Policiales
Sábado 22 de Octubre de 2016

Rechazo de las defensas al fallo por la defraudación con inmuebles

Los defensores de algunos implicados en la maniobra criticaron los fundamentos de la jueza Mónica Lamperti para imputar a sus clientes

Apenas conocidos los fundamentos del dictamen de la jueza penal Mónica Lamperti sobre la denominada megacausa por fraude, en relación a la estafa realizada mediante la apropiación de inmuebles con documentación fraguada y su reinserción en el mercado inmobiliario, los abogados de la mayoría de los implicados a los que la magistrada les dictó prisión preventiva salieron a manifestar su oposición al fallo y adelantar que apelarán el mismo.

   En ese marco los abogados Carlos Hugo Varela y Adrián Martínez dijeron que "la resolución carece de razonabilidad por cuanto no desvirtúa lo propuesto por las defensas y ha concedido sorpresivamente verosimilitud a la acusación cuando no existen evidencias que avalen la misma". Los profesionales defienden al contador Marcelo Basilio Jaef, acusado de "uso de instrumento público ideológicamente falso en carácter de autor, en concurso ideal con tentativa de estafa en carácter de coautor, en concurso real con falsificación ideológica de instrumento público en carácter de coautor, en concurso real con lavado de activos en carácter de coautor y en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautor"; y a Leandro David Pérez, imputado de "lavado de activos en carácter de coautor y en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautor".

   Varela explicó que "la decisión de la jueza es algo sacado con forceps, a tal punto que en los fallos citados como análogos cita un homicidio calificado (penado con prisión perpetua) y un robo calificado (con un mínimo de 5 años de prisión), mientras que nuestros asistidos carecen de antecedentes penales, tienen medios lícitos de vida y están acusados de delitos cuya pena mínima permite la ejecución condicional".

   Respecto del contador Jaef, expresaron que "se presentó voluntariamente sabiendo de las medidas ordenadas en su contra"; y aseguraron que "apelaremos el fallo además de analizar, tal cual nos lo pidieron nuestros clientes, si lo actuado por la magistrada se encuadra dentro de la ley ya que sólo cuestiones ajenas a la aplicación del derecho, permiten una resolución de este calibre".


Sorprendente. A su turno Ignacio Carbone, abogado de Jonatan Javier Zárate, imputado de "falsificación ideológica de instrumento público en concurso ideal con uso de instrumento falso ideológicamente en concurso ideal con estafa (dos hechos en concurso real) en carácter de coautor, y en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautor", dijo a La Capital que "la resolución es sorprendente ya que hace un análisis parcial de la situación dándole la razón a los planteos de la Fiscalía y sin brindar sustento a los motivos por los cuales dicta las prisiones preventivas de mi cliente y los demás involucrados".

   El letrado dijo que la magistrada "no analizó ningún elemento como para endilgarle a los imputados la conformación de una asociación ilícita, lo que es totalmente criticable, aunque sí lo hizo con los elementos de la investigación ligados a las supuestas estafas".

   Asimismo, Carbone dijo que "hay una incorrecta valoración de la presunta pena que recibirían los imputados, ya que son personas sin antecedentes y toda la jurisprudencia habilita a que, en el caso de que se los halle culpables, tengan una pena de ejecución condicional. Sin embargo la doctora Lamperti sostiene que son varios los casos en los que han participado y que por ello la pena podría ser de cumplimiento efectivo, lo que puede leerse como un prejuzgamiento". Y afirmó que apelará el dictamen.

Sin fundamentos. El abogado Marcelo Piercecchi junto a su par Fernando Mellado representan al escribano Eduardo Martín Torres, a quien la jueza Lamperti le imputó "falsificación ideológica de instrumento público en concurso ideal con uso de documento público destinado para acreditar la identidad de las personas falso en carácter de coautor (cinco hechos), en concurso real con uso de documento público materialmente falso en carácter de autor, en concurso real con falsificación ideológica de documento público en carácter de coautor (tres hechos), en concurso real con uso de documento ideológicamente falso en carácter de autor en concurso ideal con estafa en carácter de coautor (tres hechos), en concurso real con tentativa de estafa en carácter de partícipe necesario, en concurso real con estafa en carácter de participe necesario y en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautor" y le dictó 60 días de prisión.

   Sobre los fundamentos del fallo Piercecchi dijo que "la jueza no ha logrado fundamentar en forma clara y precisa el por qué asiste razón al fiscal en cuanto a la existencia de una asociación ilícita entre las personas acusadas, e incluso la resolución se equivoca al decir que en caso de libertad o morigeración de la prisión preventiva de mi cliente existiría riesgo procesal o entorpecimiento probatorio ya que el escribano Torres está radicado en la ciudad, con familia numerosa, con actividad profesional desde hace muchos años siendo imposible que no se someta a la Justicia en caso de permanecer en libertad".

   Asimismo, el abogado expresó que discrepa "en el sentido que la pena a imponer en caso de condena sea de magnitud, como dice la resolución, ni que la pena sea de efectivo cumplimiento ya que claramente la misma podría quedar en suspenso como lo establece el Código Penal".

Muchos errores. Finalmente el abogado Jorge Bedouret, quien representa al sindicalista Maximiliano Rodrigo González de Gaetano, dijo que a su entender "la jueza comete errores imperdonables en el ejercicio de su jurisdicción aplicando criterios contrarios a la ley vigente, sin respetar los principios del contradictorio y de la oralidad". En ese sentido, dijo que "además de no resolver expresamente sobre las calificaciones provisorias, afirmando que sólo hay que atender a los hechos (invocando una jurisprudencia inexistente), aplica criterios diversos para situaciones idénticas".

   De Gaetano recibió 60 días de prisión preventiva por "falsificación ideológica de instrumento público en carácter de coautor en concurso ideal con estafa en carácter de coautor en concurso real con lavado de activos en carácter de coautor y en concurso real con asociación ilícita en carácter de coautor". Sobre esto Bedouret explicó que su cliente "no representa ninguna peligrosidad procesal ya que hizo una presentación espontánea que ni siquiera fue mencionada ni valorada por la jueza, que ordenó distintos plazos de prisión preventiva sin explicar los fundamentos de esas diferencias".

   El profesional, que actúa junto a su par Sharon Juanto, dijo que "las defensas no han podido valorar la pena en expectativa considerando la falta de control a las calificaciones legales por omisión de la magistrada, extremo que impide el adecuado ejercicio de defensa material y técnica de arraigo constitucional". Y agregó que hay "falta de fundamentación (o fundamentación aparente), calificaciones provisorias no controladas, inclinación permanente a favorecer a la Fiscalía e inexistencia de evidencias concretas que colocan al fallo en una situación de nulidad y, por ello, de necesaria revocación".

   Bedouret consideró que "la pretendida influencia política a la que también recurre la Fiscalía integra su aspecto negativo con la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la sagrada administración de justicia. Y así pretenden convertir una supuesta estafa en delitos de una falsa magnitud que justifiquen el calificativo de megacausa ".


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