Dilma Rousseff fue destituida ayer de la presidencia de Brasil y en breve saldrá de la residencia oficial para encarar un nuevo capítulo de su historia. ¿Y cómo queda Brasil? Michel Temer, ex vicepresidente de Rousseff y ahora su enemigo acérrimo, asumió un país azotado por una recesión galopante, un creciente desempleo (más de 11 millones de personas) y un masivo escándalo de corrupción que pone en aprietos a toda su clase política, tanto de izquierda como de derecha. Temer completará el mandato hasta 2018. ¿Cuales serán sus principales desafíos? ¿Y cómo queda la izquierda que comenzó a gobernar en 2003 con Lula? ¿Cuál es el próximo paso en la carrera de Rousseff? Un mar de preguntas rodea la principal economía de América latina.
¿Qué será de Rousseff? Después de perder la banda presidencial, Rousseff tendrá que entregar las llaves del Palacio de Alvorada, la residencia presidencial donde estuvo prácticamente desterrada cuando fue suspendida en mayo. Está previsto que abandone Brasilia en las próximas horas y parta rumbo a Porto Alegre (sur), donde reside su hija y nietos. Dilma, no obstante, se salvó de una inhabilitación de ocho años, que ella misma había decretado como "una pena de muerte política". Después de un aplastante marcador de 61 a 20 para destituirla, el Senado no consiguió los votos para quitarle el derecho de ejercer cargos públicos.
De esta forma, Rousseff puede ejercer y presentarse incluso a cargos de elección popular, aunque no puede presentarse en las elecciones presidenciales de 2018, ya que fue elegida en las últimos comicios en dos veces consecutivas.
Presidir sin el aval de las urnas. Temer insiste en que es la Constitución la que le da legitimidad, pero carga en los hombros el peso de no haber sido elegido para este cargo. De hecho, encuestas mostraron que este abogado constitucionalista tiene bajísimos niveles de intención de voto si concurriera a unas elecciones. Temer aseguró hasta ahora que no se presentará en las elecciones de 2018. Tampoco escapa a las revelaciones de los masivos escándalos de corrupción. Temer también enfrenta una investigación del Tribunal Superior Electoral sobre presunta financiación ilegal durante la campaña que alcanza a la fórmula que integró con Rousseff. De ser hallados culpables, la victoria de 2014 sería anulada y habría que escoger un nuevo presidente. Si pasara este año, el presidente de la Cámara baja asume el poder y convoca a elecciones. Si ocurre en los últimos dos años de mandato, es el Congreso que deberá escoger al presidente de forma indirecta.
¿Cambia la línea de gobierno? Ya lo hizo. Desde que asumió la presidencia interina, Temer, un astuto negociador político en las sombras, armó un gobierno pensando que Dilma sería destituida. Su gabinete no tiene mujeres y está conformado por hombres blancos y conservadores. Pero tiene el aval del mercado y más importante, del Congreso. El foco de su gobierno será la economía y Temer dijo que no le temblará el pulso para aprobar medidas impopulares, como nuevos impuestos.
¿Y cómo queda la izquierda? La llegada de Temer al poder supone el fin de 13 años de gobiernos de izquierda en Brasil, que comenzaron con Lula en 2003. Lula y Rousseff cambiaron la imagen de la vieja izquierda latinoamericana, combinando políticas ortodoxas y amigables con el mercado con programas sociales revolucionarios, que sacaron a millones de la pobreza e impulsaron una clase media de consumo. Pero la crisis echó todo abajo y en medio del desempleo, la inflación y los altos intereses, creció el descontento y el rechazo al gobierno, con gigantescas manifestaciones que pedían la caída de la primera presidenta de Brasil. Algunas protestas contra Temer han sido convocadas, pero están lejos de ser masivas. La imagen del PT de Rousseff y Lula, así como el PMDB de Temer, se vieron igualmente afectadas por el megafraude a Petrobras. La izquierda pasa ahora a la oposición, donde ya ha sido feroz y hará de todo para volver al poder en 2018 con Lula, si no cae antes en manos de la Justicia, que lo investiga por corrupción y lo inculpó por obstrucción judicial.
Javier Tovar / AFP