Opinión
Jueves 01 de Septiembre de 2016

Rosario espera respuestas a su reclamo de seguridad

Claves. El gobierno nacional parece querer morigerar su anuncio original respecto de la llegada de 3.000 gendarmes a la provincia. La Casa Gris apura a la Legislatura. Casi todo parece un "déjà vu" de crisis anteriores.

Otra vez, como en 2014 y 2015 en estas mismas fechas, la política santafesina está atravesada por la misma y excluyente problemática: seguridad. Lejos de cualquier política de Estado, todo gira al calor de la urgencia. Lo que se debió haber resuelto antes no se definió, porque todo pareció quedar en un falso remanso. Y vuelve a posarse, cuando la ola sube.

Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, verbalizó en el informe ante Diputados "la intención de llegar a 3.030 efectivos de las fuerzas federales en toda la provincia de Santa Fe", la situación pasó a transitar por otro eje. Tras la reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el gobernador Miguel Lifschitz y otros funcionarios de las dos gestiones, parecieron cambiar determinados ejes. Por ejemplo, aquel anuncio de Peña respecto del desembarco masivo de agentes.

"No vamos a hacer más desembarcos de gendarmes para llevar adelante lo que en la jerga se conoce como «patrullaje bobo». Queremos trabajar con objetivos concretos, importantes, golpear donde duela. Para eso se necesitan comandos unificados, que la policía santafesina también se involucre", dijo anoche a LaCapital una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Me verás volver. Constituye todo un galimatías esa idea que ahora brota en los funcionarios nacionales y provinciales de hacer creer que bajar gendarmes en cantidad no colabora a la resolución de fondo de los problemas y que lo que se busca es "un plan superador". Los anteriores desembarcos de fuerzas federales les dieron un respiro a los rosarinos, a tal punto que hoy todos los sondeos muestran que Gendarmería es la institución con mejor imagen, casi un oximoron tratándose de Rosario, la única ciudad gobernada por una fuerza "progresista".

Ese cambio de paradigma obliga a los gobiernos provincial y municipal a despojarse de viejos prejuicios respecto de la seguridad —que no es de derecha ni de izquierda, es seguridad— y a demostrar que, efectivamente, se ingresó en una zona de clivaje.

Un ejemplo empírico de la ausencia de medidas activas mientras la sociedad civil no ejerció una fuerte presión sobre las políticas del área, hasta la contundente marcha de la semana pasada, quedó reflejado en el resultado de los controles que la Municipalidad decidió implementar en la vía pública.

En los operativos conjuntos de inspectores municipales y fuerzas policiales provinciales se realizaron 1.259 controles, que derivaron en la remisión de 184 motos y 128 autos. ¿Por qué no se implementaron esas medidas anteriormente? ¿Hacía falta esperar una movilización de más de 20 mil rosarinos?

Esa misma realidad se observa al leer los pedidos del gobierno para que la Legislatura le otorgue urgente tratamiento a un listado de proyectos que tienen estado parlamentario en el Senado y en Diputados.

Este diario accedió a la nómina de iniciativas que las dos Cámaras deberían aprobar en lo inmediato. A saber: modificaciones propuestas al Código Procesal Penal (más facultades a los fiscales, obligación de la policía de detener a los imputados en delitos en flagrancia y endurecimiento de la prisión preventiva). Designación subsidiaria de fiscales y defensores. Reforma a la ley de personal policial (acelera el procedimiento para sanciones disciplinarias, dándole importancia cuando los hechos investigados hayan sido de gran impacto social).

Están en la Cámara de Diputados esperando salir a la luz la ley de decomiso y administración de bienes, la puesta en marcha del sistema de faltas del Código Contravencional, hoy tachado de inconstitucional. Ese punto es clave para prevenir delitos abordar temáticas relativas al entorno de los estadios de fútbol, pintadas, disturbios en las calles, ocupaciones de espacios públicos, entre otros. Del listado aparecen otros proyectos de relevancia como la ampliación de la cantidad de fiscales y la ley de subrogancia.

Si se traza una mirada retrospectiva se comprobará que ese mismo paquete de proyectos estaba en danza cuando ocurrieron momentos críticos para la seguridad, en 2014 y 2015. Es de esperar que sí o sí sean aprobados en el aquí y ahora y no queden durmiendo en los escritorios a la espera una nueva oportunidad.

Sin demoras. La impasse a la espera de humo blanco entre el gobierno provincial y la Casa Rosada está también cargada de aditamentos políticos. En Balcarce 50 saben que hasta aquí el Ejecutivo santafesino carga con un costo político elevadísimo y no quiere compartir esa mochila en el futuro inmediato. Por eso, demora la decisión de enviar gendarmes hasta no tener "bien afinado qué tipo de responsabilidad va a tener cada fuerza en un comando único", como reveló anoche un vocero nacional, que pidió reserva de fuente.

En la Casa Gris no comparten la teoría del "patrullaje bobo" que esgrime la Nación a la hora de evitar la llegada a Rosario de un par de miles de gendarmes. Creen que el gobierno nacional está complicado en la provincia de Buenos Aires —donde en los últimos días aumentó el número de efectivos— y, por eso, plantean opciones de máxima para que el gobierno santafesino no lo acepte.

"Estamos de acuerdo en coordinar un trabajo conjunto, pero no nos muestran todas las cartas. En ningún momento la ministra Bullrich dijo cuántos gendarmes vendrían y cómo pretenden que sean las acciones", refieren por lo bajo en Santa Fe, también con pedido de anonimato, luego de que pidieran desde la Nación "no comunicar antes de tiempo con los periodistas".

Para evitar la rebelión de los mansos, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. La pelota está en el campo de los dos gobiernos.

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