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Jueves 16 de Junio de 2016

Roldán se presentó en la Justicia para frenar el tarifazo del gas

Entre otros argumentos, menciona la falta de audiencias públicas, el impacto económico y el posible daño a la salud.

El intendente Roldán, José María Pedretti, interpuso ayer una demanda de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Rosario a fin de frenar el aumento de las tarifas de gas dispuesto a partir del 1º de abril. La acción va dirigida contra el Estado nacional (Ministerio de Energía y Minería), el Enargás y la empresa Litoral Gas S.A. La intención es que la Justicia Federal ordene retrotraer las tarifas a los valores vigentes antes de aquella fecha, y que tal rebaja beneficie a todos los usuarios domiciliarios y no domiciliarios del municipio, por lo que el pedido abarca a viviendas particulares, comercios, industrias, clubes y demás entidades civiles. La demanda recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, a cargo de Héctor Zucchi.

Tal cual lo afirmó a LaCapital el mismo Pedretti, se trata de la primera presentación de esta naturaleza en la provincia realizada por un municipio, más allá de la interpuesta por la Multisectorial Rosario, que Venado Tuerto está evaluando una acción similar, y que municipalidades de otras provincias, como Avellaneda y La Matanza en Buenos Aires, o Bariloche en Río Negro, ya las hicieron.

Audiencia pública. En la extensa demanda se hace referencia al impacto que las alzas de las tarifas de gas han tenido en los presupuestos familiares, así como en los perjuicios causados en la actividad comercial e industrial y en la afectación de la actividad de clubes y otras entidades de bien común de la ciudad. La presentación incluye una medida cautelar a fin de obtener la inmediata suspensión de los aumentos dispuestos recientemente por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

La presentación judicial incluye el pedido a la Justicia de la convocatoria a una audiencia pública a nivel nacional con el objetivo de que, en ese marco —que impone obligatoriamente la ley que regula la actividad— se pueda debatir públicamente el nuevo cuadro tarifario del servicio "en un marco plural y en el cual todas las partes interesadas estén en condiciones de exponer sus distintas situaciones". Justamente, la omisión de la previa convocatoria a dicha audiencia es uno de los argumentos para solicitar judicialmente la anulación del nuevo cuadro tarifario.

Sin ninguna gradualidad. En el escrito presentado se resalta no sólo lo elevado de las subas de tarifas dispuestas por la resolución Nº 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería nacional (aun luego del tope impuesto a dichos aumentos por la posterior resolución Nº 99/2016, que fijó techos del 400 por ciento para las tarifas residenciales y del 500 por ciento para industrias y comercio), sino además de que los reajustes fueron implementados sin ningún tipo de gradualidad.

El escrito agrega que se pretende así "proteger no sólo los intereses económicos de los usuarios del servicio, sino —fundamentalmente— su derecho a la salud e incluso a la vida (al menos a una vida digna), los cuales quedan jaqueados ante la fijación de unas tarifas de gas que, a todas luces, resultan injustas e irrazonables, máxime al inicio de un crudo período invernal".

Los unos y los otros. En cuanto a la industria y a los servicios en particular, el pedido hace hincapié en que "más allá del alto impacto en los costos de producción que tendrán las recientes subas en las tarifas luz y en las de gas, otro dato no menor es que en las instalaciones fabriles, de servicios y comerciales el calefaccionamiento requiere del uso creciente de gas o de electricidad". Y agrega: "No hablamos ya del consumo de gas y electricidad aplicados a la actividad productiva propiamente dicha, sino de que los obreros y empleados puedan trabajar a una temperatura mínimamente saludable, a resguardo de las inclemencias del clima helado que ya se ha instalado en la región".

En relación a los usuarios domiciliarios de gas, Pedretti plantea que si bien ha sido un argumento recurrente del Gobierno nacional la implementación para los consumidores de bajos recursos de la denominada "tarifa social", advierte no obstante que se han fijado determinados "criterios de exclusión del beneficio". Entre ellos, figura uno que, dice el intendente roldanense, deja fuera de sus alcances a buena parte de las personas que podrían haber accedido a la tarifa subsidiada: la exclusión de los titulares de un automotor cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad. Una situación en la que, apunta Pedretti, se encuentran muchos roldanenses que hubiesen estado en condiciones de obtener la tarifa social.

En la presentación, además, se hace mención a distintas medidas cautelares por las cuales la Justicia ha hecho lugar a los planteos efectuados en varios lugares del país por similar problemática, no obstante tratarse éste del primer recurso de amparo del que se tiene conocimiento en Santa Fe.

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