Opinión
Martes 20 de Septiembre de 2016

Propuestas para una ley de educación

Debate. Los maestros y profesores que sostienen día a día la escuela pública quieren ser auténticos protagonistas en la construcción de una nueva perspectiva para la educación santafesina.

El mes pasado publicamos un texto en estas mismas columnas en donde valorábamos el debate por una ley provincial de educación, hacíamos un diagnóstico crítico de la situación educativa y terminábamos reclamando que "como maestros y profesores que sostenemos día a día la escuela pública, queremos ser auténticos protagonistas en la construcción de una nueva perspectiva para la escuela pública santafesina."

Hasta ahora han tomado la delantera los legisladores -ya hay cuatro proyectos ingresados en la Cámara de Diputados- y el Ministerio de Educación que ha convocado a algunos foros regionales (en las ciudades de Rafaela, Cañada de Gómez y Tostado) adonde ha llevado su propuesta general.

En nuestro caso —recogiendo algunas discusiones colectivas- elegimos en esta ocasión entrar al debate a través de tres preguntas, tres temas que son sin duda polémicos y a la vez centrales en la construcción de un nuevo proyecto educativo para Santa Fe.

¿Quién gobierna la educación? No aparece como un aspecto en discusión y sin embargo creemos que es central. No tenemos pretensión de novedad; como vamos a ver el tema viene por lo menos del siglo XIX. Nosotros partimos de considerar que se debe modificar el esquema según el cual el Poder Ejecutivo a través del ministerio correspondiente tiene el monopolio absoluto del gobierno de la educación. Ya la ley fundacional de la educación en la Argentina, la 1.420, establecía el funcionamiento de un Consejo Nacional de Educación para la "dirección y administración de las escuelas públicas". Actualmente, en varias jurisdicciones existe un Consejo Provincial de Educación que es el que gobierna el sistema educativo de esas provincias, con diversos métodos de elección de sus miembros y de relación con el Poder Ejecutivo. Algunos de los proyectos presentados recogen este tema y proponen la creación de Consejos, pero le otorgan un poder muy limitado, en general con carácter consultivo o asesor. Proponemos en cambio la creación de un Consejo cuyos miembros representen a los distintos sectores involucrados (docentes, comunidad educativa, etc.) y que tenga el gobierno efectivo de la educación.

Se trata de asumir la necesidad de un cambio, de democratizar a fondo el sistema y de pensar mecanismos que apuesten a su efectivo autogobierno. Aspiramos a recoger nuestras mejores tradiciones educativas, la de la Ley 1420, la de la Reforma Universitaria de 1918 y su continuidad en planteos como el de la Convención Internacional de Maestros que en 1928 agrupó en Buenos Aires a los mejor de la intelectualidad educativa de toda la región y entre sus conclusiones propuso "el gobierno democrático de la educación por padres, maestros y profesores elegidos libremente por estos" así como "la autonomía económica, administrativa y técnica de los consejos escolares." Algunas décadas después, en su histórico congreso fundacional de Huerta Grande, la Ctera definirá en el punto 5º de su declaración de principios que "el docente debe participar efectivamente en el gobierno, planeamiento y política de la educación a través de su organización gremial".

¿Qué presupuesto educativo? Garantizar el derecho a la educación de todos los santafesinos significa un esfuerzo presupuestario muy importante. En la actualidad, Educación es el área que cuenta con mayores fondos llevándose alrededor de un tercio de los recursos totales del Estado provincial. Sin embargo, cualquier observador serio del sistema educativo reconocerá la insuficiencia de los fondos asignados. Insuficiencia que se expresa en bajos salarios, falta de inversión en infraestructura (construcción y mantenimiento de escuelas), faltante de cargos, de material didáctico, etcétera. Los proyectos de ley presentados y el "decálogo de derechos" que propone el ministerio implican la necesidad de un aumento muy importante de los fondos destinados a las escuelas. Algunos proyectos plantean un crecimiento presupuestario pero que creemos que siguen estando muy lejos de las necesidades.

Consideramos indispensable establecer algunos cambios estructurales si de veras queremos que los derechos enunciados en la futura ley no sean mera letra muerta y efectivamente lleguen a cada ciudadano santafesino. Junto con acordar con que se eleve la proporción de los fondos destinados a educación, proponemos sumar otras tres líneas de trabajo:

a) Cambiar la matriz impositiva provincial aumentando los aportes de los sectores más favorecidos de la economía (inmobiliario rural, de barrios privados y de departamentos desocupados, tributos a las grandes cerealeras, etcétera)

b) Acabar con el subsidio a la educación privada que hoy se lleva más de un 25 por ciento del gasto educativo total.

c) Comprometer al Estado nacional a que eleve en forma sustancial su compromiso con sostener la educación en cada una de las provincias.

La educación privada. Entramos acá en un debate difícil por los intereses que están en juego. Un debate que es presupuestario (por la importante carga que señalábamos representa para el Estado provincial los subsidios a este sistema) pero que es también político e ideológico. Los distintos proyectos presentados se enmarcan en la ley nacional de educación Nº26.206 y en este punto incluso vuelven a escribir el artículo 10º que establece que "el Estado nacional no suscribirá tratados (ELLIPSIS_CHARACTER) que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública". Pero la realidad es que en estos 10 años transcurridos desde la sanción de la ley, la educación privada y la mercantilización de la educación no han parado de crecer. Desde el nivel inicial hasta la educación universitaria, año a año florecen nuevas entidades privadas que venden el servicio educativo a quien pueda pagarlo y sacan importantes ganancias. Y muchas veces con subsidios del Estado. Pero queremos ir al fondo de la discusión. Creemos necesario retomar el debate que se dio en nuestro país a finales de los años 50 entre "educación libre o laica". No acordamos con que la educación siga colaborando con la desigualdad social y la escuela privada es un abono permanente en ese camino. Creemos que la ley debe establecer un sistema educativo estatal único, laico y gratuito.

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