El pésimo estado de la autopista Rosario-Santa Fe y las dificultades declaradas por el concesionario para afrontar su repavimentación completa es un problema que sigue en estudio en el Ministerio de Infraestructura de la provincia. El ministro del área, José Garibay, reiteró que están "analizando el contrato" con los privados y por otro lado si "tomamos nosotros" las obras.
El contrato de concesión fue firmado el 29 de diciembre de 2010 entre la provincia y la firma Arssa por un plazo de 10 años y la posibilidad de uno más de prórroga. El acuerdo otorgó a la firma "en concesión pública por peaje la construcción, mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista AP-01 Brigadier General Estanislao López".
Sin embargo, el estado actual de la mayor parte de la traza es deplorable y muy criticado por los usuarios habituales.
Al respecto, Garibay indicó ayer que "la estructura con que se licitó la autopista tenía planteado que el concesionario desarrollara la repavimentación en los primeros cinco años" de concesión, tiempo que ya ha expirado. Explicó que "para eso lo que debería haber hecho (el operador privado) es conseguir un crédito para poder hacer este desarrollo y eso no se hizo, por eso no se pudo cumplir contractualmente con lo que estaba previsto".
El ministro señaló que "al día de hoy, de lo que debería haber sido la repavimentación de 320 kilómetros —160 de cada mano— debemos tener sólo la tercera parte, por eso nos vemos en la necesidad de reanalizar ese contrato, de verificar y ver las causas del no cumplimiento".
Añadió que algunas de las razones del incumplimiento que alega el concesionario son "la no adecuación en tiempo y forma de la tarifa (de peaje) en algunas instancias, y otra parte es la situación extrema de déficit estructural que presentaba la autopista cuando se hicieron cargo, lo que los obligó a hacer mayores inversiones" iniciales.
Para Garibay, "hoy estamos en la obligación de repensar ese contrato, y evidentemente la empresa no tiene capacidad, con los tiempos que tiene y la tarifa que se cobra, de desarrollar esa inversión, que es necesaria porque la autopista está en una condición de transitabilidad muy precaria".
Entre las opciones para resolver el problema están "si tomamos nosotros —el Estado provincial— la responsabilidad y en qué condiciones de hacer algo de inversión desde la provincia", indicó.
En otro orden, Garibay señaló que la provincia mantiene negociaciones con los consorcios camineros que explotan las rutas 14, 18 y 70. "Tenemos previsto y ya hemos empezado en la 14 una repavimentación, y estamos en la 70 hablando también con el concesionario y los municipios en el desarrollo de estos trabajos con fondos que aportaría Vialidad Provincial", reseñó Garibay.
El funcionario agregó que "estamos en diálogo para ver de qué manera lo hacemos, si es a través de los aportes que hagamos directamente al consorcio caminero o si vamos a licitar desde Vialidad Provincial".