En la página 137 de “Concepto de la política” (Editorial Struhart & Cía) el autor plantea una cuestión que sigue ocupándonos. La incidencia de la economía como cuestión fundamental del poder político y las derivaciones del “enemigo”, redefinido con otros sustantivos. El autor del libro es Carl Schmitt.

La secuencia está clara en la memoria. Podemos evocarla. Perón ubica a los trabajadores en una situación excéntrica según la división de clases de Carlitos Marx y los suyos. Otorga las conquistas obreras, las que le tocan porque es justicia social. Las primeras. Después de la afiliación única, en una sola central obrera reconocida, la derivación es “natural”. La central obrera es francamente peronista. El obrero es la fuerza básica del peronismo (“conozco una sola clase de hombres, los que trabajan”) Toda la construcción política se hace con esa pasta base: peronismo y gremialismo. El reconocimiento es explícito: el movimiento obrero es la columna vertebral del justicialismo. ¿Se entiende? Según Perón, sin la CGT el peronismo es invertebrado.

Perón manejaba la CGT y la clase obrera le respondía, pero no descuidaba las cadenas de mando. El poder de la clase obrera peronista es mucho. Fue. Será. Con Perón vivo, pero lejos, el peronismo trató de ejercitarlo. Augusto Timoteo Vandor no es otra cosa que un gremialista que se da cuenta. Perón también se da cuenta que Vandor se dio cuenta.

El sector obrero es el que aporta todo al peronismo, menos la rapiña para destriparlo. Los muertos de la resistencia son peronistas, pero básicamente obreros. No son tantos los mártires conocidos como los verdaderos, los anónimos, los de base. Los 18 años de la Resistencia Peronista, un período importante de nuestra contemporaneidad (1955/1973) los riega, los abona, los enluta el peronismo, con pocos dirigentes y muchos lutos populares, barriales, simples.

Cuando el 1° de mayo de 1974 Perón hecha a los montoneros de la Plaza de Mayo en el primer acto por el día de trabajador con él de vuelta, no los hecha de cualquier sitio; los expulsa de una fiesta de los trabajadores, que había comenzado desde el mediodía con actores, cantores, con todos festejando el día de los laburantes y se reitera: con Perón en Argentina después de tanto tiempo. Cuando deben retirarse del tercio que ocupaban, al costado y paralelos a la Catedral Metropolitana, son molidos a palos y a trompadas por los del medio de la plaza. Los obreros, con la UOM como lo que era: columna vertebral del movimiento obrero. No ha terminado esa pelea.

Usar al peronismo políticamente es usar a los trabajadores políticamente. Nunca ha sido claro ese nexo. No puede serlo. Las “62 organizaciones peronistas” fueron un artilugio, un by pas. Nada resuelve el peronismo sin la movilización, la exaltación, la participación del sector obrero. El tercio de los cargos políticos que el peronismo destina (destinaba) al sector obrero es un reconocimiento al poder que tiene y la sangre que derramó. Negar esos cargos va de suyo que es negar el poder que tiene y la sangre que derramó. Es cambiar los términos del equilibrio inestable que el peronismo posee.

Cuando este gobierno encarcela a Zanola, el líder bancario que habría cometido ilícitos bien documentados, no mete preso a un corrupto. No mete preso solamente a un corrupto. Mete la mano en el poder gremial.

Económica, política y socialmente es meter la mano en el poder gremial. La puerta se la abre la corrupción, pero muchas veces estuvo sin llave.

Los bancos siguieron trabajando y los líderes o referentes del sector bancario se cuidaron muy bien de abandonar las obras sociales, las comisiones, los cargos, el sitio: el poder.

Vista así la cuestión el recambio de un nombre sería eso. Un nombre. Zanola no es, en este sentido, diferente a cualquier otro. Zanola no es diferente a Moyano. La inversa es posible: Moyano no es diferente a Zanola.

Resultan diferentes, significantes, dos cuestiones. El peso del poder gremial en el peronismo. El concepto social que se tiene del “gremialismo”. En el gobierno estas líneas están diferenciadas. Los que disputan el poder en el gobierno, pero son peronistas, discuten un nombre: Moyano. El poder gremial en las cuestiones del ejecutivo es una cosa. El concepto social del peronismo es otra. Todos los líderes sindicales son sospechosos para la clase media y sus referentes. De hecho que el poder empresarial sostiene ese concepto. Para las economías empresariales el poder gremial es fastidioso, es molesto y encontraron la fórmula ideal: es sospechoso. Todo gremialista es sospechoso de ladrón. Moyano es gremialista. El silogismo es un estado de conciencia en la clase media argentina.

No es difícil sostener una hipótesis: Moyano preso soluciona la coyuntura. Moyano es la coyuntura. Que el titular de la CGT vaya preso es, además, una formidable campana de alerta al total del peronismo gremial, que es la base del peronismo. El mensaje es claro: el Estado soy yo, no me jodas que te meto en cana. Un gremialismo cautivo y sometido lleva a pactos políticos más favorables y situaciones sociales más distendidas.

Moyano preso no soluciona la corrupción, si la hubiese en su caso. Es anterior y posterior a Moyano. La corrupción, si se quiere sentar una base para la discusión, debe indicarse que es conceptual. Estructural.

Como en el caso de los crímenes ¿A quien beneficia? Coyunturalmente beneficia a Cristina Fernández de Kircher y su gobierno. Hay, por detrás, otro beneficiario. El vengativo rencor de aquellos muchachos que el gremialismo expulsó a trompadas de la plaza luego que el viejo les dijese que eran. La frase, que incluía la calificación de estúpidos e imberbes, venía precedida de una jerarquización a los obreros, a quienes exaltaba luego de años de ausencia, de proscripción, de resistencia. Para Perón la resistencia la hicieron los obreros.

Sería tonto no indicar quienes son los terceros beneficiados. Los sindicatos de base, los sindicatos autónomos, los sindicatos no peronistas, los sindicatos "clasistas”. Atomizar el poder gremial ha sido el exclusivo anhelo de todos los grupúsculos de izquierda que sueñan, como si Trotsky estuviese empujándolos, en destripar el poder gremial que tiene el peronismo. El alto empresariado y los sindicatos clasistas sueñan lo mismo: desguasar la CGT.

Más allá de la soberbia que tiene el “kristinismo” conviene repetir un proverbio oriental. Nunca enciendas un fuego que no te sientas capaz de apagar.

Fernando Norberto Manzano

Jorge R. Alonso

Roberto O. Durán

En primer lugar queremos señalar que hemos sido contratados por las propietarias del inmueble a los fines de su puesta en valor, recuperando y conservando la estructura arquitectónica del mismo, realizando las adecuaciones necesarias a tales fines según la reglamentación vigente en la materia, lo que consta en el permiso otorgado oportunamente por la Municipalidad de Rosario.

Si bien el inmueble presentaba un alto grado de deterioro producto de haber estado usurpado durante largos años, fue una voluntad explícita de las propietarias —Marcela y María Inés Rodríguez Aguilar— llevar adelante esta inversión, priorizando las razones afectivas y de compromiso con la preservación para la memoria familiar y social, de un testimonio de nuestro pasado inmigratorio laborioso del S XIX para el S XXI, frente a otras opciones orientadas por motivaciones económicas, muy atendibles por cierto.

Pero, al mismo tiempo, la nota infiere que se trataría de un edificio catalogado por el Programa de Preservación Patrimonial de la Municipalidad de Rosario y por lo tanto "protegido". La explicación que se da acerca del "buen negocio que la especulación inmobiliaria tejió sobre los edificios protegidos", comprándolos a bajo precio para abandonarlos y luego solicitar la "declaración de ruina", induciría a pensar que dicho inmueble estaría siendo objeto de tales maniobras.

En este sentido, queremos dejar aclarado que dicho inmueble no se encuentra en el listado de edificios catalogados, como se nos informo oportunamente en la Oficina del Programa de Preservación Patrimonial de la Municipalidad de Rosario, ante nuestra requisitoria de poder acceder a algún tipo de subsidio para llevar adelante las tareas de recuperación de la fachada, pedido que por lo tanto fue denegado.

Este hecho puntual deja en evidencia la necesidad de instalar un debate amplio en la sociedad acerca de la ciudad que queremos, del rol que le cabe a los actores involucrados, fundamentalmente el Estado local, y de la responsabilidad profesional de los arquitectos frente al "hacer ciudad".

No cabe duda que la rentabilidad que ofrece hoy el sector de la construcción, produce una presión sobre el suelo urbano, lo que queda de manifiesto en las permanentes operaciones de "sustitución", sobre todo en el área central. Este proceso que tuvo sus orígenes en la década del 60 dio como resultado la conformación de un espacio urbano heterogéneo, desordenado, confuso y cambiante.

Queda en manos de profesionales y clientes una "toma de posición" frente a la cuestión: o mantener lo existente como huella histórica de la ciudad readaptándolo a los nuevos usos que la vida urbana impone, o hacerlo desaparecer.

Un tema pendiente entonces, que excede a este artículo, es producir un debate profundo acerca de qué significa "valor patrimonial" y cual deberían ser los criterios para su evaluación, los que hasta ahora se fundan en una valoración externa de los edificios sin considerar las cuestiones que hacen a la memoria colectiva de nuestra sociedad.

Entendemos que en la construcción de la ciudad convergen múltiples actores —Estado, mercado y sociedad—, con sus lógicas e intereses propios y con diversas cuotas de poder para tomar decisiones y que la ciudad necesita del mercado porque la ciudad es fundamentalmente un lugar de intercambio y el mercado es una forma efectiva de asignar bienes y servicios, pero lo que tiene que haber entonces, es un poder público que regule este mercado, generando instrumentos de gestión que pongan freno a la especulación inmobiliaria que los mismos funcionarios municipales denuncian en el artículo mencionado.

Los arquitectos tenemos en esto, una responsabilidad social ineludible ya que el acto de resolver "lo privado" lleva implícito el compromiso con "lo público", o sea con la ciudad, donde se amalgama lo colectivo y lo privado, la sociedad y el individuo. La cuestión no es "que" se construye sino "como" se hace, es decir la lógica que asume el proyecto frente a la construcción de la ciudad. No es criticable entonces que se construyan edificios nuevos demoliendo lo existente si no hay una regulación que lo impida y, por otro lado, no todo lo "viejo" es sinónimo de "bueno"

Aun desde la pequeña intervención, el desafío del proyecto de arquitectura debe contribuir al rescate del valor colectivo y la dimensión cultural del espacio público, reelaborar el imaginario que tiene la ciudad acerca de cada lugar, reinterpretando la memoria urbana. Producir la conjugación entre tradición e innovación, encuentro entre pasado y presente.

Hasta esa fecha el delito de lavado de activos estaba incluido en en capítulo XIII del título XI, artículos 277 al 279, denominado “Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo”.

El artículo 278 preveía :

1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos (50.000 pesos), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;

El actual artículo 303 preve:

1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (300.000 pesos), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

El delito de lavado implica la transformación de bienes (generalmente dinero) de origen ilegal a dinero legal. El lavador simula incorporar al mercado lícitamente un determinado bien, a pesar de que el origen del mismo provino de alguna actividad ilícita.

Consecuencias de la reforma:

Se eleva el mínimo de la escala penal, como así también el monto establecido como condición objetiva de punibilidad, no obstante sancionar en el inciso 4 el lavado sin monto con una escala menor.

De todas maneras, a nuestro juicio la modificación más importante radica en el reemplazo de los términos “bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado“ (del anterior y derogado artículo 278 ), por la frase “bienes provenientes de un ilícito penal “ (actual artículo 303). Ahora, el delito de lavado pasa a ser un delito autónomo. Antes el lavador solo podía ser encubridor del delito anterior, y por ende no participaba de aquel. Ahora el lavador puede ser también el propio sujeto que cometió el delito precedente. O sea, quien comete un delito puede quedar inmerso en una doble persecución penal, ya sea por la comisión de ese delito como por la comisión posterior del delito de lavado.

Debemos entender que cualquier actividad ilícita (inclusive la proveniente de la evasión tributaria) puede ser considerada como origen ilícito de los fondos lavados.

La nueva ley 26683 sustituye el artículo 6 de la anterior ley 25246, en el que establece en forma enunciativa cuáles son los delitos que debe prevenir la Unidad de Información Financiera (UIF), entre los que se destacan los previstos en la ley 26479 (Ley Penal Tributaria). De todas formas, tanto en el antiguo artículo 278 como en el actual artículo 303 del Código Penal, está incluido, genéricamente, el delito de evasión como delito precedente necesario para que se dé la tipicidad del delito de lavado de dinero.

Por supuesto que los fiscales acusadores deberán necesariamente probar que los bienes provenientes del ilícito penal puestos en circulación en el mercado formal, adquieran la apariencia de un origen lícito, para poder ser reprimido como delito de lavado de activos.

Ejemplos. Si se efectúan ventas marginales (en negro) o se registran gastos inexistentes, el contribuyente podrá ser denunciado por el delito de evasión previsto en la ley penal tributaria conforme al “origen ilícito de los fondos". Pero además, si con esos fondos se adquiriesen bienes simulando un origen lícito (ejemplo: inmuebles escriturados por menor valor o a nombre de terceros) también podría ser denunciado por el delito de lavado de activos establecidos en la ley 25246 modificada por la ley 26683, “de acuerdo al destino de dichos bienes”. Estas dos denuncias podrían ser efectuadas por la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Así, al considerar la independencia y autonomía del delito de lavado y la posibilidad de sancionar al autor del hecho previo que blanqueó el producto del delito en el que intervino, existiría un concurso real de tipos, que en simples términos significaría el juzgamiento de dos delitos diferentes, con la alta probabilidad de que la condena sea de cumplimiento efectivo.

El lavado no es una conducta alternativa a la principal como en el caso del encubrimiento. Es otro delito en el que se debe probar la procedencia espuria de los bienes, como así también la exteriorización de los mismos simulando licitud en su origen.

(*) Contador público y abogado

Hugo Gargarella

Gabriela Soso,
DNI. 21.579.161

Alfredo Coniglio

Amanda Paccotti

Carlos A. Solero

Silvina Simoniello

Rubén Mario Baremberg,
DNI. 6.012.531

Madres de Plaza 25 de Mayo
Elsa Massa,
LC. 1.045.275