Narcotráfico
Sábado 22 de Octubre de 2016

Por qué quedaron presos nueve de los acusados por una estafa inmobiliaria

Se conocieron los fundamentos del dictamen de la jueza Mónica Lamperti, que avaló las figuras delictivas planteadas por la Fiscalía.

La jueza Mónica Lamperti dio a conocer ayer los motivos por los cuales dictó la prisión preventiva a nueve de los once acusados en la causa por fraude inmobiliario y lavado de activos. En un escrito de 24 páginas planteó que en el caso se reúnen todos los requisitos para mantener a esas personas detenidas hasta el juicio. Consideró que la Fiscalía de Delitos Complejos que llevó adelante la investigación aportó "información de calidad" que demuestra la "supuesta intervención" de los implicados y respaldó las figuras delictivas que les imputaron. A esto se suma, según la jueza, una expectativa de pena efectiva y el riesgo de que, en caso de estar en libertad, los imputados intenten entorpecer la pesquisa u ocultar prueba que debe preservarse hasta el debate oral y público. El dictamen fue criticado por la mayoría de los abogados defensores, quienes entendieron que el mismo es "parcial" y "falto de evidencias", por lo que anunciaron que apelarán el mismo (ver página 36).

Las consideraciones realizadas por la jueza Lamperti surgen luego de la audiencia imputativa que, a lo largo de quince horas, terminó al filo de la medianoche del martes. Entonces dispuso que seis de los imputados por la megaestafa realizada mediante el uso de documentos públicos falsos para apropiarse de inmuebles a espaldas de sus propietarios y reingresarlos en el mercado inmobiliario a nombre de los implicados, queden en prisión preventiva hasta el 12 de diciembre. Ellos son Juan Roberto Aymo, Maximiliano González de Gaetano, Leandro David Pérez, Eduardo Martín Torres, Juan Bautista Aliau y Marcelo Basilio Jaef.

Respecto de Jonatan Javier Zárate y Jorge Luis Oneto, la magistrada ordenó que queden detenidos durante 30 días. En tanto otorgó la prisión domiciliaria a Ramona Isabel Rodríguez porque tiene a su cuidado un hijo menor de 5 años.

La jueza, además, dedicó un párrafo aparte a la situación del escribano Luis María Kurtzemann y al gerente general de este diario, Pablo Marcelo Abdala, a quienes les otorgó la libertad bajo fianza. Les asignó un "rol más acotado en el hecho conforme la evidencia alcanzada" y remarcó "la actitud demostrada en la audiencia, proporcionando las explicaciones pertinentes". Incluso, en el caso de Abdala destacó que el empresario "realizó un verdadero esfuerzo" para colocarse a disposición de la Fiscalía.

Requisitos cumplidos. Sobre el resto de los imputados, la jueza concluyó que se dan los tres requisitos para otorgarles la prisión preventiva. Si bien remarcó más de una vez que sus valoraciones se inscriben en "la provisoriedad propia" del estado inicial de la causa, consideró que la evidencia aportada por la Fiscalía tiene un "nivel suficiente para otorgar apariencia de responsabilidad" y para acreditar "la probable intervención de los imputados en relación a los hechos atribuidos".

El fiscal de Delitos Complejos Sebastián Narvaja les atribuyó a los implicados integrar una asociación ilícita que ejecutaba fraudes reiterados con propiedades de las que se apoderaban ilegítimamente y que inscribían en el Registro de la Propiedad con documentación falsa, para luego darles apariencia de legalidad e introducirlas en el mercado, pasándolas de mano en mano a través de compraventas. Asimismo, planteó que el grupo tenía la capacidad de procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico para aplicarlos a operaciones inmobiliarias.

En ese sentido, la jueza dedicó la primera parte de su fundamentación a repasar uno por uno los seis hechos relatados por la Fiscalía ligados a igual número de inmuebles apropiados por el grupo, enumeró la prueba ofrecida por la Fiscalía e hizo valoraciones puntuales para concluir que "en definitiva, se encuentra suficientemente abastecido" el requisito de la apariencia de responsabilidad. Algo que permite "determinar en esta etapa la intervención de los imputados".

Para Lamperti, los fiscales sustentan su teoría del caso en evidencias que "colocan a los imputados en distintos estamentos de la escena, probabilizando la intervención de cada uno". Sobre la mecánica de los hechos, la jueza dijo que "el Ministerio Público de la Acusación habría demostrado la supuesta intervención de los imputados en maniobras que tendían a despojar de sus bienes a sus propietarios o sus poseedores legítimos".

Consideró que esas maniobras se habrían gestionado "a partir de la confección de falsos mandatos en algunos casos, utilizando documentos de identidad apócrifos obtenidos supuestamente al efecto; en otros con eventual aprovechamiento de titulares fallecidos o ausentes, logrando la transferencia de los inmuebles en su favor".

Figuras discutidas. En un pasaje que alude en forma indirecta a la calificación de asociación ilícita EM_DASHuna figura muy cuestionada por los defensoresEM_DASH evaluó que entre los acusados "habría habido concierto de voluntad y conocimiento del resultado de su accionar, al menos ello surge en este estado de la evidencia recabada por la Fiscalía", a la cual calificó como "información de calidad".

En otro párrafo la magistradahace referencia a la imputación del lavado de activos, figura también criticada duramente por los abogados defensores: "Las evidencias darían cuenta de que las supuestas maniobras habrían pretendido introducir activos provenientes de supuestos fraudes inmobiliarios y conformando, al decir de la Fiscalía, células de actuación integradas por los imputados con aparente permanencia y cohesión, destinadas en principio a llevar adelante inconductas".

La jueza planteó que "las defensas han resistido la pretensión de la Fiscalía con argumentos de calidad que se valoran y respetan". Pero evaluó que hasta el momento "no han logrado refutar" la teoría acusatoria. Por eso avaló las imputaciones y las calificaciones penales provisorias. "Pese a las protestas de las defensas en cuanto a que (el fiscal Narvaja) basó su atribución en meras especulaciones y conjeturas", para ella quedó demostrada la tesis fiscal con "elementos serios" y unívocos.

Acerca de las penas. Tras sopesar las pruebas, el segundo requisito que analizó la jueza es el de la proporcionalidad que exige el Código Procesal Penal. Esto quiere decir que el tiempo en prisión preventiva debe tener relación con la pena en expectativa que tiene el delito imputado.

En este punto dejó sentado que la pena de prisión que podría corresponderles a los acusados en un juicio sería de cumplimiento efectivo, si se tiene en cuenta que a la mayoría les reprochan un concurso de delitos.

Esa pena posible superaría el mínimo de tres años. Y aún cuando se tratase de ese monto, evaluó Lamperti, la regla es que la prisión sea efectiva y sólo corresponde dejarla en suspenso ante determinadas circunstancias. Evaluó además que la eventual pena tendrá relación con "la naturaleza de las acciones desplegadas, el monto involucrado y el daño producido".

Al analizar la peligrosidad procesal de los imputados, es decir el tercer requisito, tuvo en cuenta el "eventual despliegue de influencias", sobre todo de "aquellos con posibilidad de forjar relaciones económicas valiéndose de sus incumbencias profesionales". Esto, para Lamperti, es una circunstancia que lleva a presumir la posibilidad de entorpecimiento probatorio.

En cuanto al riesgo de fuga observó que "no se encuentra neutralizado en los casos de Aymo, Torres, Pérez, Zárate, González de Gaetano, Aliau, Jaef y Oneto atento a la magnitud de la pena en expectativa, no luciendo el lapso que llevan cumpliendo la medida irrazonable ni desproporcionado".

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