Policiales
Miércoles 08 de Junio de 2016

Rodenas reveló que el soporte de las imputaciones a Monchi Cantero son "las escuchas telefónicas"

La jueza Alejandra Rodenas, que tiene a su cargo la investigación de las causas en las que está imputado Monchi Cantero, reveló hoy que el líder de la banda Los Monos se negó a declarar y que su indagatoria de hoy fue "como presunto jefe, junto con su hermano Guille Cantero y el fallecido Ariel "Pájaro" Cantero, de una asosiacion ilícita.
Rodenas confirmó que "el soporte de las imputaciones que se le hicieron a (Ramón Ezequiel) Machuca está en las escuchas telefónicas" y explicó que su actuación judicial la está llevando a cabo "con la instrucción que en su momento realizó el doctor (Juan Carlos) Vienna y la prueba que incorporó al expediente".
"La imputación que le hicimos tiene una expectativa de pena de cinco a diez años de prisión", con la magistrada hoy en una reunión de prensa que se llevó a cabo en los tribunales provinciales, y detalló que se le imputaron también los delitos de atentado a la autoridad agravado, amenazas coactivas agravadas, tenencia de arma de guerra y tres encubrimientos agravados.
"Machuca permaneció prófugo casi tres años, este carácter de prófugo también hace a los elementos que vamos a tener en cuenta porque la defensa todavía no planteó ninguna cuestión sobre su libertad, pero sí el fiscal presentó el pedido de prisión preventiva", confirmó Rodenas, en relación con la situación judicial del detenido.
"Hay que recordar que esta causa ya ha tenido el procesamiento de varias personas, incluso algunos han ido a juicio abreviado y ya han obtenido condena, y y otros a los que se les ha caído el juicio abreviado", indicó la jueza, quien confirmó que el abogado de Machuca, Fausto Yrure, hizo un pedido de cambio de lugar de detención de su defendido dentro de la misma cárcel de Piñero.
No obstante, Rodenas aclaró que "los jueces no disponen ni deciden acercad de los lugares ni de las pertinencias de los traslados ni de los lugares de las detenciones", y señaló: "Sí somos garantes, como lo establece la Constitución, en cuanto a la dignidad de las condiciones de detención".

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