace oficial. En la Constitución del siglo XXI que propone el gobierno de Lifschitz se sugiere "la igualdad de todas las religiones" y lisa y llanamente "discutir sobre la derogación del art. 3".

Habrá que ver cómo reaccionan la Iglesia Católica que al ex gobernador Nicasio Oroño y sus descendientes excomulgó en 1867 por haber promulgado la ley de matrimonio civil; no ahorró críticas extremas al presidente Raúl Alfonsín en 1986 por las leyes de divorcio y patria potestad compartida y en 2010 calificó de "obra del Diablo" (Bergoglio dixit) a la iniciativa de la presidente Cristina Fernández de promover y promulgar la ley de matrimonio igualitario que también estará en la reforma santafesina consagrado.

El plan oficial santafesino, promueve el "reconocimiento del derecho a la identidad y a ser diferentes sin ningún tipo de discriminación. Prohibición expresa de toda forma de discriminación, restricción y exclusión basados en motivos o con pretexto de condición sexual, genero, raza, etnia, color, edad, estado civil, idioma, religión, nacimiento, trabajo, nacionalidad, identidad de género o su expresión, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, opinión política o de cualquier otra razón que pueda menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. El reconocimiento del derecho a la igualdad real entre hombres y mujeres y de derechos sobre la perspectiva de género. Obligación estatal de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos así como realizar acciones positivas encaminadas a eliminar normas desigualitarias y discriminatorias".

Régimen electoral. Como se verá a continuación, el plan parece propender a que las listas estén integradas por la misma cantidad de hombres y de mujeres. "1) Establecer que las leyes que modifican el régimen electoral y de los partidos políticos deberán ser aprobadas por mayorías especiales. 2) Proponer la creación de una justicia electoral independiente, especializada y permanente. 3) Reconocer el derecho al sufragio activo a los jóvenes a partir de los 16 años (o según respondan a estado de madurez o similar). 4) Incorporar como uno de los principios del voto, su intransferibilidad impidiendo el sistema electoral de doble voto simultáneo o ley de lemas. 5) Establecer pautas de acciones positivas que lleven a obtener similar participación en cargos electivos y partidarios a varones y mujeres".

Poder Legislativo. Este es otro punto conflictivo. Los senadores peronistas le anticiparon a Lifschitz que le votarán la reelección pero ni ellos ni los radicales quieren oír hablar de unicameralidad. Por tal razón Binner y Bonfatti en su momento la borraron de sus propios proyectos reeleccionistas. Blanco sugiere que se discuta cuando se hable de la composición del Poder Legislativo: "1) Discusión sobre unicameralidad o bicameralidad. 2) Forma de representación (mayorías y minorías) en la Cámara de Diputados y Senadores o de eventual cuerpo unicameral. 3) Ampliación del período de sesiones ordinarias: comprendiendo del 1º de febrero al 30 de noviembre. 4) Establecer causales precisas de inhabilidad para ejercer un cargo de legislador. 5) Discusión sobre régimen de remuneración y de otros gastos y adicionales. 6) Prever mecanismos de urgente tratamiento de proyectos de ley. 7) Definir las condiciones y alcance del veto parcial". También habla de que estudie la doble vuelta o ballottage para elegir al gobernador y vice.

El plan concluye con un esquema de fechas que, como dijimos más arriba, termina en febrero de 2017. Sin embargo esta semana Lifschitz recibirá al presidente del comité provincial de la UCR, Rubén Galdeano, (quien ya anticipó sólo irán a escuchar) dando inicio formal a la ronda de consulta con partidos políticos. Es que, políticamente en febrero de 2017, todos -—absolutamente todos- los actores políticos ya estarán ocupados en los procesos electorales de ese año (municipal para concejales y presidentes comunales y nacionales para diputados) y por eso algunos partidos como el PPS, el GEN y sectores del PJ (y hasta del socialismo) sólo aceptarían, dicen, que se elijan convencionales constituyentes provinciales en 2018.

Pero eso a Lifschitz, no le sirve ni le conviene. Por eso es que milita la urgencia con fervor casi religioso.

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