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Lunes 06 de Febrero de 2012

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Las aclaraciones de funcionarios entrerrianos sobre las intenciones del gobierno para explotar las islas fiscales no responden a los cuestionamientos que en nombre de la ecología y en contra de los desmanejos hace la ciudananía...

Las aclaraciones de funcionarios entrerrianos sobre las intenciones del gobierno para explotar las islas fiscales no responden a los cuestionamientos que en nombre de la ecología y en contra de los desmanejos hace la ciudananía, organizaciones, el gobierno santafesino y la propia oposición entrerriana.

No fue el gobernador, ni referentes del área de la Producción, ni legisladores que levantaron la mano a favor del proyecto los primeros que rebatieron las críticas sino el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báe, quien se apuró en aclarar que (todavía) "no hay ninguna explotación agrícola en las islas y no hay ningún programa de ese tipo en curso". El planteo no es si ya se implementó: lo que se cuestionan son los términos de una ley con un texto ligero, acaso muy amplio, dudoso, "apurado".

Aquí lo que preocupa es la protección del humedal como patrimonio ambiental. Y se presenta al arroz como un cultivo inofensivo, sin contar la posibilidad de que, por la misma amplitud de la ley, se permita otro tipo de sembrado o actividad.

Por otra parte, se destaca la "política de recuperación de la soberanía provincial", en alusión a la cruzada de la Fiscalía de Estado por recobrar lotes apropiados ilegalmente y justificando que se evitarán usurpaciones si se los vuelve productivos. Al respecto, Báez declaró que últimamente hubo un reintegro al Estado entrerriano de "190 mil hectáreas que estaban en manos de intrusos o poseedores ilegítimos". Esa cifra, en realidad, corresponde a las hectáreas que el gobierno arrendó de 2006 a 2009 a través de la ley 9.603. Las tierras apropiadas indebidamente a lo largo de décadas, y de una extensión incalculable, se encuentran dentro de esas 800 mil que hoy son privadas.


 

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