Policiales
Domingo 29 de Mayo de 2016

Prisión preventiva por tener armas que iban a ser incineradas

La medida fue dictada por el juez de Investigación Penal Preparatoria Jorge Patrizi en una audiencia celebrada el viernes en la capital provincial.

Un joven de 29 años identificado como Alexis Javier R. quedó detenido con prisión preventiva en el marco de la investigación que encabeza el fiscal santafesino Andrés Marchi para determinar qué ocurrió con las pistolas calibre 9 milímetros que debían ser destruidas y "se perdieron" en el camino desde la sala de efectos de la Corte de Justicia provincial a la empresa en la que fueron incineradas. La medida fue dictada por el juez de Investigación Penal Preparatoria Jorge Patrizi en una audiencia celebrada el viernes en la capital provincial.

El magistrado entendió que "la Fiscalía logró acreditar la autoría de Alexis R. en tres delitos. Provisión ilegal de armas de fuego como actividad habitual; tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de guerra; y encubrimiento, ya que el imputado tenía partes de distintas armas de fuego y un arma de fuego en condiciones de aptitud para el disparo. Tanto la numeración de las partes como la de esa pistola se corresponde con las 9 milímetros que debían haber sido destruidas de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad, destrucción que no se concretó".

Marchi recordó que la imputación de Alexis R. fue realizada el miércoles ante el juez Patrizi e indicó que el joven fue detenido en la vía pública de la capital provincial con distintas partes de pistolas 9 milímetros en su poder cuya numeración se corresponde con el listado de armas que debían ser destruidas. Asimismo, en un allanamiento en el domicilio del detenido, se secuestraron 15 armas de distinto tipo y calibre, una empuñadura de pistola 9 milímetros, mil cartuchos de distintos calibres, 400 vainas servidas, pesos y dólares.

Historia reciente. El pasado 12 de mayo, al menos 15 armas de fuego de la policía provincial que deberían haber sido destruidas a fines del año pasado en Santa Fe aparecieron en manos de delincuentes apresados en diversos procedimientos. Eso originó la apertura de una investigación para establecer cómo fue que las armas no llegaron a la fundición, en qué momento y de dónde fueron sustraídas para volverlas a la calle.

Entonces, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro aseguró que su repartición puede tener "responsabilidades políticas", pero advirtió que "habían sido entregadas a la Corte Suprema para ser destruidas", por lo tanto su desaparición es responsabilidad de ese cuerpo.

Las armas que reaparecieron pertenecían a un lote de 715 que la policía decidió destruir por estar obsoletas o no aptas para ser utilizadas por el personal y que ya habían sido reemplazadas. Como las armas no pueden destruirse sin autorización de la Justicia, el 3 de noviembre el Ministerio de Seguridad formalizó un convenio con la Corte provincial para que fueran fundidas.

El material se acumuló en el Departamento de Logística (D4) de la Unidad Regional I y desde allí fue trasladado bajo supervisión de la Subsecretaría de Control de Armas a la sala de efectos de la Corte Suprema. Después, personal del Grupo Guardia de Infantería se encargó de trasladar el lote de armas hasta la fundición para que fueran ingresadas al horno. Tras ello, comenzó a llamar la atención el secuestro en procedimientos policiales de armas que no tenían las cachas de plástico o de madera que revisten la empuñadura, justamente las partes que se quitan antes de ser enviadas a un horno para su destrucción. Y en el marco de la pesquisa que llevó adelante la Fiscalía santafesina, fue apresado el joven ahora imputado.

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