Política
Domingo 08 de Enero de 2017

Sigue la polémica por la iniciativa oficial de bajar la edad de imputabilidad

La mayoría de los partidos de la oposición rechazan la idea, aunque hay consenso en discutir la normativa vigente que rige desde 1980.

Si bien el gobierno afirmó que quiere tratar la reforma del Régimen Penal Juvenil en 2018, el debate ya comenzó y los distintos sectores políticos el país se expresaron a favor y contra de la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque coincidieron en que existe la necesidad de reformular la normativa que rige desde 1980.

   La modificación del régimen también genera diferencias entre los dirigentes de un mismo partido, mientras la Iglesia ya aclaró que está en contra de llevar la edad de imputabilidad a los 14 y reclamó no convertir a los jóvenes en "enemigos sociales".

   Antes del inicio de la campaña electoral, el gobierno anticipó su intención de discutir la cuestión en el Congreso después de los comicios, aunque señaló que convocará a una comisión de expertos para elaborar la propuesta legislativa.

Matices

Dentro del oficialismo existen algunos matices con respecto al tratamiento del Régimen Penal Juvenil, aunque hay consenso en la cuestión de fondo.

   La Coalición Cívica de Elisa Carrió recordó esta semana que su espacio presentó un proyecto sobre el tema, que contempla a los jóvenes de entre 14 y 18 años, y establece penas de "privación de libertad domiciliaria y privación de libertad en centros especializados" sólo en casos de delitos graves.

   En tanto, el diputado de la Unión Cívica Radical Mario Negri expresó: "Creo que hay que abordar el tema desde un Instituto Penal Juvenil. Pero si el gobierno eligió el camino de la consulta, no de la mediatización de un tema que tiene que ver con el dolor, creo que va por el camino correcto. Es impensado imaginar que vamos a ir a la atropellada a modificar el Código Penal".

   Entre los que se encuentran a favor está el Frente Renovador de Sergio Massa, que en 2015 presentó un proyecto para bajar el límite de la imputabilidad, pero advirtió que esa medida debe ser acompaña con mejoras del sistema, ya que —según dijo— "la baja de edad sola es, sin duda, un golpe de efecto que no resuelve el problema".

   En ese grupo también está el vicepresidente del Partido Justicialista, Daniel Scioli, quien ya había impulsado la reducción de la edad de imputabilidad para casos graves cuando estuvo al frente de la Gobernación bonaerense.

   En contra figuran la aliada política de Massa, Margarita Stolbizer, quien no avala las penas para los menores de 16, pero concuerda en que debe haber una discusión sobre el Régimen Penal Juvenil.

   El jefe del bloque de diputados nacional del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, rechazó la baja, aunque dijo que están dispuestos a "discutirla", junto con un reforma general "del sistema juvenil".

   La ex presidenta Cristina Kirchner se había mostrado conforme con un debate sobre la baja a 14 años en 2011, al considerar que sería una "adecuación a los tiempos que corren".

   "Ya tiene media sanción por parte del Senado (había sido votada en 2009) la reducción a 14 años que, en definitiva, es un derecho penal juvenil diferente para darle un marco de protección pero también de adecuación a los tiempos que corren", había señalado la ex mandataria en ese momento.

   A su turno, el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, afirmó que "el problema no son los menores", ya que "los delitos cometidos por menores de edad son un 5 por ciento" del total.

   El peronista bonaerense Julián Domínguez, en tanto, se declaró en contra y advirtió que "pretender bajar la edad de imputabilidad a 14 años es pensar que el fuego se apaga con nafta".

   Por el Frente de Izquierda, el ex diputado nacional Nicolás Del Caño rechazó la propuesta y agregó: "La respuesta a los problemas de seguridad no pasa por bajar la edad de imputabilidad de niños y adolescentes".

   El dirigente del Frente Renovador y ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, remarcó que la medida no dio resultado en otros países y consideró que debe haber una reforma "integral" del sistema.

   En tanto, la Fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su "preocupación" tras el anunció del gobierno, al evaluar que con estas iniciativas "se profundiza la criminalización y la estigmatización de los jóvenes".

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