Jubilados
Domingo 17 de Julio de 2016

"¿Por qué una provincia tan rica como Santa Fe pidió 500 millones de dólares a EEUU?"

De acuerdo al Instituto Provincial de Estadística y Censos, "el primer trimestre del año muestra signos de crecimiento en la economía provincial (+ 6,5%) impulsado por un muy positivo desempeño del complejo oleaginoso".

¿Por qué una provincia rica como Santa Fe tiene que pedir 500 millones de dólares con las condiciones que impone los bancos de Estados Unidos que, además, obligan a resignar la soberanía en caso de litigio? Datos oficiales y privados revelan que es necesario cuestionar el rol de la política sobre los números santafesinos de cara al segundo semestre que ya comenzó.

De acuerdo al Instituto Provincial de Estadística y Censos, "el primer trimestre del año muestra signos de crecimiento en la economía provincial (+ 6,5%) impulsado por un muy positivo desempeño del complejo oleaginoso".

Según los balances de las principales cien empresas que más venden en Argentina, desde el segundo semestre de 2015 hasta los primeros meses de 2016, difundidos por la revista "Mercado", ocho compañías asentadas en Santa Fe vendieron casi 93 mil millones de pesos más que la totalidad del presupuesto votado para 2016 que debe atender las necesidades de casi 3,5 millones de santafesinos.

Ninguna de ellas paga ingresos brutos por las ventas al exterior.

Parece mentira que este año en el que se cumplen 150 años de la discusión realizada en el Cabildo de Santa Fe sobre los derechos provinciales en materia de exportaciones todavía no se quiera rever esta decisión tomada en el pacto fiscal de 1991 que le priva al Estado provincial de fondos que bien podrían mitigar cualquier crisis energética derivada de decisiones políticas y trasladadas mecánicamente al pueblo o "gambetear" el negocio de la usura internacional.

Cargill vendió por 35 mil millones de pesos; Aceitera General Deheza, 32.800 millones; ACA, 27.764 millones; Vicentín, 27.100 millones; Molinos Río de la Plata, 25.640 millones; Louis Dreyfus, 22.161 millones; Bunge, 20.331 millones y Noble, 9 mil millones; un total de 199.796 millones de pesos. El presupuesto 2016 es de $106 mil millones.

¿Por qué no debatir la extinción de aquel pacto fiscal de 1991 ante el daño real que le produjo a la provincia la no remisión, durante años, de las partidas de coparticipación?

Otro dato que genera más preguntas políticas. El Ipec informó el monto del Producto Bruto Geográfico de la provincia: $429.930 millones. Es decir que el presupuesto para un año de funcionamiento es apenas la cuarta parte de lo que se produce durante doce meses. ¿Está bien que así sea? ¿Por qué el gobierno envía un presupuesto que queda tan petiso ante la altura de lo que producen los santafesinos?

El mismo informe asegura que cada una de las personas en la provincia tiene un ingreso per cápita anual de $126.542, es decir, $10.545 por mes. Pero este es, según esta curiosa fórmula matemática, lo que reciben desde los niños de pocos meses hasta los ya jubilados. Cuando debería tomarse como base la cifra de los que componen la población económicamente activa, los que tienen entre 15 y 65 años de edad. Si así fuera, el ingreso promedio sería de $17.289 por trabajador, ya sea en blanco, gris o en negro. Y si se considera que únicamente los ocupados reciben ingresos, el promedio mensual sería de más de 27 mil pesos. Casi tres veces más que el número oficial. Sea como sea, en el trono de la vida cotidiana la noble igualdad pierde por goleada.

Estos números del PBG marcan que el ingreso de los que trabajan en la provincia debería ser mucho más alto que el actual y que el presupuesto también tendría que aumentarse para atender las necesidades de la población santafesina.

Ante la necesidad de una reforma constitucional, educacional y judicial, es fundamental impulsar una profunda reforma impositiva en la que paguen más los que más tienen para no caer en el lugar común de cargar la mochila a las mayorías ya sea con créditos externos o tarifas energéticas.

Un verdadero programa progresista no puede resignarse a las imposiciones de la usura internacional sin, por lo menos, intentar un cambio en el código fiscal.

Es una cuestión no solamente matemática sino también de mínima valentía política.

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